La campaña de Rajoy: crecimiento con subdesarrollo

Pedro Costa Morata *

Tiene mucho de tramposo el esfuerzo del presidente Rajoy, y de todo el PP, por llegar a las elecciones de este año con un balance que merezca aprobación, apelando a pretendidos éxitos económicos cifrados en un doble crecimiento: el del PIB y el del empleo. Esta campaña, de factura meramente publicitaria, corresponde a un esfuerzo desesperado para afrontar con las menores pérdidas posibles cinco procesos electorales; pero no parece suficiente para hacernos olvidar a la mayoría de los españoles el estado miserable en que sus cuatro años nos han sumido. Nuestro caso es el de un descenso a los infiernos por la planificación minuciosa de un despojo, consistente en incrementar todo lo posible la riqueza de las capas altas, directivos y accionistas de empresas, destacadamente, y hundir los salarios y los asalariados, desposeyéndolos incluso de capacidad física de resistencia.

Quiere, ante todo, ocultar una doble mentira ya que ni el PIB ni el empleo emergente merecen calificarse con notas positivas, aceptables o esperanzadoras. Lo que no es, evidentemente, una cuestión de pobreza conceptual de unos políticos que han tomado al asalto la economía española; ya que el crecimiento, en cuanto a evolución cuantitativa del proceso económico (PIB), no es un indicador que defina mejoras sustanciales que merezcan la consideración de signos realmente positivos para la población maltratada. El PIB debe considerarse una deficiente construcción política de mínimo valor en la economía real y de merecida suspicacia en lo social.

Porque crecer según el modelo rajoyano (tan estándar como frívolo, tan universal como evasivo) puede conseguirse en un plazo breve y de muchas maneras, todas ellas indeseables: participando en una aventura militar exterior, fomentando los accidentes de la carretera o del trabajo, vendiendo una isla balear o canaria a un país o un potentado, transfiriendo bienes públicos al mejor postor… y con otras ocurrencias que entran dentro de lo posible e incluso de la práctica de los Estados liberales, como la enajenación sin pausa de lo público-productivo: empresas energéticas o de telecomunicaciones en particular. Y que, por supuesto, pueden aportar incrementos sustanciales del PIB en uno o varios años. De esa forma se obtiene crecimiento, pero no desarrollo, que es de lo que se trata. La confusión semántica es parte significativa en las economías injustas, de saqueo o desequilibrio, y por eso se insiste y exhibe el crecimiento como indicador principal, pese al descrédito, las invectivas y acusaciones que sufrió, por peyorativo, en las décadas de 1960 y 70 (antes, claro, de la arremetida neoliberal). Lo que más nítidamente califica al desarrollo es su contenido y finalidad sociales, y esto es lo que repugna a unos charlatanes que pretenden vender el crecimiento del PIB –mera agregación aritmética de elementos en buena medida condenables o inconfesables– como un logro de política económica y una justificación de sus políticas económicas agresivas. ¿Cuál es la lógica, que no sea perversa y acientífica, de un eslogan que insiste en el crecimiento económico sobre las ruinas de una sociedad forzada a regresar veinte años? ¿Y cómo no calificar de indecentes los esfuerzos por traducir ese crecimiento en aumento de un empleo que es escaso y pseudo-esclavista, destinado a apuntalar miles de situaciones de perenne necesidad?

Se lo relaciona con el crecimiento, pero nada tiene de desarrollo el espectáculo del empleo en la España actual. La honrosa, respetable e incluso sublime actividad que llamamos trabajo creen estos farsantes que pueden impedir que haya de considerarse, en el momento actual, como tarea humillante que no contribuye a mejorar la situación general de nuestra sociedad. Imposible ignorar cómo cunden, por la generosidad infame de las reformas laborales, esos salarios de 450 euros por media jornada legal (pero con tareas que absorben la jornada entera), a quienes se obliga a hacerse autónomos y a utilizar su vehículo (sin sufragar sus gastos), resultando una pérdida adquisitiva neta, que sólo se resuelve con la esperanza del “beneficiario” de que lo que es llamado empleo resulte precario y breve… Este prodigio de la España liberal, en crecimiento, obliga en realidad a pagar para obtener un empleo.

Y todavía los empresarios –en concreto, esa “tercera cámara”, exhibicionista pero ilegal, el Consejo Empresarial para la Competitividad, que viene marcando las directrices económicas al Gobierno de Rajoy– insisten en más reformas liberalizadoras para conseguir dos millones de empleos adicionales, profundizando en el subdesarrollo.

El envilecimiento sistemático del empleo nuevo es la prueba más dramática de subdesarrollo, y a la vez desacredita el discurso del crecimiento que pretende ser salvífico y marcar la vía adecuada para la salida de la crisis. Pero los datos de esta decidida marcha atrás se nutren de esa extensa y violenta panoplia de recortes salvajes habidos en educación, sanidad y servicios públicos, exactamente en todo cuando define e ilustra el desarrollo que, al quebrar, muta en subdesarrollo. Con la generación incesante de pobreza y desigualdad se ha llegado a la desestructuración social de un país en el que durante años (desde finales de la década de 1970, si no antes) se venía configurando y robusteciendo una clase media que marcaba un sólido optimismo de cara al futuro. Se ha obligado a millones de ciudadanos a admitir la bajada definitiva del listón de un bienestar que, aunque enfrentado a la agresión neoliberal y los castigos de la Unión Europea, había alcanzado un nivel aceptable, si no satisfactorio. Y se nos quiere convencer de que ha de ser así.

Y todo ello, con regresión democrática, que no sólo viene de la mano de una legislación represiva y reaccionaria sino que, también, despoja a las autonomías y los municipios de poderes y competencias que se consideraban consolidados, además de justos: la Ley General de Telecomunicaciones y las modificaciones en la de Hidrocarburos, por ejemplo, buscan impedir que los ciudadanos y sus representantes más directos puedan alzarse contra los abusos de las grandes empresas rechazando la instalación, por ejemplo, de ciertas antenas de telefonía móvil o la actividad del fracking; y estas son prácticas propias del subdesarrollo.

Ni es el momento, ni los portavoces de este fatuo optimismo económico lo entenderían, pero en estas circunstancias no debe extrañar que se vaya asentando la crítica fundamentada de esta fanfarria del crecimiento oponiéndole el decrecimiento, que nada tiene de provocación ni desvarío: sino de una propuesta que define el proceso de desarrollo socioeconómico con mínimos éticos y con la salvaguardia, con visión de futuro, de los recursos y el medio ambiente; y en esto poco o nada tiene que ver el PIB.

(*) Pedro Costa Morata es ingeniero, sociólogo y periodista.