La broma de la Tasa Tobin europea
En los últimos días se han producido algunas declaraciones sobre un supuesto acuerdo para implantar, a partir del año 2015, un sucedáneo de lo que suele denominarse una tasa sobre transacciones financieras. Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia son los países que han decidido implementar dicha tasa, conocida popularmente como 'Tasa Tobin', mientras que los 17 países restantes han optado por quedarse fuera.
El supuesto acuerdo, no confirmado por la Comisión, se aplicaría de forma gradual, gravando primero las acciones y sus derivados, aplicando el principio de emisión, es decir aquellos títulos emitidos en los Estados que participan en el proyecto. El principio de residencia propone gravar todas aquellas operaciones en las que una de las partes resida en uno de los once países que aplican la tasa. En cambio, el principio de emisión consiste en aplicar el impuesto sobre aquellos títulos emitidos en los Estados participantes.
Los planes originales de la Comisión Europea proponen gravar la compraventa de un amplio abanico de productos financieros, desde acciones a derivados pasando por bonos soberanos. Bruselas estima una recaudación de entre 30.000 y 35.000 millones de euros, que en España se traducirían en entre 4.200 y 4.900 millones de euros. Sin embargo, una versión reducida del impuesto también supondrá una menor recaudación, ya que el 25% de los ingresos estimados por la Comisión Europea provendrían del gravamen de la deuda pública.
Este mínimo avance, en absoluto corrige el verdadero cáncer de la economía mundial, como es el tamaño del balance financiero total, en particular, aquél que escapa a la transparencia y particularmente al gravamen de los Estados. A mediados de los años 90, el volumen de operaciones financieras era de 25 veces el PIB mundial, hoy es oficialmente de 70 veces y, si incorporamos al cálculo todos los flujos financieros que no se contabilizan en los mercados organizados, el volumen actual es de 250 veces el PIB mundial. Esta opacidad es particularmente latente en los “derivados OTC”, siglas de Over The Counter, literalmente “en el mostrador”. Estos “derivados” son operaciones que se realizan fuera de mercados organizados, al margen de, por ejemplo, las bolsas de valores. Esto quiere decir que la negociación de precios y condiciones se hace directamente entre las partes, apenas hay información y no existe ningún regulador independiente, nadie las controla, en ninguna parte del mundo.
Muchos de estos nuevos instrumentos son de muy reciente creación: las primeras permutas financieras de riesgo de crédito, conocidas por sus siglas en inglés CDS, empezaron a negociarse en los años 90. Para hacernos una idea de cómo ha aumentado su volumen, basta decir que han pasado de unos 919.000 millones de dólares en 2001 hasta 58 billones de dólares en 2007 y a más de 210 billones en 2013. Es decir, que el mercado de CDS es casi 210 veces mayor que todo el PIB español, o lo que es lo mismo, si los CDS fueran un Estado, serían el mayor de la Tierra, con mucha diferencia.
En general, podemos considerar los mercados financieros como un sector económico en gran medida desregulado. Sólo una parte de su actividad se desarrolla en mercados organizados, bolsas de valores y otras instituciones con información pública sobre las transacciones realizadas. Cada vez más, muchas operaciones financieras se realizan sin ningún tipo de intervención pública, y sin dejar tampoco ningún registro informativo. Básicamente, se desconocen todas las operaciones OTC, y sólo disponemos de datos de sus volúmenes a través de las estimaciones que realizan el BIS y otros organismos.
Otra de las peculiaridades del sector financiero es que, a diferencia de cualquier otro sector que ofrezca bienes y servicios a los consumidores finales, los productos bancarios están en gran medida libres de impuestos. Por ejemplo, el IVA de la Unión Europea no se impone a los servicios financieros y sólo están sujetos a impuestos algunos tipos de servicios auxiliares, como pueden ser los servicios de asesoría, cajas de seguridad, tasas sobre operaciones de cajeros automáticos, o servicios de gestión de carteras.
En el debate internacional actual sobre el establecimiento de impuestos sobre los mercados financieros se están barajando diferentes alternativas. Desde que John Maynard Keynes empezara a hablar de ello en 1936, se han elaborado multitud de propuestas de impuestos sobre las transacciones financieras. La más famosa es la realizada por James Tobin en 1971, de ahí el nombre de “tasa Tobin”, que consistía en exigir un impuesto sobre las transacciones en divisas, como mecanismo para mantener la independencia de las autoridades monetarias nacionales.
La “tasa Tobin” pretendía ser una forma de control del capital para evitar las especulaciones en el mercado de divisas y mantener la estabilidad del sistema monetario internacional. Este impuesto nunca llegó a aplicarse, aunque ahora se abre camino en varios países europeos, entre ellos España, la intención de aplicar una tasa sobre las transacciones financieras. Pero un gravamen así choca constantemente con la laxa regulación fiscal internacional de los países no europeos y con la propia existencia de paraísos fiscales. En todo caso, el principal escollo para establecer la “tasa Tobin”, al margen de la legislación e implementación, es, sin duda, la resistencia de los “lobbies” bancarios y bursátiles, que ven cómo su enorme margen de beneficios y discrecionalidad puede quedar muy reducido.
Otra gran dificultad es cuantificar la posible recaudación que supondría el establecimiento de este tipo de fiscalidad sobre las transacciones financieras, máxime cuando un porcentaje muy elevado se lleva a cabo sin conocimiento de ninguna autoridad regulatoria, ni fiscal, como es el caso de los mercados OTC.
La pregunta que surge, entonces, es si se podría llevar a cabo alguna medida eficiente para limitar y regular el sistema financiero en la economía española, y por qué no, en la europea. El Gobierno español podría incrementar la imposición sobre las plusvalías en las transacciones financieras, introducir el IVA y, ya a nivel global, habría que aprobar un impuesto de transacciones financieras y/o a la banca. Un incremento del tipo impositivo de las plusvalías permitiría obtener una cantidad no desdeñable. Si el aumento del gravamen sobre plusvalía fuese de doce puntos porcentuales, la recaudación podría llegar a 198 mil millones de euros.
La posible aplicación en España de un gravamen sobre los activos totales, del tipo que se propone en Estados Unidos, un 0,15% sobre activos totales, permitiría recaudar alrededor de 4.000 millones de euros en caso de aplicarse a todas las entidades bancarias, bancos y cajas de ahorros. Con datos de 2012, la recaudación podría ser algo superior, unos 4.500 millones de euros. Si se financiara el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) adecuadamente, quizá a través del nuevo impuesto, podría evitarse en el futuro otro rescate a la banca como el que ha tenido que pedir España a la Unión Europea.
En resumen, dada la magnitud de la actividad financiera opaca, desregulada y desfiscalizada, lo que podría aprobar la Comisión Europea apenas supondría nada para solventar el enorme agujero regulatorio y fiscal que existe alrededor del sistema financiero. Lo que más sorprende es que el ministro de Guindos, que viene del lobby financiero, se suba eufórico a este carro, lo que invita a pensar que es una mera distracción, sabiendo que va a ser un auténtico fracaso, tanto por el escaso número de países como por el nulo deseo de cambio regulatorio a nivel mundial. Por lo tanto, seguiremos presos de la dictadura de los mercados financieros que siguen ahogando a los Estados y a los sectores más débiles.
