Ministerio de Igualdad y prostitución

Parecía que las cosas iban a ser sencillas, o si no sencillas, al menos parecía que al estar la izquierda en el gobierno iban a estar claras para las feministas, desde el feminismo y para la sociedad en general y supuse, claro, que todas las organizaciones coaligadas en el gobierno compartirían todos sus presupuestos, no en vano el feminismo es una de los términos más utilizados en todas sus campañas. Con esa actitud me lancé a la lectura del reciente acuerdo progresista de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

No tardé en dar con el punto 7, donde leí el siguiente texto: “Erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual, favorecer la dignidad de las mujeres, garantizar alternativas y terminar con las redes y las mafias que se lucran con la esclavitud. La trata con fines de explotación sexual es una violación de los derechos humanos y supone una de las formas más crueles en las que se manifiesta la violencia contra las mujeres. Nuestro país es uno de los países de tránsito y destino de muchas de estas mujeres y niñas que son obligadas a ejercer la prostitución. Se aprobará una Ley Integral contra la Trata de mujeres con fines de explotación sexual, basada en los derechos de las víctimas, que incorpore medidas de prevención y persecución de estas redes criminales, además de medidas de protección y de recuperación integral de estas mujeres y niñas”.

Las feministas abolicionistas, conocedoras de la firme trayectoria del PSOE y de IU en ese terreno, esperábamos que se dejara clara la abolición de la prostitución, así como de la multa a clientes y proxenetas, incluido en los últimos programas electorales del PSOE y de IU. Porque la prostitución, y claro está la trata, son dos caras de la misma moneda: la explotación de la mujer y la violencia machista. Así pues, parecía que las “legalizadoras” de Podemos y Comuns se la habían metido por la escuadra a IU y al PSOE.

No fui solo yo la decepcionada, en esta misma línea se quejaba hace unos días la socialista Ángeles Álvarez en un texto  y no le faltaba razón al decir que “con más de 96.000 locales identificados como establecimientos donde se explota sexualmente a las mujeres resulta sorprendente que estos días solo se hable de poner límites a las salas de juego”. Quizás también la prioridad debiera ser eliminar los prostíbulos que, amparados por una ley engañosa, funcionan en nuestro país. No olvidemos que somos el primero en consumo de sexo pagado de Europa.

De nuevo las prioridades volvían a ser otras

Llegados aquí no está de más señalar que la prostitución es un fenómeno con un claro componente de género ⎯afecta más a mujeres y niñas⎯ y que se extiende a todo el mundo, a todo el globo terráqueo, digo. Lo que, a efectos numéricos, quiere decir que involucra a unos cuarenta millones de mujeres en total. Así lo reconoce el Parlamento Europeo, que ya en el 2014 redactó una resolución al respecto tratando de prohibir la práctica. Hasta desde la derechizada institución política se hace hincapié en que la explotación sexual y la prostitución tienen un enorme impacto sobre la sociedad y, claro, sobre la igualdad de género y que los gobiernos deben empezar a comprometerse a erradicarla. Dicho de forma más clara, seguimos siendo las mujeres a las que nos compran para utilizarnos y no debemos permitir que se mantenga esta situación.

¿Cómo no contemplar la abolición desde el nuevo gobierno? Parecía que de nuevo alguien ⎯álguienes tal vez⎯ se resistía a definir la prostitución como una forma de explotación. ¿Cómo es posible? ¿Quién estaba detrás? Sin ser mal pensada, y sin echarle demasiada imaginación, está claro que los únicos que salen beneficiados de la no abolición son los puteros y los dueños de locales de alterne.  Entonces… ¿No se va a hacer nada precisamente ahora que hay un Ministerio de Igualdad? ¿No se va a tratar de resolver todos los problemas relacionados con la prostitución?

Recordé que ya en Barcelona uno de los miembros de Unidas Podemos, comuns, ya se opuso la propuesta del PSC de prohibir la prostitución y la explotación sexual  en Barcelona. De hecho, la secretaria general de Podem Barcelona, Laura Pérez, afirmó que "la prostitución es un empleo tan digno como otro cualquiera". Obviamente, las víctimas de la prostitución son tan dignas como cualquiera, pero no lo es la forma en que se ven obligadas a sobrevivir.

Y se me vino a la cabeza la imagen en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona de la flamante alcaldesa de la ciudad con miembros del "sindicato OTRAS", que ni es un sindicato, ni es de mujeres, sino que trabaja a favor de proxenetas, empresarios y puteros y a pesar de eso se empeñaba en defenderlo como legítimo. ¿Cómo podía hablarse de un sindicato cuando los afiliados eran los “empresarios” y no las “trabajadoras”?

Y pensé lo difícil de las políticas de igualdad en ese contexto. De nuevo volvíamos a no saber dónde estábamos. Por más que Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, señalara su compromiso con el abolicionismo, coincidente con IU, siguiendo aquel Proyecto No de Ley presentado en la anterior legislatura, que reivindicaba la aplicación de un modelo abolicionista muy cercano al sueco que se sabe ha funcionado.

La realidad es que no basta con hablar de ello, necesitamos políticas abolicionistas, necesitamos respuestas contundentes contra la prostitución, la trata, políticas que penalicen a los puteros y que ayuden a reincorporarse en sociedad a las mujeres que han caído en sus redes. Necesitamos leyes que no castiguen a las prostitutas, sino que penalicen a quienes se lucran de ellas, y a quienes pactan matrimonios forzados, o a quienes coaccionan a las trabajadoras del servicio doméstico con servicios sexuales.

Pero leyes que se cumplan, no como aquella que el Gobierno español elaboró en 2009. Un Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual en el que, además de definir a las prostitutas como víctimas, instaba a los diarios a que, mediante la autorregulación, eliminasen cualquier relación empresarial con la prostitución. Nunca se cumplió y a día de hoy siguen ingresando millones por ofrecer servicios de chicas.

Por eso, luchar contra la trata sin combatir la demanda y a quienes la provocan limitaría los daños, pero no solucionaría el problema y en un país ⎯tercero en el mundo en consumo de sexo pagado⎯ no podemos permitirnos ni un minuto más de tardanza en tomar decisiones.

No es fácil, recordemos que también están involucrados en él los medios de comunicación que se llenan la boca denunciando las tramas de trata, mientras que con la otra mano hacen caja. Lo dicho, un negocio que mueve casi diez millones de euros al día es un gran opositor, pero no podemos ⎯o no debe el gobierno olvidarse⎯ de que esas 50.000 mujeres y niñas que se calculan que están atrapadas en la prostitución están esperando su ayuda.