Nuevos soportes para nuevos horizontes

El Gobierno quiere convencer a la población española de que continuamos por la senda correcta, la de la recuperación. Todavía no se ha logrado el objetivo de 20 millones de personas dadas de alta en la seguridad social, pero vamos camino de conseguirlo para el año 2020. El Gobierno afirma que puede recuperar los datos de afiliación a la seguridad social y reducir el paro a cifras anteriores a la crisis. Sin embargo, el diablo está en los detalles. Es posible que se recuperen las cifras estadísticas a cambio de empobrecer a la población. Seguimos hablando de “creación de empleo” a lo que ya es otra cosa distinta que nada tiene que ver con tener garantías, seguridad, estabilidad, ingresos estables y suficientes y perspectivas de futuro. Tanto la OCDE como los sucesivos informes de la Comisión Europea, vienen alertando del frágil crecimiento de la economía española que no está reduciendo la desigualdad.

A lo largo de la última década se ha incrementado el precio de los alquileres y de las facturas, al mismo tiempo que se estancaban los salarios o se reducían, especialmente los más bajos; el 47% de los trabajadores españoles cobra menos de 1.000 euros al mes. La presión que sufre el trabajo resulta cada vez más intensa. Una sociedad endeudada y empobrecida, exprimida por todas partes, sea por el trabajo, por la vivienda, o indignada por la mala gestión de sus impuestos y la insuficiencia de los servicios. Ante este cóctel puede sonar razonable que el anuncio de una rebaja de impuestos beneficie a quienes menos ganan, aunque beneficie mucho más a quienes más ganan. Se presenta al mismo tiempo como lo más razonable y como la única  lógica viable. Dado que estás mal, con esto estarás mejor y tendrás más dinero para gastar, a ti que te importa que otros también se beneficien, aquí ganamos todos. Que esa rebaja de impuestos sea al mismo tiempo la causa pasada y la garantía a futuro del mantenimiento de la precariedad y la desigualdad, no hace menos objetiva esa manera de funcionar. La fiscalidad regresiva, al igual que el racismo, siempre es un discurso de élites en busca de una alianza transversal con los sectores populares, ofreciendo un marco de sentido compartido y de pertenencia subordinada en su proyecto.

No necesitan ganar, le basta con que los otros pierdan, no necesita convencer, les sirve con que el resto no sea capaz de conseguirlo. Existe todo un denso campo de relaciones, de creadores de opinión, de jerarquías, de intereses,  alianzas y posiciones, que se mantienen y se apoyan en un modelo de país destructivo, ineficaz e improductivo, pero coherente dentro de su incoherencia. Romper ese circuito integral del modelo centrado en la triada especulación, infraestructuras ruinosas y turismo a granel, para sustituirlo por otro más orientado al bienestar, la energía, la investigación y la movilidad sostenible, solo se consigue generando un mito de cambio impulsado por un poder constituyente. Una fuerza lo suficientemente grande como para abrir discusiones, orientarlas y establecerlas. Esas posibilidades pueden llegar a encontrar en el feminismo y el ecologismo una caja de herramientas. Feminismo y ecologismo no como valores que se incorporan a la sociedad para mejorarla, sino como perspectivas desde donde criticar a la sociedad para cambiarla. Feminismo y ecologismo como potencial de una crítica integral a nuestro concepto de riqueza: a la sociedad de trabajadores y su gestión del tiempo. La riqueza instalada es un tipo de riqueza basada en el tiempo socialmente empleado por los trabajadores. Es una riqueza que  excluye como riqueza a todo lo que no sea vendible. El feminismo y el ecologismo como crítica a la sociedad de trabajadores orientada al crecimiento indefinido. Una apuesta por modificar los baremos que deben regir una sociedad, cuando la riqueza medida por el tiempo humano empleado en la producción se hace anacrónica. El feminismo y el ecologismo como fundamentos de una riqueza en donde se prioriza el bienestar y el acceso al pleno tiempo garantizado, o lo que es lo mismo, el acceso social a la seguridad, la vivienda, la salud, la libertad, a la autonomía individual y colectiva, al margen del acceso económico y la dependencia salarial. Ciudadanos libres que pueden participar y decidir sin miedo porque tienen tiempo para hacerlo y lo tienen por derecho constitucional.  Esta crítica no se despliega de una vez y actúa de forma homogénea en todas partes y al mismo tiempo, lo importante es la existencia de una tensión que permita equilibrar una coherencia estratégica junto con una flexibilidad táctica. Nuevos soportes desde donde sustentarse nuevos horizontes de cambio.