8 de abril, ¿la primavera llegará al Congreso?
Jordi Miralles i Conte *
Han pasado siete meses desde la gran manifestación de la Diada del 11 de Septiembre y el próximo martes, 8 de abril, en el Congreso de los Diputados se discutirá una propuesta del Parlament que permitiría realizar la consulta.
¿Qué ha pasado de significativo en éste espacio de tiempo respecto al problema político (sí, problema político) que se vive sobre las relaciones entre Cataluña y España? El gobierno español y catalán no dialogan. El Parlamento catalán, el gobierno y los partidos catalanes (favorables a la consulta) han hecho propuestas y tomado decisiones: pregunta y fecha de la consulta (9 de noviembre de 2014). La sociedad catalana continúa movilizada en favor del derecho a decidir. Rajoy, sus ministros y dirigentes del PP han dicho: ni diálogo, ni consulta, ni reforma constitucional y han impulsado 157 medidas recentralizadoras y ataques continuados a la lengua catalana (también en el País Valenciano y en las Islas Baleares). El PSOE dice reforma constitucional sí, pero consulta no, y el Tribunal Constitucional recuerda que “el tema” es cosa de los políticos. Es decir, la situación continúa anclada y más polarizada.
El 8 de abril podría ser una oportunidad para desbloquear el tema y, así, que la primavera reentrara en el Congreso con un reflorecer de la democracia en España, pues el pasado 16 de enero el Parlament de Catalunya discutió y aprobó una proposición de ley orgánica presentada por CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP, pidiendo al Congreso de los Diputados la delegación a la Generalitat de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Catalunya. Una proposición que será debatida y votada el próximo martes.
Ésta proposición de ley (conocida como la del artículo 150.2 de la Constitución) es una muestra clarísima de la posición mayoritaria de la sociedad catalana: realizar el proceso dentro de la legalidad y el diálogo. Las vías legales que se han marcado son diversas: un referéndum convocado por la vía del artículo 92 de la Constitución, en el cual la convocatoria no tiene que ser necesariamente de ámbito estatal; un referéndum convocado en Catalunya por delegación del Estado, de acuerdo con el artículo 150.2; un referéndum convocado desde Cataluña, de acuerdo con la Ley 4/2010 del Parlament, hoy vigente; una consulta no refrendataria en los términos de la futura ley que se elabora en el Parlament; una reforma de la Constitución que establezca los derechos y competencias que ahora no están reconocidos.
Volviendo a la segunda de las opciones descritas (referida al 150.2), ésta proposición de ley respeta escrupulosamente la legalidad, sería constitucional. Una proposición, como otras iniciativas enviadas desde los parlamentos autonómicos, pero ésta permitiría abrir un período de negociación desde las instituciones catalanas con el gobierno del Estado y el Congreso. La proposición aclara que el referéndum sería consultivo y se concretaría “a partir de los temas que se acuerden con el Gobierno del Estado” y responde a la necesidad de propiciar el diálogo entre las fuerzas políticas del Estado y las catalanas para garantizar una salida democrática y pactada a la crisis política del modelo de Estado.
PP, PSOE y los aparatos del Estado han de asumir en el siglo XXI que cuando la mayoría de la población cuestiona el marco institucional existente y manifiesta su aspiración a la soberanía, en lógica democrática es necesario establecer mecanismos legales para conocer la voluntad de la ciudadanía.
En ningún caso se puede esgrimir la legalidad constitucional para oponerse a la celebración de un referéndum, primero porque hay mecanismos constitucionales y segundo porque la Generalitat es anterior a la Constitución de 1978, como se ha podido ver en los últimos días en los homenajes a Suárez, cuando éste restituyó la Generalitat y al president Tarradellas en el exilo, antes de la aprobación de la Constitución. No se trata de un problema jurídico, sino de soluciones políticas y, en cualquier caso, las leyes pueden ser reformadas para posibilitar más democracia y que la ciudadanía pueda ejercer el derecho a decidir libremente su futuro.
Lamentablemente, PP y PSOE han anunciado el voto en contra en el Congreso. Éste será un nuevo no a propuestas democráticas y pacificas catalanas (a Ibarretxe se le dijo no argumentando que con la palabra todo era posible). Una negativa que reforzará más el objetivo de los catalanes de votar sobre su futuro político. Con ello las instituciones españolas pueden contribuir a otra de las posibilidades democráticas: nuevas elecciones en Cataluña. Unas elecciones que algunos llaman plebiscitarias.
La legitimidad de la fuerza de las urnas se impondrá, y el pueblo no se equivoca. ¿Entonces desde partidos e instituciones españolas qué argumentarán?
Los diputados y diputadas antes de pulsar el botón, el martes, sería conveniente que recordaran estas palabras del presidente Manuel Azaña hace 84 años:
“Yo concibo, pues, a España con una Cataluña gobernada por las instituciones que quiera darse mediante la manifestación libre de su propia voluntad. Unión libre de iguales con el mismo rango, para así vivir en paz, dentro del mundo hispánico que nos es común y que no es menospreciable. Y he de deciros también que si algún día dominara en Cataluña otra voluntad y resolviera ella remar sola en su navío, sería justo el permitirlo y nuestro deber consistiría en dejaros en paz, con el menor perjuicio posible para unos y otros, y desearos buena fortuna” Manuel Azaña, La Libertad de Cataluña y España (Discurso en el Restaurante Patria. Barcelona, 27/3/1930).
La exposición sobre lo que está ocurriendo en Cataluña me parece impecable y nunca más oportuna la cita de Manuel Azaña para ver si el señor Rajoy y sus adláteres se enteran de una vez por todas.
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