La sabiduría de la señora Barcina, Presidenta de la Comunidad de Navarra

Julián Sauquillo

Algunos políticos se creen representantes de Dios en la tierra. Si alguien les denuncia no repasan si su conducta fue proba o suponía un gasto desmesurado que no se correspondía con su limitado talento. Nada más verse criticados,  no digamos si son imputados, apelan a las esencias patrias a las que dicen representar. Aluden a la comunidad que representan, como si se tratara de una grey que pastorean con un bastón o vara en la que hay que creer. Si la Sra. Barcina, Presidenta de la Comunidad de Navarra, se siente atacada porque se duda de su gestión es porque algunos, aviesos, “no creen en Navarra”. Como si las esencias, sin duda honorables, de Navarra limpiaran a sus representantes de cualquier tentación. O ser de Navarra y vivir sus colores patrios justificara cualquier alegría en el cobro de dietas. La Sra. Barcina cobró dietas “a mansalva” por acudir a unas “sesiones de reporte”. Si atendemos al Diccionario de la RAE, “reporte” es “noticia”, “informe” o “chisme” (noticia que pretende indisponer). Si se trata de que la Caja de Ahorros de Navarra informe a la Sra. Barcina, valdría con unos prolijos y contundentes documentos que leyera y si se trataba de contar chismes, los enredos se narran mejor en cualquier pasillo o ascensor. Por acudir a la “Comisión Permanente” de la “Junta de Entidades” –desconocida por los órganos de gobierno de la Caja de Navarra y por los miembros de la Junta- se cobraban 1.717 euros por reunión –las reuniones diarias podían ser tres: 5.151 euros- y 2.600 euros para la Presidenta –por tres sesiones, 7.800 euros. Barcina llegó a cobrar 68.000 euros por “reportar”. Si usted, amigo, ve aquí una “orgía económica”, una mala y despilfarradora administración en provecho propio, es que es un incrédulo, alguien que no cree en Navarra. Pásese por la Huerta de Tudela, deguste unos pimientos de piquillo o unos espárragos especiales, regados con un buen vino del lugar y comenzará a comprender sin resentimiento o crítica alguna a su Presidenta. ¿O es usted un tristón que no sabe vivir bien?

Como “no hay mejor defensa que un buen ataque”, la Sra. Barcina reacciona al archivo de su causa por el Tribunal Supremo a la acusación de “cohecho impropio” (art. 422 del C. penal) de UPyD, acusaciones populares y Kontuz, sonriendo e impecable, diciendo: “Hoy, se pone una vez más de manifiesto que UPN es un partido de personas honradas”. La mejor forma de eludir la responsabilidad política propia es elevar la conducta individual a comportamiento de una entidad que trasciende al individuo: el Partido, la Nación, la Causa, Dios o el Pueblo. Pero la Sra. Barcina sabe que hay crédulos, no la mayoría de los navarros ni, mucho menos, la generalidad de sus propios camaradas, que con la insignia puesta que le guste a la Sra. creerán en el absurdo de cobrar cantidades estratosféricas por informes o chismes.

El Tribunal Supremo diferencia las conductas que puedan merecer algún tipo de reproche moral, ético o político de las que encajan en un tipo penal concreto. Lo respetamos. En el Auto de 24/7/2013, el Tribunal Supremo revoca y el Fiscal impugna la exposición razonada del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, elevada por la condición de aforada de la Presidenta, de estar ante un cohecho impropio. Para el Tribunal Supremo ni se da la condición de Autoridad de la Sra. en la recepción de la dieta, ni se trata de una dádiva, ni tampoco existe un tercero que ofrezca al sujeto activo un lucro. El Tribunal Supremo considera que no se dieron las dietas por la condición de Autoridad de la Sra., Presidenta del Gobierno Foral de Navarra y Alcaldesa, sino por su pertenencia a la Junta de Entidades Fundadoras como Presidente por su condición de Presidente de la Comunidad Autónoma de Navarra. Fíjense muy bien en el matiz. Tampoco se trata de dádivas –“beneficio indebido, pecuniario o de otra clase”- sino que supone –“no es factible indagar en una causa penal sobre la justificación de la dieta”- su correspondencia con tiempo, esfuerzo y responsabilidad. Además, tampoco hay un ofrecimiento al sujeto activo por parte de un tercero que le aquieta –tercer requisito del tipo penal del “cohecho impropio”- pues el propio Presidente de la Junta de Entidades Fundadoras es quien convoca las reuniones para recibir las dietas que cobra. La Caja de Ahorros de Navarra no cita para devengar al Presidente de la dichosa Junta. Son ellos mismos los que se reúnen como miembros, y no autoridades, de la Junta para ser informados y recibir los devengos. Tampoco es hurto o apropiación indebida pues no se actúa en contra de un patrimonio ajeno, es decir contra la voluntad del titular del patrimonio, la Caja. Y los cinco Magistrados acuerdan archivar la causa. En fin, se considera que la Sra. Barcina tiene una competencia y conocimiento muy esforzado y responsable por el que percibía unas dietas al asistir a unas reuniones por su capacidad técnica a las que ella misma se convocaba con otros miembros de a pie. Nada más y nada menos.

Me estoy empezando a deprimir. Perdonen pero al leerme a mí mismo se me están poniendo cara de circunstancias y gesto mohíno. Voy a intentar salir del argumento del “rollo formado en la Sala”, aconsejándoles la lectura de un libro para que andemos prevenidos. Un Magistrado del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, catedrático de Derecho Constitucional, escribió La criminalidad de los gobernantes (1996) para advertir de lo innecesario que resulta el aforamiento que sustrae al representante de la plena sumisión a la justicia penal ordinaria y cuáles son sus causas histórico-políticas. El “aforamiento” acabó siendo un “instrumento de autoprotección de la clase política”. El Magistrado critica el aforamiento de los miembros del Gobierno –art. 102, apartado primero de la Constitución española- y con más fuerza aún, en un Estado de Derecho, la cadena de aforamientos que el legislador ordinario creó. Nuestra judicatura, en el argumento del Magistrado, es meritocrática y tecnocrática. Compone una magistratura burocrática que expele la política como ámbito propio y, por ello, resuelve sin responsabilizarse de la pacificación social. Es irresoluta para corresponsabilizarse del correcto funcionamiento global del Estado. Y así andamos de indignados los ciudadanos que, incrédulos, no entendemos muy bien lo que está pasando. Me parece que algunos de estos males en el diseño constitucional español de la administración de justicia concurren en este caso de la Sra. Barcina aforada y sólo sujeta al Tribunal Supremo.

Y, así las cosas, sin atención a la responsabilidad política –sin que se sepa ni pronunciar, en España, las formas verbales del verbo “dimitir”-, con el aforamiento, con tanto juez técnico, y con tan poca moral pública, la Sra. Barcina sigue sonriendo, gallarda y devota a Navarra. Sigue dando lecciones de moralidad a los incrédulos, navarros y del resto de España. Pero será una Navarra, la suya, inserta en el maldito “Ruedo Ibérico”. ¿No?