Europa: ¿dentro o fuera?
Darío Castañé, Lorena Müller y Ángel Vázquez *
Podríamos elaborar una lista de argumentos a favor y en contra de la Unión Europea, pero esta en sí no es la causa de la preocupación ante estas elecciones, sino las que originan sus decisiones contra la ciudadanía.
Por eso, debemos poner en cuestión las formas; qué se nos exige, cuál es el papel que jugaremos y, sobre todo, cómo va a desarrollarse nuestra sociedad y las peculiaridades de nuestro entorno en el contexto continental.
Dicho de otra forma, ¿quién queremos que tome las decisiones en Europa? ¿Los Estados, las grandes empresas o las personas? Europa se construyó como asociación de Estados, pero se quedó en una unión de mercados. Además, las élites financieras han convencido a la mayoría de la ciudadanía de que el poder todavía reside en los gobiernos, mientras que en realidad son las oligarquías financieras las que lo ostentan. Ahí radica la causa principal.
En 2008 lo vimos con las “enmiendas torpedo”, mientras se gestaba el “paquete Telecom”, que afectaba al mercado europeo de telecomunicaciones. Dichas enmiendas fueron el primero de una serie de ataques contra derechos como la libertad de expresión o la privacidad en nombre de los beneficios económicos de grandes empresas de telecomunicaciones. Cuando terminó ya había un europarlamentario pirata, Christian Engström.
Tras el “paquete Telecom” llegó ACTA, otro tratado comercial que colocaba los intereses económicos por encima de todo. La lucha fue peor, al ser transnacionales de todos los sectores las que movieron hilos en negociaciones a puerta cerrada para evitar que la opinión pública conociese lo que estaba en juego.
En 2010, en una de esas reuniones, Engström abandonó la sala ante la prohibición de comunicar nada de lo que allí se dijese. Lo que sucedió después fue la demostración de la importancia de estar presentes en el Europarlamento: el trabajo de dos europarlamentarios piratas, desde el grupo verde, giró las tornas, provocando la división del grupo popular y la oposición del resto.
Tras ACTA continuaron los ataques, siendo TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) el más reciente. Dice ser un acuerdo de armonización de normativas para facilitar la actividad de inversores de un país en otro, pero hay indicios de que lo que ocurra sea la reducción de los estándares sanitarios, medioambientales, laborales, etc. reduciendo las exigencias al nivel más bajo entre los firmantes (principalmente la Unión Europea y Estados Unidos) y el establecimiento de garantías para que, en caso de que alguno de los Estados participantes legisle contra los intereses de las transnacionales, las empresas "perjudicadas" puedan imponer sanciones económicas.
En resumen, vendemos nuestros derechos a favor de los de las empresas garantizando que, si en el futuro decidimos recuperarlos, compensaremos económicamente a las transnacionales con dinero público. Dentro o fuera, estas políticas nos afectarán, por eso la lucha debe seguir desde donde se deciden.
Queremos cambiar la Europa de los mercados por una de las personas, en la que primen la cultura, la diversidad, la solidaridad y el bien común. Para ello, debemos iniciar un proceso constituyente que empiece y acabe en los ciudadanos, que nosotros decidamos nuestras reglas del juego, basadas en respetar los DDHH y en el interés de las personas sobre el de los mercados.
Con el proceso constituyente de la Unión Europea, pretendemos sustituir los tratados actuales y hacer una reforma democrática de la Unión. La Constitución resultante deberá ser fruto de un proceso participativo y abierto a toda la ciudadanía de la Unión, ratificado a través de referéndum.
El poder de los mercados ostentan hoy es excesivo y exigimos la divulgación de su influencia mediante lobbies en las decisiones políticas para proteger el proceso democrático y hacer que estas sean transparentes. Ninguna negociación a puerta cerrada ni que cercena derechos civiles. Inspeccionar, sin justificación previa, todos los encuentros, contratos o beneficios financieros relacionados con la ejecución de proyectos y servicios del sector público es un derecho fundamental de los ciudadanos.
En lo relativo al comercio internacional el Parlamento Europeo, único órgano de la UE que tiene un mandato democrático directo, debería equipararse a la Comisión Europea cuando se trata de políticas comerciales. El Parlamento, a través de su Comisión de Comercio Internacional (INTA) debe participar como un igual a la Comisión Europea en las negociaciones.
Europa necesita ser reconstruida, ser devuelta al espíritu de la Carta de los Derechos Fundamentales. Quedarnos fuera de la misma sería perder esa oportunidad y, contrario a intuición, ceder soberanía sin opción a réplica a los acuerdos globales que establezcan otros.
Un sólo eurodiputado pirata basta para luchar y frenar el avance de las multinacionales buscando reducir nuestros derechos para aumentar sus beneficios. Lo hemos hecho en estos últimos cinco años, volveremos a repetirlo en los siguientes.
