Nuevos impuestos o la Seguridad Social quebrará
El debate estrella de esta campaña electoral, pero también en el futuro inmediato será, sin duda, el futuro de la Seguridad Social. No hay que olvidar que el Fondo de Reserva está próximo a ser vaciado, algo que estaba previsto, aunque más adelante, por lo que necesitaremos fuentes de financiación alternativa si queremos seguir pagando las pensiones a nuestros mayores, especialmente las pagas extras.
La realidad actuarial del sistema público de pensiones sí que cumple la profecía autocumplida que llevan años lanzando los enemigos del sistema público: el sistema no es sostenible, algo en lo que coinciden los liberales más acérrimos, como personajes como Corcuera, tan de moda ahora para los medios de comunicación del espectro de la derecha y extrema derecha. Es decir, si tenemos en cuenta la pirámide de población y las expectativas de empleo, salarios y nuevos pensionistas, nos encontramos con un agujero patrimonial que se puede cuantificar en unos 17.000 millones de euros anuales, de forma estructural. Es decir, aquellos que siguen defendiendo el empleo precario y la deflación salarial, son los mismos que anuncian que es necesario hacerse un plan de pensiones privado, para así perder el escaso ahorro que algunos pueden atesorar tras pagar todas las facturas y comprarse la vivienda principal.
Un ejemplo lo tenemos en el año 2015, año en el que el empleo creció a un ritmo del 3%, según las estadísticas oficiales, pero la recaudación apenas se elevó en 300 millones de euros, lo cual revela la escasa sensibilidad de los ingresos por cuotas, al nuevo empleo que se crea. Esto tiene que ver, además, con la cada vez más plausible situación a futuro, que es el fin del mal llamado pleno empleo. La globalización económica, el proceso de declive industrial y el aumento de la inestabilidad en los servicios han dado lugar a profundos cambios en las estructuras del mercado de trabajo. Las pautas de empleo contemporáneo favorecen, por un lado, el crecimiento de ocupaciones profesionales y de alta cualificación, y por otro, el de trabajos precarizados y escasamente cualificados. En consecuencia, se ha producido una progresiva polarización entre las personas cualificadas y no cualificadas dentro de la segmentación de los distintos mercados de trabajo. Estos procesos han afectado principalmente a sectores urbanos e industriales. Por tanto, ya no se puede decir alegremente que solo con crecimiento y empleo, el sistema de pensiones será sostenible a medio y largo plazo.
El fin del pleno empleo y el desempleo masivo entre algunos sectores sociales han presionado sobre los sistemas de protección social, en general muy debilitados por las políticas de oferta impuestas por los grandes ideólogos: Reagan y Tatcher. Los estados del bienestar se han enfrentado al dilema de ofrecer una protección social igualitaria, basada en altas contribuciones, o incentivar la creación de empleo rebajando la presión impositiva. Ello ha otorgado al sistema asistencial mayor protagonismo para dar respuesta a las necesidades de quienes no trabajan estando en edad de hacerlo y están afectados por los cambios del mercado de trabajo y de las pautas familiares, creándose el caldo de cultivo social para el establecimiento de alguna fórmula de renta universal.
A la falta de sintonía con los nuevos sectores necesitados, hay que unir el brusco recorte y la orientación disciplinaria que han experimentado las políticas sociales tras la crisis fiscal de los estados occidentales y la influencia de los planteamientos neoliberales. En su mayor parte, la argumentación crítica neoliberal ha mantenido que las estructuras del bienestar son ineficaces para la dinamización del empleo y desincentivan la búsqueda activa de empleo. No hay que olvidar los mecanismos llevados a cabo en España, con un recorte de la cuantía y la longitud de las prestaciones contributivas, bajo el argumento de que eso activa la búsqueda de trabajo y no permite la relajación de los parados a la hora de tratar activamente de encontrar un puesto de trabajo. A pesar de haber tenido un éxito limitado, las propuestas de recorte han impregnado los discursos: privatización de los sistemas de protección, flexibilización de las cargas laborales y orientación de las prestaciones hacia necesidades específicas.
Con el fin del pleno empleo y la rebaja de las contribuciones, tanto, de hecho, como de facto a través de la deflación salarial, y sin solución a corto plazo de la pirámide poblacional, solo queda pensar en formulas impositivas específicas para financiar el desfase entre ingresos y gastos en el sistema público de pensiones. Una vez se desgajó de la Seguridad Social de la financiación de la sanidad, queda pendiente, como primer paso, una nueva separación de fuentes de financiación. Por ejemplo, las pensiones de viudedad, orfandad y los complementos a mínimos deberían salir de la caja única y pasar a ser financiadas por impuestos, como hacen otros sistemas. Pero, además, como ha propuesto con acierto estos días el candidato socialista, Pedro Sánchez, urge la creación de figuras impositivas específicas y finalistas que financien el sistema público de pensiones, como tienen los franceses. En Francia, existen contribuciones especiales que gravan diferentes servicios y actividades, como el propio sistema financiero, que sirven para sufragar de forma específica el sistema público de pensiones. Gracias a esto y a una política de natalidad estructural, Francia decida al pago de pensiones más del 13% del PIB, lo cual se explica también porque tienen una edad de jubilación más temprana.
El gasto total en pensiones ha venido creciendo de forma notable durante los últimos años en España, a pesar de las continuas medidas de control del gasto que han llevado a cabo tanto los gobiernos de Zapatero como los de Rajoy. Las últimas cifras, en datos homogéneos SEEPROS, indican que España dedica casi un 11% del PIB al pago de pensiones, y en las proyecciones de la CE, este gasto podría llegar al 14%, superior a la media de la UE-27. Esta presión del gasto, y los problemas de ingresos, seguirán presionando a los diferentes gobiernos para mantener la política de recorte de la pensión media, y de la elevación de la edad de jubilación. Ahondando aún más, las cotizaciones sociales han perdido peso respecto al PIB (-0,45%). Esto se debe a que la cotización media ha bajado más que la productividad por afiliado (-0,05%).
En resumen, solo con nuevas formas impositivas, por ejemplo, sobre el sector financiero (transacciones financieras o alguna figura similar), o impuestos específicos que recaigan en las rentas más altas que son las que pueden ahorrar, será viable la financiación del sistema público de pensiones. El basar toda la esperanza en el empleo y el crecimiento, como el PP y Ciudadanos, solo buscan engañar a la población y no entrar en el verdadero problema. A largo plazo, las políticas de natalidad y la inmigración pueden remediar el grave problema de sostenibilidad. Por el otro lado, también se puede reducir la esperanza de vida, minando el sistema público de salud, elevando el copago farmacéutico y de dependencia a los percentiles de renta más bajos. Tal vez, en eso estén pensando algunos.
