Si tu pensión depende de Celia Villalobos

“Hay muchos pensionistas que llevan más tiempo cobrando la pensión que trabajando”. Esa es la principal reflexión sobre la materia que se conoce de Celia Villalobos, presidenta de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo creada para velar por el futuro de nuestras pensiones. Una jubilada de 92 años, Paquita, le contestó: “Qué culpa tengo yo si no me muero”. No se me ocurre mejor respuesta.

Muchos pensarán que es una prueba más del conocido perfil de charlatana de Villalobos, pero creo que en este caso solo reproduce, como ocurre con los niños, el ambiente que se respira en casa, en su partido. El equipo de Luis de Guindos utiliza el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población para justificar sus ajustes quirúrgicos de las cuentas del sistema público de pensiones.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido, y todo lo que hace va en esa dirección, convertir nuestro sistema contributivo en otro de pensiones asistenciales, pero saben que los más de nueve millones de pensionistas de hoy, y los doce de 2030 o más de catorce de 2066, según previsiones del INE, son electoralmente determinantes. En consecuencia harán todo lo posible para que no se note. Así que, como podría haber dicho Don Vito Corleone en 'El Padrino', Mariano Rajoy marcó hace tiempo la consigna: “Que parezca un accidente”. En estas fuentes bebe Celia Villalobos.

Si se analizan las medidas que han ido tomando los dirigentes del PP, incluida la reforma de 2013, que entrará en vigor en 2019, se comprobará que tienen decidida una hoja de ruta para desmantelar el actual sistema de pensiones de reparto, ese en el que la pensión percibida depende de las aportaciones hechas durante la vida laboral, con algunas correcciones al servicio de la solidaridad. Ese es su objetivo, pero necesitan que parezca el resultado de un fenómeno demográfico inevitable, de un hecho natural. Es esto: un sistema de pensiones asistenciales, muy bajas y con muy escasa diferencia entre las máximas y las mínimas. La operación pretende que millones de futuros pensionistas deduzcan que las contribuciones al sistema público no les compensan y que, en consecuencia, se provoque una estampida hacia las alternativas que ofrece el sector privado.

Su principal arma es la proyección demográfica que ofrece periódicamente el INE. “Si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales”, España entrará pronto en un shock demográfico, concluye el estudio. Si todo sigue igual, si nada cambia, si, para entendernos, Rajoy sigue siendo presidente del Gobierno en 2066, si Celia Villalobos sigue en el Parlamento jugando al Candy Crush durante otros treinta años, si la oposición de izquierda no reacciona, entonces, sí, no solo el sistema público de pensiones, el país entero se va al carajo.

Si seguimos con más defunciones que nacimientos, más emigrantes que inmigrantes, tasas de fecundidad que están entre las más bajas del mundo, etcétera, seguiremos atrapados por análisis, incluidos los de muchos bienintencionados economistas y expertos en pensiones, que llevan a un pesimismo demográfico que concluye en unos escasos 41 millones de habitantes en 2066, 5 menos que hoy, de los cuales 14 serían pensionistas. Aunque sería más útil investigar cómo los países nórdicos, o Francia, lograron pasar de una fecundidad de 1 hijo por mujer a casi 2. Hay tendencias que hacen que aumenten la proporción de mayores de 65 años, pero hay también estrategias de país que permiten corregir una evolución demográfica cuando esta supone el suicidio de una comunidad. Cuestión de liderazgos, también en esto.

Si los datos de porcentaje de jubilados crecen, no solo porque aumenta la esperanza de vida, sino porque se prevén saldos biológicos y migratorios negativos; si la fecundidad sigue en mínimos y “no hay nada que hacer”; si el nivel de los salarios y los ingresos de la caja de las pensiones siguen por los suelos, con desfases anuales de 18.000 millones; si la productividad sigue estancada sin que se haga algo para evitarlo; si no se hace nada con las cargas que asume el sistema y no le tocan, como las pensiones de viudedad; entonces, sí, esto no aguanta, ni las pensiones ni el país entero.

Los datos demográficos y macroeconómicos que sirven de base para los peores augurios sobre nuestro sistema público de pensiones no son las tablas de la ley. Pondré un ejemplo. José Ignacio Conde-Ruiz, un experto relevante que participó en el informe para la reforma del PP de 2013, en su libro '¿Qué será de mi pensión?', recoge hasta catorce estudios que se han hecho sobre el peso que tendría el gasto en pensiones sobre el PIB en 2050. Las diferencias entre las distintas previsiones van de un 15% a un 20%, y cinco puntos de PIB son un mundo. Quien tiene el poder selecciona los datos, como ocurre en la 'Alicia' de Lewis Carroll con el significado de las palabras. Ya erraron en las previsiones que hicieron en los años noventa, por no prever la entrada masiva de inmigrantes en el 2000, dicen ahora. Sí, siempre es por algo.

Pero es verdad que la incapacidad de las izquierdas para tratar en serio el futuro de las pensiones ayuda poco. Confundir un castigo a la banca con la sostenibilidad del sistema, o una cuestión fiscal con un proyecto viable de pensiones en un sistema de reparto se lo pone fácil a los que quieren debilitar el modelo. Como defender que jubilaciones a los 60 años es algo sostenible y no la mejor fórmula para abrir la puerta a las pensiones asistenciales. O errores tan gruesos como identificar el retraso en la edad de jubilación como un factor de reducción de las posibilidades de empleo de los jóvenes, como si se dispusiera de una cantidad fija de trabajo a repartir. No se pueden ocultar hechos, si se quiere tener credibilidad. Es un hecho que, aunque es cierto que se exageran intencionadamente, la tasa de dependencia será progresivamente más negativa para el sistema de pensiones. No es un dogma la previsión exagerada del INE para 2050 de 1,3 cotizantes para un pensionista, pero es absurdo negar evidencias en esa dirección.

La izquierda española debería aplicarse con más rigor al objetivo del sostenimiento financiero del sistema público de pensiones. Se ha llegado a caer en una confusión tan simple como calificar el último informe de la OCDE sobre las pensiones como un palo a la posición del PP, cuando es justo lo contrario, un apoyo explícito e interesado a su reforma. De hecho, la OCDE trampea con la tasa de sustitución, una ratio que relaciona salarios de los jóvenes que entran en el sistema con las pensiones que, comparadas con el nivel de esos salarios, serían, obviamente altas. Es decir, la OCDE querría para España salarios y pensiones asistenciales. Rajoy ya se aplica a seguir las indicaciones del informe y anuncia que va a facilitar el negocio haciendo más atractiva la mercancía, los planes privados de pensiones.

La batalla política de las pensiones no es solo una cuestión de prestaciones. Los creadores del modelo socialdemócrata sabían que el Estado de bienestar era el cemento que mantenía la cohesión social, a la vez que esa sociedad estaba interesada en mantener en pie ese Estado de bienestar. Eso es lo que está en riesgo.