Para derrotar al coronavirus y la recesión hacen falta políticas republicanas de izquierda

Por Daniel Raventós, G. Buster y Miguel Salas

Ciento dos años después de la epidemia de H1N1, la llamada “gripe española”, el capitalismo tardío se enfrenta a la epidemia del coronavirus, del Covid-19, que amenaza consecuencias desastrosas.

Las lecciones de la “gripe española”

La epidemia de “gripe española” surgió en el campamento militar de Fort Riley, Kansas y rápidamente se propagó entre las tropas movilizadas en la I Guerra Mundial y llegó a afectar a un tercio de la población mundial, con un índice de mortalidad entre el 10 y el 20%, con efectos devastadores, entre otros lugares, en China, entonces un estado fallido. En el Reino de España, país neutral que no censuró las informaciones sobre la epidemia y razón por la cual se llamó “española”, ocho millones de personas se vieron afectadas, 300.000 de las cuales fallecieron.

A pesar de las diferencias —cepas de gripe y de coronavirus; principales afectados los jóvenes entonces, los mayores ahora; la mayor rapidez de la propagación por la globalización, la transparencia informativa, etc.— sigue siendo la mejor analogía y experiencia histórica de la que disponemos para prepararnos a lo que nos espera. Pero la diferencia más importante es el papel del estado, del gasto público y del gasto social desde la I Guerra Mundial hasta hoy y la implantación y evolución de los sistemas de salud tanto privados, como muy especialmente públicos.

A pesar del esfuerzo militar imperialista, la mayoría de los estados más avanzados de comienzos del siglo XX situaban su gasto público entre el 8 y el 18% del PIB. Hoy esas cifras son las de Haití o Sudán. La media de la eurozona se sitúa por encima del 40% (44,7%) y economías donde el neoliberalismo se ha impuesto con mayor dureza, como el Reino de España (41,3%), los EEUU (35,15%) o Japón (37%), tienen cifras más bajas. Aunque estas son apreciaciones generales sin entrar en las muy diferentes composiciones de ese gasto público, a la eficacia redistributiva del mismo y a la tendencia también general tras la Gran Recesión a un incremento de la desigualdad. La batalla contra el coronavirus se jugará en buena parte en la orientación política del gasto público.

En cuanto a los modelos de sanidad, la evolución ha sido paralela a la del gasto público. De la medicina privada con algunas instituciones caritativas o filantrópicas a la organización de los servicios médicos militares y de ahí a la extensión paulatina del acceso universal. La lucha por la sanidad pública frente a los “determinantes sociales de la salud” ha sido uno de los componentes más importantes de las reivindicaciones del movimiento obrero y socialista. La capacidad de articular políticas sanitarias a través de sistemas de salud públicos y su acceso por el conjunto de la población van a ser determinantes en la mortalidad del coronavirus y en su sesgo social, como todo el mundo está comprendiendo rápidamente estos días.

La contención es la clave

A pesar de los tres meses de movilización nacional sin precedentes en China, que ya ha conseguido hacer retroceder el número diario de personas infectadas, las lecciones de la importancia de contener la enfermedad en el resto del mundo se han comenzado a aplicar tarde. Detrás no hay ninguna de las explicaciones conspirativas absurdas que se han escuchado estos días, pero sí los efectos ideológicos de la política de contención de EEUU contra China. Cuando ha llegado el momento de concentrar todos los esfuerzos, se han aplicado criterios muy similares a los que se han criticado por “autoritarios” o “falta de transparencia” de las autoridades chinas. La pertinaz tozudez anticientífica ha destacado en dirigentes como Boris Johnson, Jair Bolsonaro, pero hasta Trump comienza a corregir sus desvaríos políticos iniciales ante la pandemia.

No es necesario hacer muchos números para comprender que la posibilidad de evitar el desbordamiento de los sistemas sanitarios —más fuertes cuanto más públicos— reside en alargar el periodo de contagio del 70 u 80% de la población que se prevé, teniendo en cuenta que el 15% sufrirá neumonía y el 5% tendrá que ser tratado en una UCI con respiración asistida. Para los grupos de mayor riesgo, en especial las personas mas mayores, el poder ser atendidos es una cuestión de supervivencia.

Las estrategias de no-contención radical de la pandemia, como la anunciada por Johnson en el Reino Unido, implica condenar a los grupos de mayor riesgo a una mayor tasa de mortalidad en nombre de un funcionamiento del mercado dejado a la mano invisible (que lo es todo menos invisible) y las esporas microscópicas del coronavirus. Una evidencia más, si cabe, de que no hay mercado libre, todo mercado se regula de una u otra forma. No se trata de “¿cuánta regulación?”, sino “¿en beneficio de quién?”: ricos o pobres, privilegiados o vulnerables, grandes burgueses o población trabajadora. La respuesta de Johnson ha optado por la que beneficiará a los más privilegiados y con capacidad de protección y en detrimento de la población más vulnerable.

Una crisis civilizatoria

Llegamos a esta crisis civilizatoria después de más de una década de la Gran Recesión de 2007-2008 y sin que la débil recuperación posterior haya permitido volver a situarnos en muchos casos en el punto de partida. Y como todos sabemos, las políticas de austeridad neoliberales han tenido efectos demoledores en el gasto público, muy especialmente en el gasto social. Las políticas neoliberales del PP y de CiU en Cataluña recortaron todo lo que pudieron en la sanidad pública. En Madrid, hace doce años disponía de 2.100 camas más que hoy y se perdieron 2.200 trabajadores. El colapso hospitalario para afrontar la crisis se explica por esos recortes. Ahora proclaman que quieren contratar a 1.700 trabajadores con urgencia, pero ese número ni siquiera llega a las plantillas de hace doce años.

Los profesionales critican, además, que no se contraten no sanitarios, sin los cuales es imposible que funcionen los hospitales, como celadores, servicio de limpieza, etc. En Cataluña, la situación no es mejor. La sanidad catalana es la que menos inversión por habitante realiza, 1.192 euros. El presupuesto destinado a sanidad bajó del 40% al 32%. Ambas comunidades se han distinguido por desplazar hacia la sanidad privada una parte del dinero público, que ha servido para sostener económicamente los hospitales privados mientras se desprestigiaba a la pública.

Por otra parte, los efectos sociales de la pandemia y de las necesarias medidas de contención se harán sentir a muy corto plazo en una economía en desaceleración progresiva ya por debajo del 2% del PIB. Grandes fábricas, como Seat y Nissan, han anunciado expedientes de empleo, en las pequeñas industrias y negocios la repercusión puede ser brutal; en el turismo y restauración la perspectiva es terrible. No será lo mismo para el gran capitalista que tiene reservas o capacidad de crédito bancario, que para el autónomo o el pequeño empresario.

Para comprobar cómo es un terreno de lucha de clases solo hay que conocer las declaraciones de Fomento del Trabajo en Cataluña pidiendo que se recorten impuestos y se facilite el despido. CCOO de Cataluña, así como otros sindicatos y entidades sociales, han mostrado la canallada extrema de la patronal. CCOO declaró: “Fomento actúa como los buitres que sobrevuelan los animales heridos esperando que caigan para que les sirvan de alimento, con la diferencia de que los buitres lo hacen para sobrevivir y el empresariado para conseguir más beneficios escarbando en la desgracia de los más débiles”.

Estado de alarma: cuarentena del Régimen del 78

Después de una semana de indecisión, el Gobierno de coalición progresista ha decretado el sábado día 14 de marzo el Estado de Alarma, de acuerdo con el artículo 116.2 de la Constitución de 1978. Con él se pone al país en cuarentena, limitando la libre circulación de las personas, por un período de 15 días, deberá ser refrendado por el Congreso de los Diputados, y podrá ser ampliable si, como todo apunta, será necesario un período más prolongado para contener en esta fase inicial la pandemia.

El Estado de Alarma sale al paso de las declaraciones de cuarentena iniciadas por los presidentes de las Comunidades Autonómicas, en especial de Euskadi y de Cataluña, y subordina el ejercicio de sus competencias a la autoridad del presidente del Gobierno y a las “autoridades competentes delegadas” por el Gobierno: los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad. No deja de ser relevante que en este ejercicio ultracentralista de funciones quedan fuera las cuatro vicepresidencias, todos los ministros de Unidas Podemos y el responsable directo es el presidente Pedro Sánchez. Semejante concentración de poder, que pone en cuarentena política también al Régimen del 78, no tiene precedentes y es justificado por la urgencia y la gravedad de la situación.

El complicado proceso de constitución del gobierno de coalición progresista entre el PSOE y Unidas Podemos ha estado sostenido por la posición mayoritaria en las izquierdas institucionales de que frente a la gestión reaccionaria de la salida de la crisis económica y política de las tres fuerzas de derecha extrema que la componen era necesaria y posible una alternativa reformista que rebañase los márgenes del Régimen del 78, frenase la crisis constitucional en Cataluña y permitiese la recuperación parcial de derechos sociales perdidos por las políticas de austeridad neoliberales, sin cuestionar ni el Pacto Fiscal europeo ni la estructura monárquica —una monarquía cada vez más desprestigiada si ello fuera posible por el nuevo caso de corrupción del Borbón Juan Carlos I— del estado de las autonomías.

Otros sectores, entre los que Sin Permiso se encuentra, han argumentado que la crisis estructural del Régimen del 78 limitaría rápidamente ese margen reformista a rebañar y situaría al Gobierno de coalición progresista y a las izquierdas en general en una encrucijada política.

Lo que no podíamos sospechar es que esa encrucijada se plantease a poco más de dos meses de constituido el gobierno PSOE-Unidas Podemos y ante un choque externo como la pandemia de coronavirus que va a agravar todos los elementos de la crisis estructural del Régimen del 78.

Como ya es público y notorio, las contradicciones han comenzado a manifestarse en el mismo debate sobre las medidas económicas y sociales a adoptar junto al estado de alarma. Ni la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del viernes, ni las siete horas del Consejo de Ministros del sábado 14 de marzo han permitido otra conclusión que posponer al martes siguiente y tras una nueva reunión del Consejo de Ministros el anuncio de las medidas. El debate es transversal y divide al PSOE. Pero esas medidas de ayuda directa y real son imprescindibles para proteger a los sectores más débiles y desprotegidos.

Resulta sorprendente que en la decisión del Consejo de Ministros no haya ninguna referencia a medidas urgentes para afrontar el problema de las miles de personas que van a engrosar las filas del paro. Con razón, los sindicatos exigen medidas sociolaborales y han declarado que “es el momento de actuar para que la caída de la actividad, producto de la situación de emergencia sanitaria que vivimos, se canalice por fórmulas distintas a la extinción de contratos. No caben más demoras. Hay que actuar protegiendo a las personas. Y hay que hacerlo ya. Sabemos que hay que tomar medidas que faciliten el mantenimiento de las empresas, de liquidez, de contención temporal de gastos, pero las trabajadoras y trabajadores no pueden quedarse a la cola de las medidas a tomar. No es justo socialmente, no es conveniente económicamente y no es entendible políticamente”.

Hacen falta políticas republicanas de izquierdas

La cuestión esencial es cómo gestionar el Pacto Fiscal Europeo, con el peso de la deuda pública acumulada del 100%. A las tasas actuales no es tanto un problema de su servicio como de la aceptación de las políticas del gobierno por parte del Banco Central Europeo (que ya ha anunciado la ampliación de su programa de flexibilización cuantitativa para 2020-21), de la Comisión Europea y de los llamados “mercados” (es decir, especuladores, empresarios y banqueros). Lo que está en cuestión es el equilibrio de los intereses de clase de cómo gestionar la pandemia y la recesión económica que se anuncia inevitable.

Porque la concentración de poder extraordinario del estado de alarma plantea cuestiones de fondo sobre los límites del Régimen del 78. Por ejemplo, los jueces de Barcelona han decidido que no ejecutarán desahucios mientras dure esta crisis. Es una buena decisión, que demuestra también que podría acordarse para el futuro mientras las familias no tengan otra alternativa habitacional. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha solicitado al Gobierno que la moratoria se extienda. En Barcelona, 1.087 propietarios tienen 75.767 viviendas. El 0,2% de los contribuyentes disponen del 9,8% de las viviendas. Y la tendencia a la concentración es cada vez mayor con la presencia de las grandes empresas y fondos buitre.

Por ejemplo, parece urgente tomar medidas para controlar los precios. La población se ha lanzado a la compra compulsiva temiendo el desabastecimiento, pero, más allá de la exageración que hoy pueda representar, puede ser utilizado por las empresas para subir los precios de productos de primera necesidad. Un decreto urgente debería ser aprobado para poner medidas de control y vigilancia y sanciones contra quien aproveche la situación para sacar beneficios extras.

Por ejemplo, la especulación en la Bolsa es otra de las muestras de esta crisis. Deberían prohibirse las apuestas a la baja, que tantos beneficios representan para los grandes inversores y tantas pérdidas para los pequeños accionistas; deberían controlarse las inversiones especulativas y establecer controles respecto a las oscilaciones bursátiles.

Por ejemplo, nuestro sistema de salud público necesitará situar bajo su control a la sanidad privada para utilizar todas las capacidades existentes sin que ello suponga una sangría inimaginable en las actuales circunstancias de transferencias del presupuesto público para satisfacer no los costes sino los beneficios de sus inversores privados. Y la contradicción largamente arrastrada de poseer un sistema sanitario público que no está acompañado de una industria pública farmacéutica y de insumos sanitarios, en su totalidad en manos privadas, cuando faltan cosas tan elementales para proteger a los trabajadores de la sanidad como mascarillas y trajes protectores.

Por ejemplo, es la ocasión para que los sindicatos exijan el máximo de control y establezcan el máximo de vigilancia sobre todos los procesos de expedientes, para que no se apruebe ninguno sin acuerdo sindical. Si estamos en una situación de alarma social, no deben ser solo los trabajadores quienes la soporten. En una situación como esta, en que se pide la colaboración de todos, a quien primero se le debe exigir es a los que más tienen.

Por ejemplo, que durante un tiempo se paguen los salarios, aunque no haya producción. Si el Gobierno ya ha establecido que una persona afectada por contagio se considera accidente de trabajo, es decir cobra su salario desde el primer día, deberían establecerse medidas de ese tipo para las plantillas afectadas por cierres o despidos durante el tiempo que dure el estado de alarma por el virus. No puede ser que la única medida que se tome sea la inyección de dinero público para que los capitalistas sigan manteniendo sus beneficios. Porque ese dinero luego se transformará en deuda y se pretenderá volver a las políticas de austeridad y de recortes, que ya sabemos lo que representan. Es el momento de recuperar el proyecto de una banca pública a partir de Bankia que pueda mantener el acceso a los créditos de las pequeñas y medianas empresas con dificultades.

Se trata de simples medidas para evitar que la población no rica sufra las consecuencias o, si se quiere llamarlo propiamente, medidas de libertad republicana que no empeoren aún más sus condiciones materiales de existencia. Porque, por decirlo con el viejo pero no desactualizado lenguaje, se trata de lucha de clases.

En la medida en que el principal instrumento de la respuesta a la pandemia y a la recesión económica que va a desencadenar es el gasto público, la presión por ejercer los poderes extraordinarios previstos en el artículo 116.2 de la Constitución y el Estado de Alarma van a situar al Gobierno en la encrucijada que ha intentado rehuir desde su formación.

La presión de los grandes propietarios y gestores económicos es que las políticas fiscales del Gobierno prioricen las transferencias a su favor para mantener sus ganancias no a través de la “mano invisible del mercado” sino de la flexibilización cuantitativa del BCE y el presupuesto de 2020. Lo que piden son ERE´s y flexibilidad del despido en el diálogo social. ¿Cómo garantizar sino es mediante la intervención pública el acceso a los créditos de las medianas y pequeñas empresas, que es uno de los objetivos teórico de la política monetaria del BCE, cuando la mayoría son empresas zombies cargadas de deudas y al borde de la quiebra con los despidos de plantilla que implica?

Como conocen los lectores de Sin Permiso, la defensa de la renta básica universal e incondicional es una de nuestras señas de identidad. Cuando la lógica de la crisis económica intrínseca en el sistema capitalista opera como el principal mecanismo de recuperación de la tasa de ganancias, abandonando al paro a una parte significativa de las clases trabajadoras, es esencial asegurar su dignidad ciudadana por encima de la miseria, orientando las políticas fiscales a este fin. No perjudicar los niveles de existencia material implican una lógica económica que incentiva sectores económicos básicos y que permite abrir el debate de como satisfacer la demanda de consumo básico sin que la única opción sea la sobre-explotación.

Cuando el éxito de la contención de la pandemia depende de la cuarentena solidaria, de la asistencia sacrificada de los sanitarios, de mantener la producción de los bienes esenciales, la disciplina social puede y debe ser consciente. Consciente de los intereses sociales de la mayoría que están en juego, de lo que nos jugamos, de las obligaciones de un Gobierno progresista que, para serlo, también tendrá que ser de izquierdas.

Derechos de libertad republicana

Días antes del estado de emergencia, el PSOE se negó a constituir una comisión parlamentaria para investigar la corrupción de Juan Carlos I, junto a Vox y el PP. Mal presagio para las medidas de libertad republicana. Pocos días también del estado de emergencia, el constitucionalista sevillano Pérez Royo escribía a propósito de la lucha pública contra el coronavirus: “Es la ocasión para que resulte visible por qué el constituyente español del 78 acertó al considerar que el Estado unitario y centralista no podía ser la forma de Estado de la Democracia española. La complejidad de la sociedad española y su diversidad territorial no puede ser dirigida desde un Estado unitario ante la crisis por la que estamos atravesando”. El gobierno de Sánchez ha optado por la dirección contraria.

La declaración del estado de alarma es sin duda necesaria. Pero la forma que ha adoptado, la explicación que se ha ofrecido en nombre de una unidad nacional que parece obviar los interesas sociales en liza y las distintas competencias de las comunidades, en especial en Euskadi y Cataluña, donde tampoco se puede obviar la crisis constitucional por decreto, aparecerá para importantes sectores de la población como la recentralización que viene exigiendo la derecha mas reaccionaria, aunque sea por vía indirecta y en nombre de la emergencia sanitaria. Había otra vía y era la de profundizar en el diálogo y la coordinación anunciadas, especialmente en Cataluña.

Efectivamente, el Gobierno español puede aplicar las competencias que solamente él tiene. Así que podría establecer que toda la ciudadanía tuviera la republicana existencia material garantizada hasta que durase la situación de emergencia: una renta básica de 1.000 euros para toda la población hasta fin de año, por ejemplo. Eso es menos dinero que el que sirvió para rescatar a la banca española. Para los que les preocupa que reciban una renta básica los más ricos, en la declaración anual del IRPF, todas aquellas personas que tuvieran unos ingresos brutos superiores a 25.000 35.000 o 40.000 euros brutos, se les volvería a descontar. ¿Cuál es el problema? ¿No estamos en una situación de emergencia? “El virus no entiende de colores, de partidos, de ideologías, ni de territorios”, dijo Sánchez. Nadie en su sano juicio podía pensar lo contrario, el virus no entiende de estas cosas, pero los humanos sí. Y de eso hablamos.