La salud electromagnética en manos del lobista Vargas

Entre los retos a los que se enfrenta la salud ciudadana, el ministro Salvador Illa ha de añadir, al muy serio de la pandemia de la Covid-19, el muy preocupante de la influencia fisiológica de la continua e inmensa recarga de energía electromagnética que tiene lugar en el ambiente que nos envuelve. Es verdad que ante este peligro impera el negacionismo de empresas (que nunca aceptarán los daños que producen, de coste inmenso) y de políticos (algo imperdonable, porque su ignorancia no es excusa), pero también es verdad que hay que ir pidiendo que cada parte asuma sus responsabilidades y que actúe en consecuencia (y, en su caso, las pague).

Al ministro de Sanidad le ha llegado una petición –oportuna, urgente y justa– de la Asociación de Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS), pidiendo, en primer lugar, el cese inmediato de don Francisco Vargas Marcos, de larga trayectoria como responsable principal, directo e indirecto, en el Ministerio de Sanidad, en la cuestión electromagnética, es decir, el polémico y pertinaz asunto de si afectan o no a la salud humana las radiaciones electromagnéticas, consideradas no ionizantes. Esta petición proviene de una asociación que viene reuniendo a los innumerables afectados por enfermedades no reconocidas, generalmente negadas por los intereses industriales que las provocan, y que suelen contar con la cobertura oficial.

En efecto, en la penosa historia del problema electromagnético a que nos viene sometiendo el sector de las telecomunicaciones, con la asidua y fervorosa solicitud de todas las administraciones, la sombra del señalado por esa asociación, Francisco Vargas, en el Ministerio de Sanidad es clave, además de alargada (así como arrogante y muy poco empática, por cierto). Primero como subdirector general de Sanidad Ambiental en 1994-2002, etapa decisiva en la neutralización de la incipiente oleada crítica, en la que se le consideró inspirador, y probablemente redactor material, de la primera, única y miserable normativa al efecto, es decir, el tímido y tramposo Real Decreto 1.066/2001, de restricciones frente a las emisiones radioeléctricas; repitió cargo en 2004-2005. Y luego, con responsabilidades ministeriales estratégicas para los intereses de la industria en general, en especial la química y la de telecomunicaciones, ya que desde 2012 es “consejero técnico para la Sensibilidad química múltiple, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia e hipersensibilidad electromagnética”, ámbitos de la salud en los que la industria vive atrincherada, negándolo todo por sistema, y de los que se derivan, cada día –y a veces a golpe de sentencias condenatorias, que confirman estos daños en trabajadores y ciudadanía– inmensas responsabilidades pecuniarias y penales. ¡Qué grandioso papel, además de productivo, para quien, como Vargas, puede dedicarse a rechazar responsabilidades de los sectores económicos atribuyendo, por ejemplo, la hipersensibilidad electromagnética a problemas de salud mental en los sufrientes!

En sus no muy frecuentes enfrentamientos públicos, Vargas ha respondido con ferocidad, e incluso con el insulto, a las acusaciones que se le formulan. Si, como médico, se le recuerda el juramento hipocrático, se pone de los nervios; si, como ciudadano, se le echa en cara su insensibilidad ante el alto riesgo que –como él sabe bien, y se le advierte– sufren sobre todo los niños ante el acecho de las leucemias de origen electromagnético, responde con insultos. Pero como funcionario que representa la influencia del sector privado (insaciable, mendaz) en la esfera pública, deberá admitir que falta gravemente a sus deberes.

La estrategia argumentativa del personaje, insistente y numantina, se resume así: en la literatura científica no hay evidencias de daño en humanos de la radiación electromagnética, por lo que éste no existe. Y falta, en primer lugar, a la verdad objetiva, ya que evidencias de esto las hay desde hace decenios, en publicaciones tan serias como las negacionistas y, desde luego, en artículos mucho más independientes del lobby de las telecomunicaciones (y por eso mismo menos abundantes); a la esencia del fenómeno físico de la radiación, que es una energía y, en consecuencia, una fuerza actuante a escala molecular y atómica; y al concepto de ciencia, que a estas alturas (y tras las experiencia histórica de los efectos del tabaco, el amianto o las radiaciones nucleares) es de irresponsables vincularlo, en estricta dependencia, con la literatura llamada científica.

Así, lo que pretende ser una opinión científicamente rigurosa y ampliamente representativa de un sentir poco menos que universal sobre la inocuidad fisiológica de lo que, realmente es una “contaminación electromagnética”, se expresa considerando a esta radiación como si de los efluvios del Espíritu Santo se tratara, que no sólo son incorpóreos e inasibles, sino también benéficos e incluso necesarios…

Todo esto, que mezcla las pretensiones cientificistas con el disimulo de intereses, la ambigüedad política y la exclusión de cualquier sensibilidad social, se ha de explicar y entender aclarando los vínculos de Vargas con la industria de las telecomunicaciones, que es lo que le hace incompatible. Don Francisco, siendo en el Ministerio actualmente “consejero técnico de la Sensibilidad…” etcétera, ostenta diversos cargos en dos entidades nucleares del lobby de las telecomunicaciones: en el Servicio de Asesoramiento Técnico e Información (SATI), vinculado a la Federación Española de Municipios y Provincias pero al que financian las operadoras de telefonía móvil y que se creó para combatir la oleada de rechazo a las antenas de telefonía móvil levantada en gran número de municipios; y en el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS), entidad dependiente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, que se arroga la defensa de los intereses de sus profesionales y de la industria en que se desenvuelven, que actúa como ente de decisiva influencia en el ámbito ministerial en lo referente a estas radiaciones, y del que el señor Vargas es director científico. Es difícil poder describir, con mayor propiedad, la incompatibilidad –funcionarial, profesional, moral– de un servidor público, así como el papel de auténtico “mirlo blanco” del citado médico en el despliegue de los intereses de ese sector empresarial.

Vargas se desenvuelve como queriendo que se le considere el líder del negacionismo, convencido de que este liderazgo destaca y realza a cualquiera, y más a un funcionario al que se le debiera atribuir una oscuridad radical, si se le despoja de la opción empresarial por la que en su día debió decidirse, ajena a los intereses públicos. Un papel asumido del lado de los mercaderes del negacionismo y que había de cotizar al alza en un mundo crecientemente electromagnético; un héroe, vaya, alzado contra toda lógica, evidencia y necesidad. Vargas –y ahí está la madre del cordero– se sabe protegido y respaldado por los más poderosos lobbys de la actualidad: las empresas operadoras de telecomunicaciones, que ya no se detienen ante la compra de periódicos y cadenas de televisión –cómo no incluir voluntades– con tal de amarrar y defender sus intereses; y sabe que pocos ministros se atreverán a pararle los pies a estas empresas y a ese sector (¡la experiencia muestra todo lo contrario!).

Quien esto escribe fue invitado hace años a intervenir como experto en la causa que ciertas organizaciones por la salud llevaron ante el Tribunal Supremo a consecuencia de la inconsistencia de los contenidos de la escuálida legislación española sobre salud electromagnética, ya citada. Y tuvo que enfrentarse a la pretensión que el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, defensor del Real Decreto, de formular tacha sobre su modesta persona, pretendiendo que su actitud crítica lo inhabilitaba para declarar; el Alto Tribunal hizo, desde luego, caso omiso de esa burda maniobra, pero quedó clara la actitud cainita de ese Colegio Oficial sobre un profesional de su carrera y sector y que seguramente fue movida por la larga mano de Vargas, en su probable papel de lobista antes que de subdirector.

Es hora de liquidar –y a ser posible, con la apertura de un expediente político-administrativo sobre sus actuaciones en materia electromagnética desde 1994– la prolongada permanencia del Sr. Vargas en puestos clave para este lobby. Primero por su descarada y persistente incompatibilidad, que tantos ministros y jefes inmediatos le han consentido, dejando de lado el interés público y allanándose ante la industria y el negocio de las telecomunicaciones; y, en segundo lugar, porque las evidencias del daño fisiológico de la radiación de la telefonía móvil empiezan a ser abrumadoras, sobre ser sospechosas (por la lógica física y fisiológica, así como por la decencia y credibilidad de las investigaciones independientes) desde hace décadas.

Y también es momento, como señala la asociación EQSDS, incluyéndolo entre sus peticiones, de que se ponga en marcha la Comisión Interministerial de Radiofrecuencias y Salud, prevista en la Ley General de Telecomunicaciones de 2014 y repetidamente retrasada, en un momento especialmente crítico debido a la presión de los promotores de la implantación de la 5G, que tanta oposición viene levantando en el mundo entero; y de que se preocupe el Gobierno de dejar fuera de esa Comisión al lobby que no cesa, especialmente al mentado CCARS, y, por supuesto, a personajes tan poco neutros o competentes como don Francisco Vargas Marcos.

Ha llegado también la hora de que el Gobierno se tome en serio la Resolución 1815/2011 del Consejo de Europa, que recomienda la reducción en varios miles de veces de los umbrales de exposición a estas radiaciones, en relación con lo que prevé la legislación española (esa que se atribuye a la mano del Sr. Vargas y a la influencia del sector); y que se atienda a minorías, negadas y marginadas, de ciudadanos que, como los hipersensibles eléctricos y electromagnéticos, merecen en justicia la misma atención que los ciudadanos de más afortunada salud.