Este país

Este país se va por el albañal, como vulgar sentina, después de reducir a detritos la estructura de un Estado ilusionante, nacido de una Transición todo lo imperfecta que se quiera, pero de un indudable mérito, al estar  basada en un factor nada fácil de llevar a la práctica en política: la concordia, el ánimo de entendimiento, una cierta altura de miras y la anteposición a cualquier interés sectario o partidista de una idea de nación y de Estado que ampare la seguridad y los derechos y libertades de los ciudadanos. Es verdad que el Estado nacido de la Constitución de 1978 incorporó en el núcleo de su idea el germen de su propia destrucción, el “café para todos” autonómico, pensando ingenuamente que con ello el verdadero problema, los nacionalismos vasco y catalán, iría amainando hasta su posible integración razonable en el conjunto. Algo que sólo puede entenderse en mentes guiadas o enajenadas por el entusiasmo, pero ignorantes o ciegas ante el fenómeno político del nacionalismo contemporáneo, de esencia totalitaria e insaciable, y en particular de los efectos insolidarios y pertinazmente nocivos con que los particularismos vasco y catalán se han distinguido en la historia contemporánea española. Si aquellos políticos de la Transición, en general bastante respetables, hubieran aparcado la ilusión del momento y primado la frialdad de los análisis históricos y políticos, es muy probable que hubieran desechado tajantemente el Estado autonómico como una amenaza aberrante, que en ningún caso paliaría la obsesión separatista de los nacionalistas vascos y catalanes, pero multiplicaría sus expectativas y, sobre todo, sus gastos y competencias en el camino de la desagregación. Esta vía, al ser imitada por las otras autonomías en el simple ejercicio de un poder muy proclive al caciquismo y clientelismo regionales, ha hecho del conjunto un monstruoso despropósito de dilapidación del dinero público y corrupción generalizada, con el nacimiento de una nueva casta política, afectada de una metástasis parasitaria, onerosísima y vergonzosa, pero sobre todo impune. Un caldo de cultivo muy propio para la degeneración, el conflicto y el derrumbe.

Naturalmente, el Estado autonómico ha sido el campo fecundo en que la casta política española actual se ha desarrollado con éxito imparable, pero el origen, claro está, hay que buscarlo en el afianzamiento del bipartidismo del PP y el PSOE en su alianza tácita con los nacionalistas periféricos, en el sentido de establecer y defender a ultranza un sistema que beneficiara a las tres partes, mediante el interés primordial de la partitocracia, por encima y más allá de las necesidades del país y sus ciudadanos. La consolidación de esta entente contra la nación de ciudadanos iguales ante la ley, que tan retóricamente proclaman las leyes, ha permitido el desarrollo impúdico de la corrupción en todos los aparatos del Estado, especialmente gravísimo en el judicial, y ha hecho de la Constitución del 78 un mero adorno que la casta conculca con cinismo o desprecio habituales, pues su forma de entendimiento y funcionamiento es el pacto subrepticio, la componenda, la conveniencia partidista, el apaño; no las leyes ni el interés general o bien común. La crisis económica hizo saltar por los aires ese oculto proceder político, al poner de manifiesto que el despilfarro endeudado del dinero público, mantenedor del disparatado aparato administrativo-político de los diecisiete “Estaditos autonómicos”, ha venido untando sustanciosamente los dedos de la casta política, en alianza fluida con los hilos inextricables del mundo bancario y financiero. El ciudadano de a pie se dio cuenta entonces de la gran estafa y puso en circulación la frase exacta que definía la situación: “Se lo han llevado crudo”. Se lo siguen llevando, pero ya en un marco mucho más comprometido, donde la irritación y el desengaño descarnado de los ciudadanos son el clamor airado de un síntoma general de hundimiento, de marasmo de una idea de Estado contemporáneo, pero, desde luego, de una idea de nación española que, de nuevo, se pone en jaque entre la gravísima irresponsabilidad de los dos grandes partidos y la locura de los nacionalistas, siempre dispuestos al sabotaje en los momentos de mayor debilidad, una vez comprobado que el sistema autonómico no da más de sí, asfixiado por la crisis y su propia naturaleza insostenible. El cuadro se empaña con un fondo de grisalla del que emerge con salud de hierro nuestro viejo pesimismo y ese sentido de derrota aceptada que paraliza a unos ciudadanos poco bregados,  desconcertados e inermes, paralizados ante el desguace del Estado y del país.

En todo este proceso la izquierda española (aquí deben incluirse los restos del naufragio comunista) ha sido cómplice y catalizador eficacísimo del desastre, agotada y grotesca en su inverosímil alternativa, pero empecinada en su pobre esquematismo ideológico del siglo XX, mientras la derecha, acomplejada en la nueva sociedad democrática, pero intacta, se ha mimetizado esperando paciente sus oportunidades. La de Aznar no llegó a colmo por una cuestión de soberbia insufrible y dos hechos siniestros, como agujeros negros, que quebraron  definitivamente el curso nacido de la Transición: la guerra de Irak de 2003 y el 11-M, ominoso, se mire por donde se mire; pero la del pusilánime y, sin embargo, terco Rajoy y su mayoría absoluta, luego del adanismo de Zapatero y la demolición consiguiente del Partido Socialista y sus afinidades nacionalistas, ha encontrado su tierra de promisión histórica en plena crisis. No sólo ha vuelto por sus fueros integristas (o sea, antiliberales), con guiños extemporáneos al catolicismo hispano más intransigente, esta vez ha ido más lejos: quieren imponer la contrarreforma, es decir, so capa de la crisis, arramblar con el estado de bienestar heredado (sanidad y educación fundamentalmente) y volver a su verdadero ser histórico: casticismo y privilegios. Porque, no se olvide, la auténtica característica del proceder político contemporáneo de la derecha española es la patrimonialización del Estado. Y el Estado en la actualidad pasa por el mantenimiento de la casta política, de ahí que sea impensable que un tipo como Rajoy y su derecha, hechura de esa casta, afronten la verdadera solución de la crisis total que padecemos: pacto de Estado, reforma de la Constitución y drástica revisión del Estado de las Autonomías, con la abrogación de todas sus empresas públicas y las decenas de miles de asesores parásitos,  nueva ley electoral, recuperación inmediata por el Estado de las competencias de sanidad, educación, seguridad, cuencas hidrológicas, etc., levantamiento de la presión fiscal destructiva sobre el sector productivo del país y las clases medias y bajas, sojuzgadas implacablemente, mientras no se toca un pelo de los agentes parasitarios del derroche autonómico y la irracionalidad de un Estado hipertrofiado, ruinoso e inviable, etc.

No lo harán, del mismo modo que son incapaces de hacer cumplir las leyes a los nacionalistas o preservar derechos fundamentales como la enseñanza en la lengua oficial y común de los españoles en Cataluña (ahora salen con un subterfugio ridículo en la nueva ley de educación), mientras negocian a escondidas cómo premiar económicamente al incumplidor gobierno de la Generalidad, que desacata con alevosía la propia Constitución que le legitima. He ahí la prueba del algodón: en lo tocante a su propia supervivencia política, Rajoy y el demagogo Mas son la misma cosa. La casta no se hará el haraquiri por sí misma, tendrán que inferírselo los propios ciudadanos como una necesaria y legítima actuación de emergencia democrática. ¿Pero quedan ciudadanos en este país?

(*) Agustín García Simón. Escritor y editor. Su última obra publicada es Retrato de un hombre libre (Renacimiento, 2012).