La discriminación por origen étnico o racial y las (des)ilusiones de la (des)igualdad

Ismael Cortés es doctor en Estudios Internacionales de Paz y Conflictos. Actualmente es diputado en el Congreso con Unidas Podemos – En Comú Podem

El 12 de octubre, día de la fiesta patria española, se ha convertido en una fecha reivindicativa para el movimiento antirracista. En este artículo me propongo reflexionar sobre la dimensión institucional de la lucha contra la discriminación por origen étnico o racial, en el marco de la Unión Europea.

El pasado mes de septiembre, la Comisión Europea presentó un nuevo plan de acción contra el racismo para los próximos cinco años. Con motivo de su discurso sobre el estado de la Unión, la presidenta Ursula von der Leyen dijo: “El progreso en la lucha contra el racismo y el odio es frágil… Así que ahora es el momento de hacer cambios, para construir una Unión verdaderamente antirracista".

El conocido como “EU Action Plan against Racism 2020-2025” ha sido recibido con entusiasmo por las organizaciones antirracistas, aunque también con precaución. La activista Julie Pascoët, de la Red Europea contra el Racismo con sede en Bruselas, hace hincapié en la necesidad de impulsar un desarrollo legislativo, ya que según ella: "No hay una nueva legislación concreta en este plan de acción”.

A pesar de su falta de concreción jurídica, el nuevo plan abre la puerta a la renovación de la Directiva Europea 2000/43/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. La Comisión se ha comprometido a trazar las líneas maestras de los planes de acción nacionales, sobre los que elaborará un informe de progreso, a través de expertos independientes en cada país, a finales de 2023.

Si bien la lucha contra el racismo requiere una acción decidida en muchos campos, la protección legal es fundamental. Los acontecimientos recientes durante la covid-19, en los que determinados grupos han sido señalados como el chivo expiatorio de la pandemia, ponen de relieve los déficits actuales en materia penal antidiscriminatoria.

En su nuevo plan, la Comisión insta a los estados miembros a hacer uso del litigio estratégico, desde los organismos de igualdad. El litigio estratégico es clave para sensibilizar a la opinión pública y avanzar en la protección de los derechos humanos. En este sentido, el nuevo plan europeo pone de relieve la importancia del derecho penal para luchar contra las manifestaciones más graves de racismo.

Me atrevería a decir que la apuesta más valiente de este nuevo plan europeo es, precisamente, el rol clave que otorga a los instrumentos penales, para garantizar que el discurso de odio y los delitos de odio reciban una respuesta institucional eficaz; y que las víctimas de los delitos sean reconocidas y protegidas. Las expresiones racistas también se producen online, y el nuevo plan europeo se propone obligar a los estados miembros a tipificar como delito la incitación en el espacio digital a la violencia o al odio por motivos de color, religión, ascendencia u origen nacional, racial o étnico.

Ya en 1965, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial conminaba a los estados firmantes a declarar como punible todo acto de propaganda destinada a promover la discriminación racial. Y de manera más reciente, en 2015, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia instaba a los países miembros del Consejo de Europa a: “Adoptar un planteamiento firme para concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de respetar el pluralismo y los peligros que supone el discurso de odio, así como para impedir el empleo de este lenguaje.”

Junto a las medidas reactivas (o punitivas), el nuevo plan europeo contra el racismo destaca la importancia de impulsar medidas proactivas, relativas a la concienciación social. Y es que los estereotipos instalados en la mente de las personas, y en las lógicas de las instituciones, conducen a un tratamiento de las minorías diferente y desigual al que recibe la mayoría. Fenómenos como el colonialismo, la esclavitud y el Holocausto están arraigados en nuestra configuración histórica y tienen profundas consecuencias en el presente. Garantizar la memoria de nuestras sociedades es importante para fomentar la inclusión y la lucha contra la discriminación. En este sentido, la Historia ha de ser un aspecto importante de la programación educativa y cultural en la lucha contra el racismo. Concretamente, en nuestro país, sería importante reconocer el legado histórico de las poblaciones sefardíes, romaníes y magrebíes en la península Ibérica; así como las relaciones coloniales con África y Latinoamérica, y el papel de los esclavos y las esclavas negras e indígenas en la expansión del Imperio español.

Para concluir, considero de especial relevancia política el reconocimiento de las distintas formas de racismo a las que se han enfrentado estos grupos de población, cuyos efectos se extienden hasta el momento presente: antisemitismo, antigitanismo, islamofobia y afrofobia. Sin reconocer estas realidades de discriminación, no seremos capaces de combatirlas.