Algunas propuestas políticas para un gobierno de progreso
Fernando Álvarez-Uría *
Tras las elecciones generales del día 20 de diciembre, el próximo gobierno democrático que tendrá que gobernar en España deberá adoptar decisiones políticas pensadas y razonadas en función del interés general. Previamente será preciso negociar, llegar a acuerdos, conformar un pacto de gobierno entre distintos partidos en el que cada grupo político debería establecer un programa de medidas prioritarias. Para consensuar ese pacto, que el país reclama para salir de la inestabilidad, será preciso que los partidos actúen con generosidad, pero también con claridad. Frente a tantas líneas rojas, que obstaculizan los acuerdos, trataré de esbozar más bien algunas líneas de fuerza, algunas propuestas políticas que podrían servir para enriquecer la apuesta de los partidos políticos progresistas a la hora de contribuir a conformar un gobierno reformista.
1. La mayoría de los partidos políticos españoles, en aras de lo que consideran un discurso moderno, propio de la nueva política, ignoran el pasado, y aunque anuncian sin fisuras un futuro idílico al alcance de la mano, olvidan que el futuro tan sólo se construye sobre un diagnóstico certero del presente, lo que implica a la vez ser conscientes de las peores herencias recibidas del pasado para hacerles frente. En este sentido me gustaría que una de las primeras medidas del nuevo gobierno, salido de las negociaciones entre partidos, fuese consensuar un reconocimiento explícito de la legalidad republicana y de la deuda contraída por la actual democracia española con todos los defensores de la legitimidad democracia que, derrotados por el golpe militar y la guerra, se vieron condenados al ostracismo, a la muerte, o a un terrible exilio impuesto por los vencedores. Es de justicia rendir un homenaje público a todos los hombres y mujeres que defendieron la legitimidad legal de la II República, y que en muchas ocasiones combatieron también contra el fascismo. También es de justicia que todos los muertos que aún permanecen enterrados en las cunetas, o en las fosas comunes, sean rehabilitados para que la memoria compartida permita que cicatricen las heridas de la guerra. Según los datos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, aún quedan 2.400 fosas por abrir, y es preciso exhumar esos restos para que, quienes fueron perseguidos y asesinados, tras tantos años de desprecio por la vida humana, al fin descansen en paz arropados por el reconocimiento social que se merecen.
2. El problema central de la actual democracia española es el desempleo de los sin trabajo y la precarización del trabajo. España casi triplica la tasa media de paro de los 34 países de la OCDE y, con una tasa de desempleo de cerca del 21% de la población activa, casi dobla la media de la zona euro. Las cifras son aún perores en lo que se refiere al desempleo juvenil que golpea a cerca del 50% de los jóvenes, una tasa que está 30 puntos por encima de la media de la zona euro. Crear empleo, combatir la precariedad laboral, la temporalidad, los contratos-basura, el sexismo laboral, vincular derechos sociales al trabajo, constituye una prioridad que obliga a un gran pacto social y político por el empleo, un gran acuerdo entre todos los partidos políticos para dignificar y repartir el trabajo, un pacto que movilice no sólo a la patronal, a las formaciones políticas ,y a los sindicatos, sino también a la administración del Estado, y a toda la sociedad en su conjunto.
3. El mundo rural español ha sido el gran ausente de la pasada campaña electoral, y sin embargo es una importante fuente de riqueza, además de ser un yacimiento de empleo, como dicen los modernos. La extensión de la agro-ecología, la creación de cooperativas de jóvenes agricultores, la formación de cooperativas y empresas de transformación de alimentos, no sólo permitiría hacer frente al proceso de desertificación del que nadie se parece preocupar, no solo serviría para potenciar los mercados locales con productos de calidad, sino que también serviría de base para pequeñas industrias que proporcionarían a las materias primas un valor añadido. Es increíble que un país tan turístico como España aún no haya declarado la guerra a los herbicidas y pesticidas, a los transgénicos, y puesto en marcha un proyecto ambicioso de rehabilitación y cuidado del mundo rural, que pasa por defender los ecosistemas, prevenir los incendios, movilizar social y culturalmente a los ciudadanos en los ayuntamientos, ampliar el número de parques naturales y cuidar zonas de enorme valor ecológico.
4. En íntima relación con la primera medida propuesta de reavivar la memoria histórica sería preciso abogar por la recuperación del patrimonio cultural común, tanto material como inmaterial, tantas veces olvidado, cuando no saqueado. Urge una ley que convierta en patrimonio común de todos los españoles los monumentos nacionales, incluida la mezquita de Córdoba. Urge aprobar una legislación que proteja los yacimientos de las culturas ibéricas- Es preciso un inventario de los monumentos nacionales y de interés histórico, inventariar y proteger cuadros y objetos valiosos que pertenecen a colecciones privadas. Es preciso detener la sangría de robos, expolios, y venta en el extranjero de bienes de valor incalculable que forman parte del patrimonio colectivo. Es preciso que los ciudadanos asuman como propiedad común el ingente legado cultural heredado.
5. Joaquín Casta, que fustigó del caciquismo, y fue el gran impulsor del regeneracionismo, hizo reposar su programa progresista de reformas sobre tres pilares: escuela, despensa, e higiene. A unas condiciones saludables de alimentación y de vida se ha de añadir una medicina pública de calidad, así como un sistema educativo público y laico que combata el elevado fracaso escolar existente en nuestro país, y eleve el nivel cultural extendiendo la pasión por el conocimiento. No se producirá un incremento significativo del nivel cultural mientras no se creen las condiciones para poner en valor las conquistas del conocimiento. El pacto por un gobierno de progreso debería implicar un pacto por la educación pública, y el desarrollo de proyectos científicos estratégicos, y también un pacto para crear instituciones en el espacio público al abrigo de las luchas partidistas. En este sentido sería urgente tanto un estatuto de la televisión pública, como el que disfruta en Inglaterra la BBC, en el que trabajen con profesionalidad y libertad periodistas independientes, y también la independencia de organismos de observación y diagnóstico de los problemas sociales, como el Centro de Investigaciones Sociológicas. Este centro debería operar al servicio de los gobiernos y de la investigación sin depender de los gobiernos de turno, lo que permitiría a los profesionales de las ciencias sociales y políticas realizar un trabajo de calidad liberado de intereses partidistas.
6. En la actualidad, tras la derrota de ETA, una banda que ha supuesto un lastre enorme en el proceso de transición de nuestro país a la democracia, uno de los principales obstáculos para que se produzca un impulso democratizador en la política española, siguen siendo los nacionalismos secesionistas. Necesitamos que los partidos de las llamadas nacionalidades históricas salgan de sus cotos privados, se alejen de los fundamentalismos religiosos, y se comprometan en la gobernabilidad de España y de Europa. Desde una perspectiva de izquierdas es indudable que la cuestión social, el enfrentamiento entre las clases, la posibilidad de que la sociedad se fracture entre una minoría de ricos y una mayoría de ciudadanos instalados en la precariedad, constituye la cuestión palpitante. Los programas de solidaridad y redistribución de la riqueza, junto con el internacionalismo constituyen las señas de identidad de la izquierda. Puestos a decidir, somos muchos los que reclamamos en España el derecho a decidir la república como forma de gobierno, frente a la actual reinstauración monárquica, y también somos muchos los europeístas que reclamamos la capacidad de decidir de los países integrados en la Unión Europea para la formación de los Estados Unidos de Europa.
El neoliberalismo triunfante en estos últimos treinta años no solo ha generado una gran desestructuración del tejido productivo, un crecimiento feroz del capitalismo especulativo y de la corrupción, ha abierto la vía a sociedades marcadas por enormes desigualdades económicas, culturales, laborales, de género, regionales... Desigualdades que suponen un ataque brutal contra los sistemas establecidos de protección social, y que por tanto son un desmentido fáctico del modelo social europeo conquistado con tanto esfuerzo de los trabajadores. La fuerza de los nuevos partidos jóvenes debería servir de acicate para una renovación en profundidad del proyecto socialdemócrata heredado, un proyecto que debería primar sobre el protagonismo personal de determinados líderes políticos. Domesticar al mercado es una cuestión de vida o muerte para la democracia, y se puede hacer si a la vez avanzamos hacia una Europa federal. A mi juicio, la principal seña de identidad de un proyecto político progresista de gobierno, que beneficie a las clases populares y a las clases medias, radica en la determinación de tratar de resolver la cuestión social, y en asumir las consecuencias de la fraternidad internacionalista. Los seres humanos nacen libres, iguales y no sometidos a servidumbre. Pensar en términos universales de justicia y de humanidad resulta incompatible con bandos y banderas desplegados por partidos reaccionarios, anclados en los fanatismos nacionalistas y en actitudes xenófobas.
El ecologismo, el pacifismo, el feminismo, los movimientos sociales están llamados a contribuir a esa revolución socio-cultural que es preciso librar desde las asociaciones, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el gobierno central, una movilización general que este país necesita como una bocanada de aire puro para respirar. La izquierda debe estar a la altura de las demandas sociales de estos tiempos revueltos; debe asumir con confianza el reto de ayudar a construir para todos, y entre todos, una moral social que sirva de dique de contención contra la corrupción: la moral laica de la ciudadanía. Un compromiso ético que nos permita avanzar desde la solidaridad hacia una sociedad más justa y democrática. Sí, se puede.
