Madrid: actualizarse o morir

Pablo G. Perpinyà es consejero ciudadano de Podemos Comunidad de Madrid, candidato a las autonómicas del 2019 y portavoz del Grupo Municipal Somos Pozuelo

A ocho meses del cierre de la legislatura en la Comunidad de Madrid, parece bastante claro que la reforma del Estatuto de Autonomía seguirá engordando la lista de asuntos pendientes. El Gobierno de Cifuentes primero, y de Garrido después, han pivotado entre la falta de interés por la cuestión y gestos favorables a una reforma soft que no han pasado de meras declaraciones de intenciones. Se pierde así la oportunidad de actualizar el marco normativo regional y su autogobierno, aspectos esenciales en una comunidad atrapada en un tiempo cada vez más alejado del presente.

El Estatuto actualmente vigente (1983) es una norma esencialmente fundacional y deja sin resolver muchas de las cuestiones nucleares del Madrid de hoy. Cuando en 1981, la Diputación Provincial de Madrid solicitó a las Cortes Generales poder acceder a la autonomía por la vía del 144, es decir, por motivos de interés nacional, Madrid era un territorio sin entidad regional histórica y aglutinado bajo la circunstancia singular de que, en su provincia, estaba inserta la capital del Estado. Poco o nada se sabía sobre la evolución que iba a tener el Estado de las Autonomías o sobre el desarrollo territorial y poblacional de de una región que, desde la última modificación estatutaria relevante (1998), ha crecido cerca de un 30%.

Cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, aún faltaban siete años para que llegara a España la primera conexión a Internet y diez para la puesta en marcha del primer servidor web español, por lo que era impensable que la norma recogiera derechos relacionados con el acceso a las telecomunicaciones que hoy son tan habituales en los estatutos de tercera generación. En aquél año 83, el aborto era un delito y la violencia machista era considerada un simple “crimen pasional”, se hablaba poco de las personas LGTBI y mucho menos se planteaba la posibilidad de reconocerlas expresamente como un colectivo con derechos que debían ser protegidos por las instituciones públicas.

En 1983, aún faltaban tres años para la firma de Tratado de Adhesión de España a la UE, por lo que difícilmente el Estatuto podía prever vías de cooperación entre nuestra región y otras de estados miembro. Por supuesto, no se habían desarrollado la mayor parte de las 17 autonomías actuales, por lo que hablar de cooperación horizontal era poco menos que ciencia ficción. Tampoco había una cultura democrática muy depurada: habían pasado apenas dos años del intento de golpe de Estado de Tejero y seis desde las primeras elecciones democráticas desde 1936. En aquél momento, Madrid y España estaban en pleno despegue tras casi cuatro décadas de dictadura y no estaban en la agenda cuestiones como la democracia participativa, la supresión de los aforamientos, el derecho a la información de los ciudadanos o la transparencia. En aquél temprano 1983, ni siquiera se había fundado el PP, que gobierna la Comunidad desde hace ya 23 años.

El Derecho nunca es ajeno a su tiempo y por eso las normas que aspiran a perdurar siempre son reformables. La obsolescencia del Estatuto de Autonomía de Madrid está motivada en gran medida por el paso del tiempo, pero también por acontecimientos que han marcado la vida política de esta región. Los numerosos casos de corrupción que se han destapado en muchos ayuntamientos y hasta en las propias instituciones autonómicas han llevado a muchos ciudadanos a pedir regeneración, una palabra con multitud de aristas que, entre otras, apuntan hacia las instituciones públicas y las normas que rigen la vida de las mismas.

¿Cómo es posible que un Estatuto de Autonomía de una región que fue escenario del 15M y de toda la ola de movilizaciones posterior, pueda cumplir verdaderamente su función sin incorporar el aprendizaje de aquél proceso? La política y sus normas no pueden seguir caminando en sentido opuesto a la sociedad, ignorando las demandas que ya están siendo integradas en algunas de las principales administraciones del país. Madrid no puede ser menos que el resto y necesita recuperar el tiempo perdido para ponerse al nivel de las regiones más avanzadas en lo que a derechos se refiere.

La reforma del Estatuto no es tarea sencilla, lo que no impide afirmar que sea un asunto de absoluta urgencia. Cualquier reforma requerirá de una mayoría cualificada y, por tanto, del acuerdo de muchos. Es necesario sacar este debate de los muros de los partidos y que cale en la sociedad como una de las tareas que deben marcar el ciclo político que se abrirá en mayo de 2019. Madrid necesita un horizonte propio que armonice una región en la que conviven una ciudad con 4 millones de habitantes y 178 municipios más que tienen realidades muy diversas. Madrid necesita dar una respuesta conjunta para el trabajador de oficina, para los jóvenes de la periferia desprovistos de servicios públicos esenciales, para quienes recorren un centenar de kilómetros cada día para ir de casa al trabajo y del trabajo a casa, para los agricultores de La Campiña del este, para los ganaderos de la Sierra de Guadarrama, para la industria del Corredor del Henares y de los grandes municipios del cinturón sur y, por supuestos, para los pueblos de la Sierra Pobre que sufren la despoblación como consecuencia del cruel olvido del Gobierno Regional.

La creciente desigualdad entre el norte y sur, la fiscalidad injusta que exime a los que más tienen de la obligación de contribuir a lo que es de todos, la privatización de los hospitales, la infrafinanciación de la educación pública en todas sus etapas o las atrocidades medioambientales cometidas por algunos gobiernos marcan el punto de partida desde el que debemos afrontar la discusión sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. La sociedad debe prepararse para tomar posición sobre un tema que protagonizará la política regional en los próximos años.