‘Escrache’ libre y gratuito

No estuve el pasado 5 de abril en el 'escrache' que sufrió la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, en la puerta de su casa. Pero me lo puedo imaginar perfectamente: alrededor de doscientas personas, muy cabreadas todas ellas, recordando a la política del PP que su partido ha incumplido sus principales promesas electorales, que mienten cuando hablan de transparencia, que la corrupción corroe las entrañas de su partido… Veinte minutos después de esta pequeña manifestación personalizada, a domicilio, iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cada mochuelo a su olivo.

Parece razonable que la Audiencia Provincial de Madrid avale la protesta en casa de la vicepresidenta, considerándola “un mecanismo de participación democrática de la sociedad civil”. Nada de violencia, nada de coacciones, nada de amenazas, nada de restricción de las libertades. Pura y simple participación democrática: “Expresión del pluralismo de los ciudadanos”.

Los ciudadanos, la sociedad civil, no pueden permanecer impasibles. No en las circunstancias actuales de crisis económica, decadencia política y corrupción generalizada. Los tiempos exigen acción, participación, protesta. Lo cual no quiere decir que se deje de confiar en los recursos tradicionales, como la justicia o las urnas. Ahí tiene a los jueces, que llevan la contraria a todo un ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que “discrepa de la resolución judicial que considera que el escrache no es delito”. Jueces que ignoran por completo a un vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, capaz de asegurar que “la sentencia sobre el escrache a Santamaría legitima la violencia verbal”.

Violencia verbal es decir que en España los salarios han subido en el último año, o que se está creando empleo, o que Bárcenas recibió el finiquito en diferido. En estas circunstancias, el 'escrache' debe ser considerado como un procedimiento alternativo y urgente en tiempos de dilación y cachaza: votamos cada cuatro años y la justicia lleva su ritmo. Piense que la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de Empleo (ERE) irregulares, ha citado a declarar al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas el próximo día 7 de febrero, es decir, tres años después de su imputación en la causa. Y no olvide que Álvarez Cascos, flamante secretario general del PP entre 1989 y 1999 y, posteriormente, ministro de Fomento hasta 2004, cobró “sobornos” por la campaña electoral de ese último año de la trama Gürtel y aún no ha dado explicaciones en rueda de prensa.

¿La justicia lenta es justicia? ¿La política corrupta es política? 'Escrache' libre y gratuito. Tan natural como el aire que exigimos trece veces por minuto.