Presupuestos para pagar la deuda

La Ley de Presupuestos para 2015 marca el final de una de las peores legislaturas a nivel económico que ha tenido la economía española en las últimas décadas. Junto a la segunda del presidente Zapatero, han dejado a España en una situación cercana a la bancarrota fiscal y financiera, fruto de la inacción en solucionar los graves problemas que tiene la economía española.

El primer problema, que es congénito al de la mayor parte de países europeos y se extiende por la corriente de pensamiento dominante, es el diagnóstico de la situación. Según esta corriente, y sus satélites financieros, es que estamos ante una crisis típica de oferta, coyuntural y que sólo requiere de medidas de reducción de costes relativos, desmantelamiento del gasto público en servicios básicos y consolidación fiscal, para destinar todos los ingresos públicos y privados al pago de la deuda.

Este diagnóstico erróneo, además, tiene el problema añadido de que pilla a España en un estadio de plena subordinación a las imposiciones de la Troika comunitaria y a los mercados financieros que, en forma de grandes fondos de pensiones, amenazan con la retirada masiva de fondos ante cualquier veleidad de intentar modificar las políticas que ellos consideran ortodoxas y correctas.

Frente a este diagnóstico erróneo, cada vez son más los analistas, economistas e incluso periodistas, que se atreven a cuestionar todo este mantra que revolotea el Ecofin, que es donde se reúnen básicamente los exbanqueros de banca de inversión y otros representantes del mundo financiero. La realidad nos la muestra mejor que nadie un economista japonés, Richard Koo que resume en dos palabras nuestra situación: recesión de balances. Estamos en un mundo dominado por la economía financiera que ha perdido el ritmo de la economía productiva y ha sustituido transacciones de bienes y servicios por millones de operaciones financieras, básicamente especulativas. Esto ha generado Estados, pero sobre todo agentes económicos privados que han sido infectados por el virus de la deuda y han llenado sus carteras de endeudamiento, lo que en el pasado pudo impulsar el consumo y la inversión, hasta que las enormes burbujas se rompieron y destrozaron todo el tejido productivo.

Estamos por tanto ante una crisis profunda de deuda, tanto pública como privada, alentada por los bancos centrales que han inundado de liquidez el sistema, con la paradoja de que la retribución no especulativa de dicha liquidez es cercana a cero. Ante esta crisis de deuda, que en España se acerca a los 4 billones de euros, lo que nunca hubo que hacer, una política restrictiva de gasto público y privado, eliminar la inversión y deflaccionar los salarios y las rentas, nos ha empujado a la segunda fase que explica Koo, la deflación por deuda. Los agentes económicos luchan por desapalancarse, básicamente cayendo en la bancarrota o limitando el gasto hasta parar la economía. Esto se ha dejado notar en los sectores industriales, comercio y especialmente en servicios básicos, como educación, sanidad, dependencia y ciencia e investigación.

La consecuencia lógica de esta deriva política y económica es que las carteras de créditos morosos se disparan, la banca entra en una situación de insolvencia, que no de iliquidez, y por ende el flujo de crédito no fluye, por más que el BCE se empeñe, tarde eso sí, en intentar japonizarse y montar helicópteros desde los que lanzar euros. Los resultados de toda esta política han surtido efectos. La reforma laboral ha fulminado la negociación colectiva, menos del 50% de trabajadores cubiertos por convenio lo que ha supuesto una pérdida de salario para los trabajadores de más de un 15% en los últimos cinco años, lo que unido al hundimiento del poder adquisitivo de pensionistas y funcionarios, configuran la principal rémora para que el crecimiento pueda fluir. La maquinaria de la escuela de pensamiento de oferta también ha logrado generar la mayor crisis de equidad que se recuerda en los últimos años, algo de lo que son cómplices los dos presidentes títeres que hemos tenido desde que se inició la crisis.

Frente a esta ofensiva ideológica, todas las opciones diferentes han sido dilapidadas y difuminadas y apenas dejan traspasar alternativas económicas solventes, que las hay, y que deberían pasar por procesos de restructuración de deuda, tanto pública, como privada, siempre de forma coordinada, como se ha hecho con Grecia, Irlanda o Islandia.

La elaboración de los Presupuestos de 2015, lo mismo que los anteriores, parte de un cuadro macroeconómico subordinado y preso de falta de realismo y objetividad. Incorpora previsiones incumplibles, especialmente las de crecimiento, recaudación fiscal y creación de empleo. Básicamente, el Presupuesto se dirige hacia el pago de los intereses de la deuda, más de 35.000 millones de euros, mientras que las partidas de inversión, gasto de personal, ciencia, educación o sanidad, apenas recuperan algo de lo recortado en estos cuatro años.

El gasto no financiero del Estado apenas ha crecido un 1,7% en los últimos cuatro años, es decir unos 2.850 millones, lo que refleja la realidad de la acción del Estado en los últimos cuatro años. Los gastos en intereses de la deuda han crecido en más de 12.000 millones, es decir un 12% del PIB acumulado en estos cuatro años, frente a un crecimiento nominal de la economía del -4%. Es decir, el crecimiento de la carga financiera del Estado crece por encima del PIB nominal, algo que todos los modelos económicos demuestran que podemos estar en un punto de explosividad de la deuda. Esto es coherente con nuestra clasificación en el ránking de deuda externa, en segundo lugar de la OCDE, con más de 1,4 billones de dólares, lo que nos deja cerca de una vulnerabilidad extrema.

Sin sectores intensivos de mano de obra que puedan absorber los más de 5 millones de desempleados, sorprende que se pronostiquen la creación de un volumen de empleo superior a los 300.000 por año, cuando al mismo tiempo se están reduciendo las horas de trabajo. La precariedad en el empleo, casi un 22% de empleo a tiempo parcial o media jornada, está dejando a la Seguridad Social con un déficit crónico que supera el 1% anual, lo que sin duda está afectando al funcionamiento presente y futuro e incorpora un riesgo que puede poner en peligro la viabilidad. Con una demografía regresiva, con una emigración de jóvenes en edad fértil cada vez más numerosa, y sin política de familia y conciliación, España se aboca a un envejecimiento que pondrá en riego las pensiones futuras, si no hay un cambio en las cotizaciones sociales al alza. Son realmente sonrojantes las previsiones de ingresos por cotizaciones del 6%, cuando en 2014 no se están cumpliendo las cifras de 2014.

Si el cuadro macreoconómico es voluntarista e incumplible, hecho siempre de forma normativa para cuadrar las cifras de ingresos y gastos y así poder cumplir el déficit público previsto para 2015, un 4,2%, es decir casi dos puntos porcentuales menos que en 2014, lo realmente increíble es el cuadro de ingresos. Un incremento del 5,4% en ingresos será realmente imposible de cumplir cuando se cumpla la entrada en la tercera recesión a la que vamos directos, si no lo remedian Alemania, Francia o Italia, cuyos gobernantes se empeñan en destruir sus propias sociedades. La creencia de que la rebaja de impuestos generará más ingresos fiscales, en presencia de congelación de pensiones, salarios de funcionarios y empleo precario es simplemente tratar de engañar a los neófitos. Las empresas, a pesar de la subida de impuestos parcial, también aportarán más a la recaudación, todo ello apoyado en un crecimiento nominal de la economía del 2,7% nominal o un 2,% real. Para el Ministro de Hacienda la deflación por deuda simplemente no existe.

Más sangrante es la reducción de las prestaciones por desempleo, tanto por la terminación de una parte de los de larga duración, como la reducción de los que restarán en el sistema, algo muy de las políticas de oferta: reducir la cuantía, lo que generará una búsqueda activa de empleo y la colocación automática.

En suma, el Gobierno tendrá que recortar algo más de un 2% el gasto público, con una reducción de ingresos fiscales de 5.000 millones, sin tocar el IVA, y de partidas sociales, como el desempleo, y sin apenas mejorar sanidad, educación o dependencia. Por supuesto, se mantiene la alergia al gasto en ciencia, sólo se distribuyen préstamos, o cooperación al desarrollo. No contempla el impacto del parón económico en Europa y apenas tiene en cuenta el impacto del montante de la deuda. La Seguridad Social mantiene el desfase y se acerca peligrosamente al abismo, todo ello sin plantearse la restructuración ordenada de una parte de la deuda privada y pública que difícilmente se podrá pagar.

(*)  Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.