El contrato precario más caro del mercado laboral

Yolanda Ponce *

Ponga “contrato para la formación” en cualquier buscador y obtendrá un amplio listado de entidades que se ofrecen a impartir los cursos y realizar la tramitación administrativa asociados a esta modalidad contractual. Academias y consultoras, que habían visto reducidos sus ingresos cuando la formación a distancia tradicional, poco eficiente y difícil de inspeccionar, dejó de financiarse a través de programas públicos de formación para el empleo, tienen desde hace algo más de dos años una nueva y floreciente línea de negocio.

Lo explico. Según el Estatuto de los Trabajadores, el contrato para la formación y el aprendizaje tiene por objeto que jóvenes con bajo nivel educativo consigan, a través de la alternancia entre actividad laboral retribuida y actividad formativa, un título de Formación Profesional, un Certificado de Profesionalidad u otra certificación académica que facilite su inserción laboral. La retribución que reciben es proporcional al tiempo de trabajo efectivo -el 75% de la jornada durante el primer año y 85% el segundo y tercer año- y no puede ser inferior al porcentaje correspondiente del salario mínimo interprofesional (o sea, 486€ al mes).El resto del tiempo debe dedicarse a formación.

Sin embargo, a finales de 2012, el gobierno del Partido Popular introdujo tres grandes cambios. Primero, sustituyó el requisito de que la persona contratada no tuviera una cualificación acreditada, por el de que no tuviera una cualificación acreditada para desempeñar la ocupación para la que se le contrataba. Así, un doctor en farmacia, por ejemplo, puede ser contratado para aprender la ocupación de reponedor de gran almacén.

Segundo, suprimió el requisito de que la formación inherente al contrato condujera a la obtención de una titulación o certificado y fuera impartida por centros habilitados para ello. Se permite que el aprendiz realice formación, diseñada por la propia empresa contratante o impartida a distancia en centros autorizados por el SEPE, por la que no obtiene ninguna acreditación oficial. Obviamente, los cursos realizados a distancia o en la empresa difuminan la línea entre “aula y taller” y facilitan que la jornada de trabajo real de los jóvenes supere el tope marcado por la ley.

En tercer y último lugar, añadió un generosísimo paquete de bonificaciones, probablemente el mejor del mercado laboral, que incluye la exención total de las cotizaciones a la Seguridad Social de empresa y trabajador, incluso si se trata de un autónomo que contrata a un familiar directo, y la financiación de la actividad formativa cuando se realiza en centros privados (si es en centros públicos, no se financia nada).

Esos centros facturan 344€ al mes por trabajador si el curso es presencial y 215€ si es a distancia. Para hacernos una idea de los beneficios que obtienen, pensemos que la matrícula completa de un año académico (60 créditos de grado) en una universidad pública cuesta, por término medio,1.110 €, y que en el mercado hay cursos para obtener un título de FP a distancia por 55€ al mes.Y pensemos también que hay entidades autorizadas para impartir formación hasta de 140 ocupaciones, de ebanista a operador de planta química y de tapicero a recepcionista de hotel.

Puede argumentarse que es demagógico comparar precios de cursos sin tener en cuenta sus características. La cualificación de los formadores, la calidad de los materiales didácticos e instalaciones, la relevancia académica del título obtenido y su valor para insertarse laboralmente inciden, sin duda, en él. Pues bien, a juzgar por las explicaciones que dan algunas academias en sus páginas web, la actividad formativa inherente al contrato consiste en enviar al alumno, cada seis meses, los manuales que necesitará para su formación teórica en ese periodo acompañados de los test que deberán ser cumplimentados y remitidos a la entidad formativa, y enviar a la empresa un “pack” con una guía didáctica, un cuestionario de calidad, el programa formativo y las instrucciones para que el tutor empresarial (el propio empresario o cualquier persona designada por él) realice un seguimiento del alumno.

He señalado que, al no ser acreditable, la formación no abre la puerta a un itinerario académico posterior. Tampoco contribuye a la inserción laboral del joven contratado. Según un informe elaborado por CCOO a partir de datos del SEPE, el año pasado, por cada cien contratos para la formación y el aprendizaje realizados, sólo dos se convirtieron en indefinidos, la mitad que en los contratos eventuales por circunstancias de la producción.

Pero hay más: Las ocupaciones en las que se formó un mayor número de jóvenes son de baja cualificación: asalariado de servicios de restauración, o sea camarero, (35.357 contratados, un 25% del total), dependiente en tiendas y almacenes (26.404, un 19%); trabajador en obras estructurales de construcción, probablemente peón, (6.026, un 4%), empleados administrativos sin tareas de atención al público (5.011, un 4%) y personal de limpieza (4.334 jóvenes, un 3%).

En suma, este contrato precario no sirve ni para cualificar ni para insertar a los jóvenes y sin embargo es extremadamente costoso para el erario público. El informe que hemos mencionado estima que solo en 2014, el importe de la formación–suponiendo que se realizara a distancia, la presencial sería más cara aun- fue de, al menos,180 millones de euros, a los que hay que añadir, como mínimo, la misma cantidad por las reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Estamos pues ante un proceso de precarización incentivada del trabajo que no obedece ni a la crisis ni a desajustes entre la oferta y la demanda de cualificaciones, sino a la torpeza o los intereses de los responsables del Ministerio de Empleo.

Un último detalle. Escribía M. J. Sánchez Leyva en un excelente artículo llamado La Ocupación del Lenguaje que, como en la “neolengua” de Orwell, la propaganda del Partido Popular recurría a menudo a “negroblancos”, inversiones del significado común de los vocablos. Cospedal llamó“Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos” al programa de recortes del gobierno de Castilla-La Mancha y Montoro “Proceso de regularización de activos ocultos” a la amnistía fiscal. ¿Cómo creen que ha llamado el gobierno a la formación asociada al contrato para la formación y el aprendizaje, devaluada tras la reforma de 2012? Pues,“Formación dual del sistema laboral”.

(*) Yolanda Ponce es miembro de la Secretaría Confederal de Formación de CCOO y autora del informe El fraude de los contratos para la formación y el aprendizaje.