Palomares, año 50: la humillación, que no cesa, del amigo americano

Pedro Costa Morata *

Y en aquel cielo de luminosidad cegadora, sobre el mar y los campos apacibles del sureste peninsular, quedó marcada la desgracia para siempre, a cargo de la Guerra Fría, sí, pero más en concreto, y sobre todo, por la discrecionalidad con que las fuerzas aéreas norteamericanas surcaban nuestros cielos 'conteniendo' al enemigo soviético con la vigilancia de sus gigantescos B-52 portadores, cada uno, de cuatro bombas termonucleares; bombas que cayeron, tras el accidente sufrido por uno de estos superbombarderos cuando repostaba con un avión cisterna KC-135, colisionando ambos, incendiándose y soltando su carga diabólica. Una de estas bombas cayó en el mar y no fue recuperada hasta casi tres meses más tarde, y las otras tres en tierra, destruyéndose dos de ellas y esparciendo su carga radiactiva por el entorno terrestre del poblado de Palomares, del municipio almeriense de Cuevas del Almanzora.

Era el mediodía del 17 de enero de 1966, hace ahora 50 años, y la contaminación radiactiva producida por la difusión de radionúclidos contenidos en las bombas –el Plutonio 239, el Americio 241– persiste tal y como ordenan las leyes de la física, debido a la dificilísima, casi imposible, limpieza de esos elementos en tierras, raíces y atmósfera, una vez liberados… Al poco del accidente ya rastrillaron las fuerzas norteamericanas desembarcadas en las playas de Palomares unos centímetros de suelo afectado y parte de las cosechas existentes para embidonar y depositar el total (unos 1.500 m³) en un cementerio nuclear en los Estados Unidos. Pero eran tiempos de oscuridad informativa, de censura y bloqueo de cuanto el régimen consideraba lesivo o inoportuno y poco pudo hacerse para exigir más seriedad y contundencia; se iniciaron, sí, las visitas anuales de un cierto número de vecinos a la sede de la Junta de Energía Nuclear (JEN) a pasar examen y acumular expedientes que ningún interesado pudo ver. Hubo que esperar a 1985 y a la maduración democrática para que, parcialmente, el oscurantismo se rompiera, con nuevos avances informativos cuando en 1996 los propios Estados Unidos levantaron el secreto de 30 años de la que fue llamada 'Operación Flecha Rota'. Pero, generalmente, dentro de una prudencia informativa general más que destacable, en la que todo el mundo parecía querer tranquilizar a la población y respaldar los datos técnicos –nunca alarmantes– que con cuentagotas fueron conociéndose; contribuyó a ello el trato siempre deferente hacia la presencia y los intereses de Estados Unidos en España y en el mundo, más la tendencia patológica de los organismos oficiales –la JEN siempre, el Consejo de Seguridad Nuclear en sus inicios– y, sobre todo, la deferencia asustadiza de nuestros gobiernos, de manera singular nuestros ministros de Asuntos Exteriores. Una tradición mediáticamente iniciada con Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo en aquellas fechas, cuyo famoso baño en aguas de Palomares, sonriendo junto al embajador norteamericano, quiso tranquilizar a una opinión pública poco y mal informada (que aun así pudo deducir que, previamente, el fogoso y racial político ya se había desprendido de sus pantalones).

Y así, medio siglo después del infausto acontecimiento, sigue existiendo contaminación radiactiva en el entorno de Palomares, con presencia detectable en el ambiente de radioisótopos de altísima toxicidad y persistencia (como el terrorífico Plutonio-239); y algunos, pocos, estudios independientes sobre la situación ambiental del área afectada han advertido que también las aguas y los sedimentos marinos retenían ciertos niveles de radiactividad. En paralelo, el hecho político más persistente, la voluntad determinante en este relato humillante ha sido la laxitud del gobierno norteamericano, que ha eludido en lo posible sus obligaciones –ayudado, ya digo, por el escaso espíritu reivindicativo de nuestros representantes políticos– negando información, racaneando la financiación de un proceso de descontaminación muy prolongado y manteniendo ocultos hechos graves y, probablemente, criminales como las dos zanjas clandestinas en las que sepultaron tierra altamente radiactiva antes de abandonar la zona (y de evacuar las primeras toneladas extraídas de suelo radiactivo), que fueron descubiertas a partir del proceso de estudio, investigación y limpieza que acometió a finales de la década de 1990 el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT, parcial heredero de la fenecida JEN).

En cierta medida, la reactivación política y mediática de este asunto en los últimos años se ha debido al empeño del hasta 2015 alcalde (y senador) de Cuevas del Almanzora, Jesús Caicedo, un populista autoritario del PP que ha querido jugar todos los papeles en este juego pero que se ha distinguido especialmente por sus ansias urbanísticas, entre las que incluyó terrenos afectados por la contaminación radiactiva; esto obligó, tras el revuelo, a que el Estado expropiara 21 hectáreas previstas como urbanizables. Caicedo quiso combinar su afán de notoriedad (cierto reivindicacionismo, más falso que cauto) con el afán de que el asunto Palomares pasase desapercibido, para llevar a cabo sus ambiciosos planes inmobiliarios (en eso, en el afán de discreción, parece también coincidir el actual alcalde, del PSOE).

El caso es que cuando los Estados Unidos decidieron en 2010 que ya no pagaban los 400.000 dólares con que financiaban la vigilancia de la contaminación ambiental y los análisis de sangre de unos 1.500 vecinos de Palomares, España tuvo que asumir ese coste y la responsabilidad de enfrentarse a 50.000 m³ de tierra contaminada que quedan por limpiar y 'recolocar' a un coste no menor de 25 millones de euros. Y ahí andan, forcejeando (dicen), mientras el CIEMAT parece hacer lo que puede aunque siguiendo, también, la tradición del establishment nuclear español: diciendo que no hay que preocuparse y que “Palomares está limpio”, en evidente contradicción con las labores que se realizan y con la cruda realidad.

Viene al caso –aun renunciando a aludir a la extensa nómina de personajes que han ocupado un lugar de alguna relevancia en esta saga interminable– aludir al extraño caso de algunos ecologistas que, como Igor Parra, delegado de Ecologistas en Acción en el asunto de Palomares, que ha realizado una indescriptible (imprudente, en primer lugar) tarea de enlace con el CIEMAT al tiempo que estaba vinculado con el Instituto de Paleontología que desarrolla las investigaciones de Atapuerca; extraña mixtura que se ha relacionado también con la idea de crear (sobre la desgracia radiactiva y las ansias de notoriedad urbanístico-litoral en torno a Palomares) un 'Parque de las Civilizaciones Mediterráneas y sus Tecnologías', para cuya dirección se llegó a postular Eudald Carbonell, famoso científico relacionado con Atapuerca.

Palomares ha seguido siendo, en el fondo, un problema menor para los diversos gobiernos españoles. Así, ni Zapatero estimó oportuno exigir más implicación norteamericana en este molesto asunto cuando accedió a someter la base de Rota al 'escudo antimisiles' (que, sin la menor seriedad, se consideró necesario para prevenir ataques desde Irán e incluso desde Corea del Norte…) ni Rajoy ha planteado nada parecido cuando ha admitido en la base de Morón un importante contingente de tropas norteamericanas listas para intervenir en el Sahel: dos cesiones de soberanía que se inscriben en la misma tradición de aquel Fraga lacayo y que, en realidad, naciera en 1953, cuando unimos nuestra suerte a los intereses norteamericanos.

(*) Pedro Costa Morata es ingeniero, sociólogo y periodista.