La economía es, sin duda, el eje sobre el que pivota toda la actividad electoral en estos días previos a la cita del día 20 de diciembre. Esto es así, además, porque España se mantiene dentro de un pozo que, más allá de la coyuntura, presenta serias dificultades para poder encarar el futuro con cierto optimismo.
Dentro de la mediocridad general que presentan las formaciones políticas hoy día, que se puedo ver en el debate del siglo del pasado día 7, aunque faltase Izquierda Unida, hay partidos que tienen más responsabilidades que otros, y este es el caso del PSOE. El PSOE era el partido que vertebraba una parte sustancial de la sociedad tras la reinstauración de la democracia, y así lo quiso la sociedad española otorgándole el mando político durante 21 de los más de 30 años de democracia que llevamos. El deterioro de la organización, que hoy lucha por conservar el segundo puesto según la mayoría de encuestas, es fruto de un fracaso más amplio e internacional: el de la socialdemocracia clásica acomodada. Esta contingencia en España tiene también tintes propios. La ciénaga de corrupción pasada y presente, el abandono progresivo de los electores afines, la convergencia ideológica con los principios económicos liberales y conservadores, y la renuncia a principios esenciales tradicionales como el republicanismo o la aconfesionalidad, real del Estado, han puesto al PSOE al borde del abismo.
Junto a esto, el enrocamiento interno ha dado como fruto la llegada a la cúpula de un equipo tan mediocre como incapaz para liderar una alternativa de izquierdas real y creíble, máxime si se nombra como responsable económico a un ilustre representante de la corriente social-liberal más nítida como Jordi Sevilla, ejemplo de lo que es el cuerpo de Economistas del Estado. Esta costumbre mantiene la tradición de las últimas décadas, es decir, pretender dar una imagen de ser un partido de izquierdas, pero en el ámbito económico entregar todo el poder a representantes de la corriente social-liberal, como Solbes, Solchaga o Salgado, perfectamente intercambiables con ministros del PP.
Con estos antecedentes, el PSOE encara las elecciones más decisivas con un programa económico muy parecido al que presentó en 2011 y también en 2004 y 2008. La diferencia es que en este periodo hemos sufrido una de las peores crisis económicas que se recuerdan, y de la que todavía no hemos salido, aunque el programa no haga ninguna referencia a ello. Éste es uno de los principales déficits de la propuesta económica del PSOE, pretende trasladar todo el escenario económico a 2007, como si en aquel momento se hubiese alcanzado el cénit del progreso y el bienestar y todo debiese converger en dicho periodo. Es decir, el PSOE no reconoce en ningún momento, salvo Miguel Sebastián en su libro 'La falsa bonanza', el daño que hizo la burbuja inmobiliaria que los sucesivos gobiernos de Zapatero se encargaron en cuidar y alentar, aunque el origen fuese la ley del suelo de Aznar de 1998.
Por ende, el principal problema del programa del PSOE parte del propio diagnóstico. Apenas hablan del grave problema de la deuda, pública y privada, y nada aportan para su alivio o restructuración. Desconocen que este volumen de deuda es impagable en condiciones de estancamiento económico prolongado, como es el caso que nos ocupa, agravado por un proceso de descenso de precios que eleva el valor facial de la deuda. Por otro lado, tampoco dedican mucho espacio a estudiar el riesgo de colapso internacional de los mercados financieros en el caso que los bancos centrales retiren los apoyos monetarios que están ayudando a generar una nueva burbuja en dichos mercados y que la fuerte caída de los precios de materias primas y comercio internacional ayudan a anticipar una posible brusca corrección que nos llevaría a un nuevo episodio recesivo.
Con todo ello, el programa económico del PSOE es un compendio de medidas, muchas de ellas repetidas de programas anteriores, vagas, voluntaristas, incoherentes con experiencias de gobierno y diseñado por funcionarios muy alejados de la realidad económica y empresarial del país. Es, por tanto, un programa en esencia muy poco creíble y hecho sabiendo que no se va a gobernar.
Empezando por el apartado fiscal, la propuesta socialista es vaga e imprecisa y no atiende a una pregunta lógica: van a elevar o reducir la carga fiscal. No hay que olvidar que España tiene una presión fiscal, ingresos tributarios sobre PIB, del 33%, frente al 46%, teniendo en cuenta que en el mejor momento de la burbuja tuvimos el 38%. Esto nos da margen de incremento de las bases imponibles de todos los impuestos, eso sí, haciendo de la redistribución un elemento clave. Aquí es donde menos credibilidad tiene el PSOE. No hay que olvidar que durante el mandato de Zapatero el Impuesto de Sociedades fue un coladero para que las grandes empresas redujesen sus tipos efectivos hasta niveles ínfimos, algo que tímidamente ha intentado revertir el PP en esta legislatura. Así mismo, el PSOE es ahora beligerante con la fiscalidad de las SICAV cuando fueron quienes las regularon, aunque es cierto que el PP eliminó la supervisión del Banco de España. Por otro lado, fue el PSOE quien eliminó de facto el Impuesto de Patrimonio aduciendo que era confiscatorio, ahora parece que vuelve a la idea de recuperarlo, aunque es un tributo cedido a las Comunidades Autónomas. La propuesta fiscal en 2015 repite gran parte de lo que luego en el gobierno no se hizo: más funcionarios para la Agencia Tributaria, endurecimiento de la fiscalidad para las grandes empresas y tímidas bajadas de algunos productos y servicios en el IVA (cultura). Globalmente, el PSOE carece de una propuesta fiscal rigurosa y que sea verificable cuando se ha gobernado.
En materia de mercado de trabajo, tampoco han entendido mucho del verdadero problema que tenemos en España. Por un lado, la mayor parte de las medidas son medidas de oferta, como los modelos de contratación, que ahora quieren simplificar cuando fueron responsables de la maraña de contratos y la propensión a la contratación temporal. De nuevo, gracias a los funcionarios que han hecho el programa, se llena de normativa, cambios en las leyes y ahora se eliminan todas las bonificaciones, algo que saben no van a poder cumplir. El PSOE ha acostumbrado a las empresas a que para cada caso se ha creado una bonificación a la Seguridad Social, lo mismo que una exención fiscal, notándose cómo los lobbys circulaban por el Ministerio de Solbes, y luego Salgado, entre 2004 y 2011. Otro clásico es la ampliación de la plantilla de Inspectores de Trabajo, en un número de 3000, como si ello fuese solución para un problema endémico del mercado laboral español. En ningún momento se hace referencia al verdadero problema en España: la demanda efectiva, el patrón de crecimiento y la escasa cualificación. Para ello, el PSOE básicamente propone medidas aisladas sobre temporalidad, algo que ayudó a provocar, y una discriminación para empresas que contraten temporalmente, algo que ya existe. Para paliar el grave problema de formación y recualificación, hace todo un ejercicio de ciencia ficción basado en laboratorios, agencias, observatorios y fondos de financiación para la transición de esa bolsa de parados de larga duración para convertirlos en trabajadores 4.0, sin que medie ningún estadio intermedio para poder recolocar de forma creíble a esta bolsa de trabajadores excluidos. Apenas trata el grave problema de las familias sin ingresos, y los parados crónicos de más de 50 años, salvo una tímida referencia a subsidios de desempleo para mayores de 52 años y alguna referencia a ingresos mínimos vitales, sin concretar cuantía.
Es en la parte de financiación de empresas y en el emprendimiento donde más dudas hay, máxime porque repite lo ya expuesto en 2004 y 2008 sobre los PAITS, reducción de tiempo de creación de empresas, sucesión de fondos del ICO, CDTI, etc. No se da cuenta que todo lo que tenga que ver con el sector público en materia de financiación adolece de un gran conocimiento sobre valoración de proyectos y necesidades reales de empresa, lo cual está abocado al fracaso, como ha sido la financiación pública en estos años, más preocupada por financiar grandes proyectos de grandes empresas. Las referencias a Bankia y la Sareb demuestran, una vez más, la falta de coraje para crear, de verdad una gran banca pública profesional y que pudiese llenar el vacío que deja la banca comercial en algunos sectores productivos.
Finalmente, en materia de pensiones, de nuevo, indefinición e incoherencia. El PSOE llevó a cabo una reforma que trataba de reducir la pensión media, elevar la edad de jubilación, sin tocar las fuentes de financiación del sistema público. La temporalidad en época del PSOE, cuyo porcentaje era similar al de ahora, un 30%, también dañó el sistema, aunque la euforia económica de la época no dejó entrever el verdadero problema. Ahora, con la conjunción de la recesión y la reforma laboral, los riesgos del sistema han aumentado de forma significativa sin que se hayan puesto los cimientos para una corrección que pasan por impuestos finalistas, como en Francia, y subida de salarios.
En resumen, el PSOE vuelve a proponer muchas cosas que ya propuso en 2004, 2008 y 2011 y que no cumplió. El programa es un compendio de deseos, poca concreción, muy conservador en materia de financiación pública, trufado de creación de agencias, laboratorios y observatorios, y poco pegado a la realidad. Se nota que no hay muchos empresarios y actores de la sociedad civil entre los creadores y sí funcionarios de élite, muy conservadores y liberales, que alejan al PSOE de gran parte de sus electores potenciales.
(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.
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