Víctor Arrogante *
La desigualdad extrema en el mundo está alcanzando cotas insoportables y la pobreza es su consecuencia. El 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% de las personas del planeta. Esta es una de las conclusiones de Oxfam Intermón en su informe anual. Es imposible combatir con éxito la pobreza sin abordar de manera decidida la desigualdad social.
Esto no es un estudio, son notas, apreciaciones y ocurrencias mías sobre el informe «Una economía al servicio del 1%», que presenta datos que estremecen. El trabajo analiza el incremento de la desigualdad por la distribución de la renta y la riqueza, y el cómo y por qué se ha llegado a esta situación. Concluye con algo muy grave y desalentador: las pruebas que demuestran que la desigualdad está fuera de control. Al reducirse la capacidad distributiva de los Estados, aumenta la desigualdad, y esto es inaceptable.
La desigualdad extrema se ha convertido en la enfermedad de este siglo. La crisis económica y financiera estalló hace nueve años y no hizo sino agudizar una tendencia que venía apreciándose: mayor concentración de riqueza en menos manos. 62 personas poseen la misma riqueza que 3.600 millones, la mitad de la población mundial. De no producirse un giro hacia políticas justas que redistribuyan mejor, que garanticen la igualdad de oportunidades, todo seguirá como hasta ahora, haciendo más ricos a unos pocos, mucho más vulnerables a la gran mayoría, y condenando a la exclusión social a la mayor parte de la sociedad. Desde el inicio del presente siglo, la mitad más pobre de la población mundial sólo ha recibido el 1% del incremento total de la riqueza, mientras que el 50% de esa «nueva riqueza» ha ido a parar a los bolsillos del 1% más rico. La desigualdad se puede evitar. Con principios democráticos y valores de justicia se encuentran las soluciones.
La riqueza de las 62 personas más ricas del planeta ha aumentado hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. En los últimos 25 años, los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población mundial, en quienes se concentran pobreza, hambre y exclusión, han aumentado menos de tres dólares al año. Sus ingresos diarios han aumentado menos de un centavo al año. Datos que marean, incluso que pueden dejar frío o confundir por su dimensión. Para combatir con éxito la pobreza, hay que hacer frente a la desigualdad.
La desigualdad social no es natural. No existe porque las cosas sean así y así tengan que seguir siendo, sino como consecuencia de la injusticia provocada y consentida. Quienes la promueven lo hacen por egoísmo y ambición sin medida. Poco les importa las condiciones en las que puedan vivir los demás. La desigualdad se produce por la imposibilidad de acceder a los recursos de todo tipo y servicios. La desigualdad está asociada al poder, al género, a la etnia o la condición personal. La desigualdad se da por discriminación de unos individuos hacia otros, por su posición económica, religiosa, raza y color de piel. La humanidad desprotege a los suyos y es capaz de infringir dolor y muerte a los miembros de su propia especie por codicia. «El hombre es un lobo para el hombre», con mis respetos al amigo Canis lupus que aprecio.
En España, el 1% de la población más rica concentra tanta riqueza como la del 80% más pobre. No es que no lo supiéramos, pero ver en negro sobre blanco lo que se percibía, revuelve más la conciencia y clama justicia. 20 personas ostentan un patrimonio de 115.100 millones de euros, lo que equivale a la riqueza del 30% de la población más pobre. El patrimonio de estas grandes fortunas se incrementó un 15% en 2015, año en el que la riqueza del 99% restante cayó un 15%. La población en situación de pobreza y exclusión ha alcanzado en 2014 su máximo histórico, 13,4 millones de personas, que sufren las consecuencias de la desigualdad, lo que representa un 29,2% del total de la población. El nuevo Parlamento y el futuro Gobierno deben poner toda su capacidad contra la desigualdad, con la máxima prioridad, para dar la vuelta a la situación. Hagan un esfuerzo en pro de la justicia social ¡Céntrense en ello, please!
El informe Oxfam muestra cómo la desigualdad afecta de manera desproporcionada a las mujeres. De las 62 personas más ricas, 53 son hombres y tan solo 9 son mujeres. Desigualdad y género están asociados. Las mujeres tienen una menor influencia financiera, mayor dificultad para incorporarse al mercado de trabajo, menores salarios a igual trabajo, mayor dificultad a encontrar un empleo digno, mayor carga de trabajo no remunerado y menos probabilidades de llegar a presidentas de grandes compañías. Los datos muestran el panorama desolador en el que vivimos y hay que cambiarlo.
Una sociedad decente, que considere la dignidad como un valor, tiene que acabar con los privilegios y la concentración de poder para frenar la desigualdad extrema en el mundo, que ha alcanzando cotas insoportables. Quienes concentran el poder en los sectores económicos de influencia gastan grandes cantidades en lobby para conseguir desregulaciones o regulaciones que les beneficien. El poder y los privilegios se utilizan para manipular el sistema económico y ampliar la brecha, dejando sin esperanza a cientos de millones de personas. El entramado mundial de paraísos fiscales permite que una minoría privilegiada oculte más de 7,6 billones de dólares. En España, 17 de las empresas del Ibex35 no pagan el Impuesto de Sociedades, gracias a los mecanismos de planificación fiscal. Atacar el complejo entramado de paraísos fiscales, que hace posible que se vacíen las arcas públicas, es fundamental para combatir la desigualdad.
Según Oxfam, ocho de cada diez europeos encuestados consideran que las leyes deben cambiarse y reforzarse para poner freno al abuso de los paraísos fiscales, que ocultan los beneficios de la delincuencia organizada de los poderosos. En España, el 82% de la ciudadanía coincide en la necesidad de reforzar los marcos reguladores y un 70% considera que la ingeniería fiscal de las grandes empresas transnacionales priva de acceso a educación y sanidad a los países en desarrollo. Según los datos, América Latina pierde casi la mitad de sus ingresos potenciales por la evasión fiscal sobre los beneficios empresariales.
Es alarmante el crecimiento de la exclusión social en nuestro país, que se sitúa entre los cinco más desiguales de Europa, sólo superado por Portugal, Italia y Grecia. Desde que empezó la crisis, España es el segundo país de la Unión Europea en el que más ha crecido la brecha salarial. Desde el inicio, casi medio millón de personas han caído en situación de riesgo y exclusión por año, mientras el 1% concentra tanta riqueza como el 80% más pobre. El Banco Mundial prevé que, si no se cambia la tendencia a favor de los desprotegidos, en 2030 no se habrá logrado erradicar la pobreza extrema y 500 millones de personas seguirán viviendo por debajo del umbral de 1,90 dólares al día. La lucha contra la desigualdad se debe combatir globalmente, no solo en el ámbito nacional o europeo. Todas las personas deben poder acceder al ejercicio de los mismos derechos, así como a los servicios y recursos de todo tipo.
Oxfam confía en que una de la medidas que el nuevo Gobierno y Parlamento pongan en marcha para reducir la desigualdad sea una ley contra la evasión fiscal, por la que se establezcan medidas más efectivas de control, se dote de los recursos necesarios para poner fin a la evasión y elusión fiscal de grandes empresas y fortunas. Los nuevos poderes deben contribuir a que en el ámbito global se logren consensos para impulsar un sistema fiscal internacional justo contra la desigualdad. Las empresas e individuos deben tributar en función de su capacidad y de su actividad económica real, por lo que se debe trasladar la carga tributaria del trabajo y el consumo al patrimonio y al capital. Hay que gravar más a los que más tienen y acabar con sus privilegios.
La concentración de riqueza extrema ha roto el equilibrio entre democracia y capitalismo a favor de este último. Esta situación debe invertirse decididamente. Los poderes económicos tienen más influencia sobre los políticos y pone en evidencia la actuación de estos últimos, que no se sabe bien a quienes representan y al servicio de quienes están. Los beneficios del crecimiento y la riqueza generada se concentran en pocas personas de muy altos vuelos, lo que conduce a un planeta con dos velocidades que es consentido, cuando no diseñado, por la clase dirigente a favor de los de siempre.
Hay que blindar las políticas sociales y asegurar suficientes recursos económicos para garantizar los derechos básicos y la igualdad de oportunidades de todas las personas en el acceso a la educación, la sanidad y protección social. Garantizar unos ingresos mínimos a todos los hogares y personas que les permitan llegar a fin de mes. Garantizar empleo y remuneraciones suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Establecer normativas que reduzcan las diferencias salariales. Reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Reforzar los sistemas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en las instituciones. Promover la cooperación internacional para el desarrollo, dando prioridad a la ayuda a los refugiados en sus lugares de origen.
Iniciamos una nueva legislatura, enfrentada a una sociedad más desigual y empobrecida, con un reto: luchar contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad. Las fuerzas políticas deben escuchar el grito ciudadano y ofrecer alternativas con políticas justas que redistribuyan mejor y garanticen la igualdad de oportunidades. El escenario trágico de desigualdad y pobreza en el que nos encontramos puede cambiarse.