Forzando una nueva burbuja inmobiliaria

La economía española busca desesperadamente volver a disfrutar de una burbuja inmobiliaria donde los pelotazos urbanísticos vuelvan a florecer y, por tanto, todo el excedente de mano de obra barata y poco cualificada pueda, de nuevo, ser objeto de explotación laboral.

Este éxtasis lo comparten tanto economistas del establisment como buena parte de los políticos de una gran parte del país, tanto del PP como del PSOE, ya que es la única coyuntura que les permitirá ir a las elecciones con alguna posibilidad de paliar el desastre que se avecina.

En lugar de cambiar radicalmente el modelo productivo, lo que implica pensar, trabajar y tener un coeficiente intelectual relativamente elevado, para buena parte de la clase política española lo más fácil es fomentar que las grúas vuelvan al paisaje urbano, y con ello un nuevo episodio de sobreacumulación de inmuebles u obra civil no necesaria.

Este es el panorama que se vislumbra analizando los datos de la EPA del primer trimestre de 2015, que es cierto que tradicionalmente suelen arrojar destrucción de empleo por factores estacionales. En resumen, las cifras más relevantes arrojan una destrucción neta de empleo, con una caída de ocupados de más de 114.300 empleos, fundamentalmente empleo temporal, con un ligero repunte de la tasa de paro hasta el 23,78%, a pesar de la caída de la actividad en 127.400, lo que deja la tasa de actividad por debajo del 60% y la tasa de empleo se queda en el 45%. En términos anuales, el empleo crece a un ritmo del 3%, el desempleo desciende a un ritmo del 8% y la actividad apenas se mueve. Si desestacionalizamos las series, el empleo avanzó ligeramente, un 0,4%.

En este trimestre se han vislumbrado dos elementos que pueden responder a factores coyunturales, todos ellos relacionados con la búsqueda de la ansiada burbuja inmobiliaria salvadora de una clase política alejada de la realidad y relativamente corrupta. El primer elemento es el hecho de que la construcción ya crea empleo neto, es verdad que tras un ajuste brutal, y en el último año ya se han creado 30.000 empleos, todos ellos temporales y con jornadas de trabajo inhumanas. Y por otro lado, en este trimestre el sector público, en año electoral múltiple, creó más de 29.000 empleos. Esto simplemente recoge las pequeñas obras que los Ayuntamientos han puesto en marcha para justificar y pedir el voto a los incautos que creen que su puesto de trabajo les sacará de la pobreza, lo que realmente es triste.

La fotografía, más allá de las cifras puntuales, sigue mostrando un país con un mercado de trabajo profundamente enfermo, con niveles de actividad y ocupación que no permiten crecer de forma saneada y que únicamente nos abocan a empleos precarios, mal pagados, lo que sin duda pondrá en serio riesgo la solvencia de la Seguridad Social. Las cifras de temporalidad son claras: un 24,5% del total de asalariados son temporales, creciendo este tipo de empleos un 5% en tasa anual, lo que se traduce en un incremento de los trabajadores con jornada parcial en un 3,3%, frente al 2,9% de los que disfrutan de jornada a tiempo completo. Estas cifras son el reflejo del impacto que ha tenido la reforma laboral que ha logrado un hito sin parangón: destruir más de 2,5 millones de empleos a tiempo completo y transformar, ya de forma estructural, el mercado laboral en un mercado eminentemente precario.

Con este panorama, ¿hacia dónde vamos en España? Las cifras son tozudas y muestran una economía marcada fundamentalmente por la inactividad. En la actualidad hay más de 15,7 millones de inactivos, dentro de los cuales hay que contabilizar que hay casi 5 millones de hogares con todos sus miembros inactivos, a los que hay que unir más de 5 millones de desempleados y 8 millones de pensionistas. Es decir, hay casi 20 millones de personas que no producen y están en muchos casos fuera del sistema productivo. La pregunta es qué se puede hacer cuando una economía expulsa a este porcentaje del sistema y les obliga a entrar en la exclusión y en la pobreza. Esto va a condicionar, sin duda, el devenir de buena parte de las próximas generaciones, que van a tener que emigrar o refugiarse en el hogar paterno, si es que éste puede seguir manteniendo hasta tres generaciones, como es el caso de una parte significativa de hogares. No hay que olvidar que casi 1,8 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro, lo que sin duda es otro elemento disuasorio para que la equidad vuelva a instalarse en la economía española.

Las tendencias en los diferentes sectores transitan hacia una recuperación de la construcción, base esencial de las expectativas de creación de empleo en 2015. Aun así, en 2015 y 2016 la participación en el PIB de dicho sector apenas repuntará hasta del 7%, frente a los históricos 13% y 12% de 2006 y 2007. La industria se estancará en niveles del 13,7% y 13,5%, lo cual da idea de que seguimos empeñados en crear empleo en el sector servicios y en la construcción, lo cual sólo nos traerá un nuevo episodio de inflación de activos, aunque la presión de los precios generales de la economía retrasará lo que tantos están deseando; especular con viviendas para relanzar el crédito, y con ello, la alegría ficticia de un país cada vez más atrasado y pobre.

La gravedad de la situación, sin duda, se centra en la distribución geográfica del desempleo. Las regiones de Andalucía, Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha marcan el récord en la UE, y lo peor es que no se puede hablar de coyuntura, sino de estructura. Estas zonas de España acarrean un problema endémico de debilidad empresarial, estructura productiva deficiente y un nivel formativo que hace que la empleabilidad de una gran parte de esta población tienda a cero. Lo peor es que la resignación se ha apoderado de la clase política, y también de la sociedad, que sigue votando a aquellos que han traído este escenario año tras año, desde hace más de 30 años. Sin un cambio profundo del paradigma económico en España, y particularmente en el eje mediterráneo, Andalucía, Murcia y las dos Castillas, estaremos condenando a gran parte de esa población al desempleo crónico, la beneficencia y el atraso económico, cultural y formativo.

Desgraciadamente, nada hay en el horizonte que nos permita ser optimistas. Si el presidente del Gobierno y muchos economistas de la Corte han lanzado las campanas al vuelo con los datos de la EPA de hoy, es que ya reconocen que esta es la situación que nos espera en el futuro. Las mejores perspectivas nos indican que el empleo precrisis se alcanzará en 2020, lo cual es ya grave por naturaleza. Entonces teníamos un mercado laboral con más de un 30% de temporalidad. En suma, no hay señales de mejoría en el drama laboral y social de la economía española.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.