La unidad en la lucha salva la Sanidad Pública

Ana González Blanco *

El Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid se ha convertido en el paradigma de unas políticas neoconservadoras que han teorizado la oportunidad de que esta crisis-tsunami arrastre unos derechos sociales y laborales conseguidos durante años y casi siglos de lucha.

El Gobierno de Esperanza Aguirre, a través del imputado exconsejero Lamela, realizó uno de los mayores ataques a la Sanidad Pública madrileña con el caso “Severo Ochoa” en el que acusó de homicidio a los profesionales sanitarios, cuestionando su ética profesional y construyendo un halo de sospecha sobre uno de los servicios públicos mejor valorados por la ciudadanía.

Y su sucesor, el también imputado exconsejero Güemes, fiel discípulo, apadrinando Congresos en los que se postulaba acerca del negocio sanitario como antesala de esa puerta giratoria en la que se ha convertido la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid y Lamela y Güemes, en sus más claros exponentes.

No satisfechos con ello, la Sanidad madrileña se fue convirtiendo en un campo de experimentación de las más variopintas y exóticas fórmulas de gestión. Fundaciones, Empresas Públicas, Conciertos, PFI, Empresas privadas, etc…, todo un entramado de variantes al servicio de intereses partidistas con un claro objetivo; fortalecer la alianza entre lo político y lo económico.

Mientras tanto, las listas de espera seguían creciendo, se reducían plantillas, se recortaban servicios y prestaciones, en una estrategia bien calculada de desmantelamiento de un bien y patrimonio público para justificar, posteriormente, la imperiosa necesidad de entregarlo en manos privadas como garante de ahorro y eficacia. Todo ello aderezado de una ficticia “libre elección” convertida en una especie de limosna destinada a ocultar los verdaderos problemas y necesidades de nuestra Sanidad regional.

En este escenario, la crisis sirve de subterfugio para avalar un eufemístico “Plan de Sostenibilidad” que profundiza en la descapitalización del patrimonio sanitario, presentando una batería de medidas que atacan de forma directa los pilares de nuestro Sistema Sanitario y pone en serio riesgo el ejercicio del derecho constitucional a la atención sanitaria.

La privatización de los 6 nuevos hospitales y 27 centros de Salud, de la limpieza, de la lavandería central, la reconversión del Hospital de la Princesa y del Carlos III, la eliminación de miles de puestos de trabajo con su correspondiente impacto en la calidad asistencial, es una larga lista de despropósitos frente a los que la ciudadanía no ha estado impasible.

De este modo, el dimitido Consejero Fernández Lasquetty se embarca, cual fiel escudero de un presidente regional atenazado por la sombra de la corrupción, en un viaje que ha resultado sin retorno. Un gobierno regional empecinado en entregar el negocio a empresas amigas ,y para ello, realiza las más circenses piruetas en un desesperado e irregular proceso, que ha culminado con la retirada definitiva de la medida de privatización de los hospitales y con un más que patente “mea culpa”, de un consejero prototipo de un Gobierno claramente debilitado y en evidente crisis.

Hoy esta victoria no hubiera sido posible sin la lucha y la movilización social. La unidad, la constancia, el conflicto sostenido, el trabajo constante, de todos y todas, de lo tradicional y lo emergente, de lo estructurado y lo horizontal, en definitiva, una lucha titánica que durante más de un año se ha ido labrando, no exenta de dificultad, pero que ha dado sus frutos.

Profesionales, trabajadores y trabajadoras, pacientes, ciudadanía en general, hemos dado una nueva lección de fuerza, coherencia y honestidad. Una lección que se suma a otros conflictos más recientes, como el de la jardinería y la limpieza viaria o el de Gamonal, que nos hacen retornar a épocas pasadas en las que los derechos se conquistaban, hoy se reconquistan.

Seguiremos confiando en la Justicia. Una Justicia que con su decisión de mantener la suspensión del proceso de privatización ha dado un aval de protección a una ciudadanía, claramente amenazada por las decisiones de un Gobierno, en un contexto de evidente déficit democrático.

En un momento histórico en el que, de forma estratégicamente intencionada, se impone desde la fórmula del rodillo aquello de que “lo público es malo y caro”, en un cuestionamiento constante del papel de las Administraciones Públicas como Estado protector, esta victoria tiene un especial significado.

Sin embargo, la lucha no ha terminado. El proyecto de privatización del Gobierno Regional va más allá de la medida retirada hoy. Debemos exigir que esta retirada se haga extensible al conjunto de la política sanitaria de este Gobierno, también del central, ejemplo claro de irresponsabilidad pública y mal gobierno, con decisiones tan agresivas como la eliminación de la Universalidad de nuestro Sistema Público Sanitario. Las políticas sanitarias deben reconducirse desde la senda del diálogo, de la participación social y democrática, al servicio de los intereses de la ciudadanía y no a sus espaldas.

Cuando conmemoramos el 37 aniversario del asesinato de los Abogados de Atocha, 24 de enero de 1977, el ejemplo de su lucha es más actual que nunca. Nos aporta fuerza y aliento, para reivindicar la memoria en la lucha por el futuro. De ese modo, recordaremos nuestro pasado para nunca olvidar hacia donde vamos.

(*) Ana González Blanco es secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO de Madrid.