El Mar Menor y el jaque mate de la agricultura mediterránea

El reciente y probablemente más grave proceso de contaminación sufrido por el Mar Menor, en la costa murciana, debido a masivos e insidiosos vertidos de origen agrícola, plantea importantes problemas que superan el estricto caso de esta albufera y el del marco agroeconómico de la región en cuyo litoral se ubica, para situarse en el marco objetivo del maltrato de recursos naturales esenciales (agua, suelo, ecosistemas litorales) y en el de la suicida persecución de la competitividad en la agricultura, concretamente en su variante “mediterránea”.

Desde que antes del pasado verano grupos ecologistas calificaran las aguas del Mar Menor como una especie de “sopa marrón” (eutrofización de las aguas, en definitiva), los acontecimientos han ido perfilando el complejo panorama de la situación de este pequeño mar interior, una superficie liquida de 170 km2 que presenta una línea litoral interior de unos 70 km; y que técnicamente se trata de una albufera por el estrecho vínculo físico que lo une al mar exterior, el Mediterráneo, a través de unas pocas comunicaciones (llamadas golas) existentes en la barra arenosa (geomorfológicamente, una isla-barrera) conocida como La Manga, y de una extensa marisma en su sector más septentrional, La Encañizada.

El escándalo proviene de los excesos cometidos por las explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena, comarca litoral que decae altitudinalmente hacia la laguna salada, sirviendo así de sumidero natural para las aguas de escorrentía y los vertidos incontrolados de todo tipo que a través de ramblas o canales alcanzan la masa líquida. Estos abusos se han querido justificar con la prolongada sequía sufrida por estas áreas del Sureste peninsular, que ha obligado a muchos agricultores –pequeños y medianos, así como grandes empresas– a la puesta en marcha de numerosos pozos existentes, en buena medida ilegales, cuyas aguas han de ser desalobradas con dispositivos particulares que, inevitablemente, generan salmuera, un producto de fuerte impacto que ha llegado hasta el Mar Menor por cauces no previstos ni pertenecientes a la extensa red de “salmueroductos” existente (concretamente, por la rambla del Albujón, cauce principal que desagua en él); junto a la salmuera se vierten además cantidades inaceptables de nitratos procedentes del abonado de los cultivos. Y dado que este peculiar ecosistema posee en sus orillas interiores una docena de núcleos de diversa importancia, con miles de habitantes en los casos de Los Alcázares, La Ribera de San Javier o Lo Pagán, del municipio de San Pedro del Pinatar, y centenares en poblados y urbanizaciones de la orilla meridional (Playa Honda, Mar de Cristal, Islas Menores… que es por donde desemboca la rambla del Albujón), la reacción popular no se ha hecho esperar, constituyéndose una plataforma, Pacto por el Mar Menor, que clama contra la degradación de estas aguas y se une a la tradicional, persistente y bien fundada denuncia de los ecologistas locales. El asunto ha alcanzado ya los tribunales, tanto por parte de las asociaciones de vecinos de Cartagena y su comarca como de la propia Fiscalía, ya que este caso aúna agresiones contra el medio ambiente y el territorio así como conductas dolosas e impropias de la parte de las autoridades que, pese a conocer desde siempre estos acontecimientos, prefieren ignorarlos o contemporizar con los agricultores y sus vigorosas organizaciones.

Han consentido en que se llegara a esta situación límite la Confederación Hidrográfica del Segura, que tiene entre sus competencias –las de las antiguas Comisarías de Aguas– el velar por el buen uso de las aguas continentales, y por supuesto la Consejería de Agricultura que, siguiendo una pauta político-administrativa procedente de los años 1990, incluye las competencias de medio ambiente, sistemáticamente minusvaloradas ante el empuje y la importancia económica de lo agrario. Estos órganos político-administrativos no se sienten preocupados por la evidente insostenibilidad de una agricultura, la llamada “mediterránea”, voraz en el uso de agua, fertilizantes y pesticidas precisamente en una tierra donde los recursos hídricos brillan por su escasez, y que depende en gran medida de los caudales, ajenos, que el trasvase Tajo-Segura le suministra. Estas características hacen que aguas, suelos y –como el caso que comentamos demuestra– el ecosistema del Mar Menor, de alto valor naturalístico además de económico, resulten afectados y degradados. Entre los valores de trascendencia económica alcanzados y perjudicados, agudizando el estatus de incompatibilidad de la agricultura del entorno, están la pesca interior y el turismo: los pescadores han protestado, como llevan haciendo en muy diferente grado desde que el ensanchamiento a principios de los años de 1970 del canal del Estacio (una de las golas seculares de comunicación con el mar exterior) modificara la salinidad y temperatura de la albufera, induciendo cambios, negativos, en las especies y las capturas; y acerca de las repercusiones sobre la afluencia turística -La Manga, por otra parte un engendro urbano-turístico de impacto demoledor, recibe cada año no menos de doscientos mil veraneantes-, las autoridades turísticas han lamentado, no el drama ecológico de la albufera, sino el perjuicio que el escándalo haya podido producir en la imagen turística de la zona, sin duda la principal de la región. Siguiendo la tradición fraguista, el consejero del ramo ha considerado oportuno combatir la posible desafección de futuros turistas zampándose una ración de langostinos del Mar Menor como prueba irrefutable de que sus aguas están en perfectas condiciones.

Las resistencias son de envergadura, pero el análisis de la realidad ecológico-económica del Campo de Cartagena y de las áreas litorales mediterráneas no deja lugar a dudas: se trata de una agricultura que de hecho está altamente subvencionada, tanto por el medio ambiente como por el sufrimiento humano; que llaman competitiva porque no paga sus costes ambientales y porque somete a sus trabajadores, en gran medida extranjeros, a niveles salariales mínimos y que, al haberse especializado en la exportación, deja en el país muy graves problemas ambientales a cambio de enviar fuera, adherida al producto, un agua de la que malamente se dispone.

El cuadro paradigmático de ecología política se cierra y completa con un tercer elemento iluminador de este modelo agrario –junto con la agresividad y la insostenibilidad–, que es la intimidación a que las organizaciones agrarias someten permanentemente a las autoridades y, en buena medida, a la opinión pública. Arrogándose en definitiva la posesión de las esencias de la economía regional (que sigue calificándose, falsamente, de agrícola) muchos agricultores y sus organizaciones exigen una y otra vez más agua y libertad sin restricciones para irrigar sus campos (en los que figuran miles de hectáreas ilegales, que son toleradas como los son los pozos no autorizados); y le han cogido el gusto a amenazar con movilizaciones si sus peticiones no son atendidas. Al mismo tiempo, y como suelen desde hace años, advierten que no van a admitir restricciones de índole ambiental que perjudiquen esta agricultura (tan fuertemente depredadora), y así lo han hecho ya frente al Plan de Gestión Integral del Mar Menor y de la Franja Litoral Mediterránea murciana, lo que implicará, según muestra la historia regional, que ese Plan fracase en su nacimiento y que se sigan dilatando las medidas administrativas sobre ciertas áreas litorales teóricamente protegidas (como la conflictiva Marina de Cope).

(*) Pedro Costa Morata es ingeniero, sociólogo y periodista.