Soberanía contra secesionismo

Ferrán Gallego *

 El debate de investidura que se ha producido en el Parlament de Cataluña entre el 10 y el 12 de noviembre ha concentrado algunos de los temas centrales de la crisis política en que nos hallamos en el conjunto de España –y, de hecho, en el espacio común de la UE-. Ha esquivado la verbalización clara y rotunda de algunas cuestiones fundamentales, pero en la misma necesidad de sortear campos de enfrentamiento incómodos para lo que el marxismo que Groucho llamaría las partes contratantes de la primera parte, se ha revelado la sustancia de una crisis orgánica del sistema. Una crisis que algunos pretenden reducir a uno solo de sus aspectos –la quiebra del régimen español de la Transición-, acoger en uno solo de sus escenarios –el del “derecho a decidir” del pueblo catalán-, y resolver en una sola de sus posibilidades –la declaración de independencia.

 En el espacio que se aconseja para no desalentar a los lectores, poca cosa puede hacerse más que empezar a plantear algunas cuestiones reveladoras del significado profundo de la movilización soberanista catalana.  Y considerar de qué modo lo que se presenta ahora mismo como opción maximalista, destinada a satisfacer una aspiración democrática, republicana, social y nacional del pueblo catalán, puede acabar frustrando la oportunidad, inédita hasta este tiempo, de responder a la crisis orgánica del sistema con lo que debe y puede estar a su altura. Esto es, la formación de un movimiento cuya base social, forma organizativa y estrategia política estén relacionados directamente con la naturaleza de la crisis. Un movimiento que, en este aspecto, sea fiel a la tradición cultural de la izquierda revolucionaria, que nunca dejó de establecer los parámetros de su actuación en congruencia con el ciclo que emprendía el capitalismo.  Un movimiento que, de la misma manera que en otras fases de lucha llamó a construir un partido nacional desde la perspectiva de clase, ahora esté en condiciones de edificar una nueva conciencia y espacio de clase desde la experiencia de la movilización nacional.

El debate parlamentario ha mostrado la gravedad del peligro en el que nos hallamos, del mismo modo que ha revelado las inmensas posibilidades que sería tan insensato desdeñar. La escenificación de una voluntad de acuerdo estratégico entre CDC, ERC y la CUP se ha exhibido por los portavoces de las tres formaciones como el deber de representar adecuadamente la voluntad del pueblo catalán, que no habría sido posible llevar a las urnas más que como resultado de las inmensas movilizaciones realizadas en los últimos años. Esa legitimación se ha afirmado como fundamento de desobediencia civil y como derecho a establecer un nuevo marco legal que responda a una fuente de soberanía distinta a la de la Constitución de 1978.

Esta propuesta aparentemente maximalista ha ido acompañada de una grandilocuencia que, en determinados casos, no puede despertar más que el rubor de los espectadores y la indignación de quienes han de removerse en sus tumbas. La portavoz de Esquerra Republicana llegó a proclamar que la genealogía de Junts pel Sí –pues en nombre de esta coalición intervenía- partía del sufrimiento de los trabajadores que se dejaban la vida en largas jornadas de explotación. Que eso se blanda como bandera de un partido que cerró con sus votos el paso al gobierno de la Generalitat a las clases trabajadoras de Cataluña al apostar por un acuerdo con la UCD y el pujolismo, resulta inquietante. Que, encima, se exprese como camuflaje histórico una bancada en la que asientan sus posaderas la derecha nacionalista catalana, que ahora usa la memoria de la esclavitud para hacer pasar sus intereses por emancipación, lo es mucho más aún. Que, en ese escenario verbal, la CUP pueda actuar como agente de gestación de mayorías de gobierno, es desolador.

Porque el voto negativo, que no excluye rectificación en el futuro, en nada cambia la determinación del campo de alianzas que se ha elegido. Alianzas que, además, se han expresado como proceso de constitución de una mayoría nacional liberadora, no como mero acuerdo coyuntural de circunstancias. Ciertamente, la movilización que se ha producido en Cataluña ha ido teniendo, de forma cada vez más intensa, la tonalidad de una toma de conciencia que se manifiesta como reivindicación de soberanía. Pero la soberanía no es la secesión y la construcción de un Estado propio. O no se limita a esa posibilidad. El soberanismo parte del reconocimiento de la cancelación de la voluntad de las clases populares por un sistema que se ha deslegitimado visiblemente, presentándose como una cáscara vacía que en nada responde a su propia justificación representativa. El soberanismo no puede reducirse a la secesión, porque lo que reclama es la conquista de la democracia, de los derechos sociales, del control de la existencia, del regreso de una comunidad en que los individuos se ven como parte de un sujeto colectivo y fraterno.

Esa inmensa toma de conciencia masiva ha sido puesta de manifiesto por la crisis. Ha dejado de ser teorización de una minoría política para ser sentimiento derramado en las movilizaciones, ocupación del espacio público, fijación de un campo de lucha, elección de una dinámica que, por primera vez en muchos años, puede ser favorable a los trabajadores. Con su capacidad reveladora, la crisis ha permitido que se declare un estado de excepción, una suspensión de la normalidad política que responde a la paralela interrupción de la democracia con que el capitalismo deseaba ejercitar su impunidad histórica.  No es el nacionalismo y, desde luego, no es el nacionalismo que ha gestionado el sistema en Cataluña desde 1980. Es la voluntad de responder a las graves lesiones sufridas por la democracia con una radicalización de la voluntad de soberanía del pueblo.

Lo que se ha planteado en el Parlament estos días no responde a la sustancia de ese movimiento y hace peligrar la plena realización de sus objetivos. La propuesta secesionista obtura los horizontes de la movilización por tres motivos, al menos. Primero, porque obliga a establecer una alianza prioritaria –¡y que se presenta en su forma orgánica de fundación de un nuevo sistema!- con las clases dirigentes del régimen de 1978 en Cataluña, desdeñando la participación en un proceso constituyente al que sea llamado el conjunto de la izquierda y solamente la izquierda. Segundo, porque plantea el objetivo de una secesión y de un Estado propio que se basará en una verdadera revolución pasiva: en la hegemonía, con más recursos políticos en sus manos, con un plus de representatividad social, de las clases dominantes a cuyas necesidades respondió el proyecto de autonomía diseñado en los años setenta y ochenta. Los de la apertura del ciclo de la globalización y los de la marcha hacia la Unión Europea, precisamente.

El tercer motivo es el más grave y el que está brotando con menos frecuencia en la escenificación de este debate. De continuar las cosas así, el secesionismo habrá mostrado su capacidad de frustrar las verdaderas aspiraciones de quienes se han movilizado por la soberanía en Cataluña. Y cerrará las posibilidades de creación de un nuevo sujeto, de un bloque histórico constituido por quienes desean abrir un proceso constituyente en el conjunto de España y establecer relaciones estrechas con la rebelión de los pueblos del sur de Europa contra el modelo social dominante. En lugar de eso, ofrecen un desvío que desean presentarnos como atajo, pero que conduce a otra parte. A la constitución de un nuevo Estado en el que la hegemonía corresponda al transformismo de la vieja oligarquía catalana, tristemente legitimada por una movilización soberanista que debe despojarla de su poder y de su repentino y sorprendente prestigio.

(*) Ferrán Gallego es historiador.