La guerra sucia de Figar

Agustín Moreno *

La consejería de Educación de Madrid ha lanzado una ofensiva contra la escuela pública que hay que calificarla de auténtica guerra sucia. Lo hace por tres vías: la manipulación informativa para desprestigiar al profesorado, el ataque al empleo público, y el recorte de derechos, libertades en los centros y la represión para intimidar a los docentes.

Hay que preguntarse qué hay detrás de esta nueva ofensiva. Porque llueve sobre mojado. Recordemos la campaña que inició Esperanza Aguirre, jefa y madrina de Lucía Figar, el curso pasado para imponer unas instrucciones que despidieron a miles de interinos y elevaron la jornada en secundaria. Entonces hablaban de vagancia, privilegios para imponer sus recortes. Porque lo que pasa en Madrid se acaba extendiendo a toda España, al actuar de avanzadilla en los recortes y agresiones.

1. Han filtrado un supuesto “estudio” sobre las últimas oposiciones de primaria celebradas en Madrid. Y ha provocado titulares de este tipo: “Maestros suspensos en primaria. El 86% de los aspirantes a una plaza docente en Madrid no pasó la prueba de conocimientos. El test incluía preguntas que debe responder un alumno de 12 años”. Y se acompañaba de un catálogo de anécdotas: faltas de ortografía e ignorancia de datos matemáticos y geográficos. Según se quejan y denuncian los sindicatos, no han tenido acceso al contenido de este informe que  la consejería ha difundido con la lamentable colaboración de algunos  medios de comunicación.

En primer lugar, hay una burda manipulación cuando se intenta dar a entender que el 86% de los que suspendieron son los mismos que pusieron algún disparate o falta que han buscado afanosamente. Se traslada la imagen de unos opositores ignorantes y se crea alarma social sobre el profesorado de la educación pública. Pero esto no es así: Habrá algunos aspirantes (que no interinos) que den respuestas anecdóticas o erradas. Pero no supone que todos los que no obtienen la plaza digan barbaridades. Y mucho menos en una oposición donde se convocan plazas (489) tan solo para el 3,4% de los aspirantes presentados (14.110).

Siempre habrá opositores que pongan disparates o errores. Por la altísima tasa de paro existente habrá aspirantes que se presenten a probar suerte o a ver cómo es el procedimiento para preparar a fondo futuras oposiciones. No tengo ninguna duda de que si una prueba equivalente se les pasase a diputados, asesores políticos y a miembros de la llamada clase política, podrían aparecer resultados bastante parecidos.

Tampoco se puede comparar, porque no tiene nada que ver, un control para alumnos de 12 años con la prueba a los opositores a profesores de primaria. Si la oposición se basase en una prueba igual a la que hace un alumno de 6º de primaria, habría que decir que la consejería es una incompetente. Y la verdad es que lo es, pero por otras cosas: el desastre de un modelo de oposición que duró varios meses volvió locos a los aspirantes y provocó cientos de reclamaciones por chapucero.

No es cierto que suspender una oposición inhabilite para un buen ejercicio de la profesión de maestro. Conozco, y todo el mundo conoce, excelentes profesores que han suspendido la oposición alguna vez y la han aprobado varias veces sin plaza, y sería una gravísima injusticia y desperdicio expulsarles de interinos de la función docente. Hay un sistema perverso de oposiciones, con raquíticas Ofertas Públicas de Empleo, que permite aprobar la oposición sin plaza. Ello solía dar derecho a trabajar como interino, pero ahora quieren que sólo se pueda trabajar hasta que suspendan otra oposición.

Por mi experiencia como miembro de tribunal (en este caso en oposiciones de Secundaria) he visto que aprueban entre el 10 y el 15% de los aspirantes las primeras pruebas, que son de una gran dureza por el alto número de temas teóricos y  ejercicios prácticos. Y en la “encerrona” final (comparecencia para exponer ante el tribunal), apenas se da una plaza por tribunal de aproximadamente un centenar de opositores, aunque depende de las especialidades. Dada la limitación de plazos tan estricta que tiene el tribunal para acabar el proceso, entregar las notas y colgarlas en el sistema informático, se da  un gran rigor en la evaluación, del que no se puede deducir la falta de capacitación de una gran parte de los opositores. Esta archidemostrado que la calidad del profesorado público, incluido el profesorado interino, es muy alta, la mejor posible, dado el durísimo sistema de selección que se practica.

2. ¿Qué persigue la consejería con esta campaña? Los objetivos de la consejería son evidentes: influir en plena campaña de matriculación y romper el mercado de trabajo en la educación pública y, como el curso pasado, busca desprenderse de miles de profesores /as interinos.

Todos los años por estas fechas aparecen movimientos de este tipo con el ánimo de influir en la decisión de las familias que se están planteando la matriculación de sus hijos e hijas en los centros públicos o privados-concertados. Como parece clara la gran cualificación del profesorado de la educación pública, crean alarma social para intervenir sobre las familias en unos momentos en los que la crisis está reforzando el flujo de matriculación hacia la pública por las dificultades económicas de muchos hogares.

Por otro lado quieren acabar con el sistema de acceso a la función pública y dejarlo en algo residual. Por dos vías: la modificación del acuerdo sobre interinos que supone despreciar casi totalmente la experiencia (14% de peso) y la formación docente, y que sea la nota de la oposición (80%) la que determine la posibilidad de trabajar como interino. Esta ruptura unilateral por la consejería del acuerdo existente conducirá a aumentar la precariedad y la rotación del colectivo, y a la pérdida de excelentes profesionales que en cuanto fallasen en una oposición se quedarían fuera del sistema al no tenerse en cuenta prácticamente la experiencia.

Además, al trabajarse con listas muy escasas de profesorado interino se abriría una gran puerta a la contratación a dedo de nativos para los centros bilingües (que hasta ahora ha sido ilegal, por lo que la consejería ha sido acusada de prevaricación en denuncias sindicales ante los tribunales). Si unimos a lo anterior: a) que se están generalizando cada vez más los centros bilingües; b) que no quieren permitir que se habiliten los interinos que no estén trabajando; c) el reforzamiento del poder de los directores previsto en la ley Wert, que podrán contratar clientelarmente a  una parte de sus profesores, nos encontraremos en un futuro con un elevado porcentaje de las plantillas que no pasarían por mecanismos de selección basados en la igualdad, el mérito y la capacidad como establece la Constitución.

Y aquí no vale implantar un modelo de contratación sin oposiciones, dada la tradición  de nepotismo y enchufes que ha existido en España. Contratar como en Finlandia cuando aquella es una sociedad que vela por el bien común y la nuestra por el individual y donde existen personajes como Baltar, para saber de qué estamos hablando, es dejar que las élites del poder acaparen el empleo público para sus familiares y amigos y compañeros de partido.

Uno de los vehículos que se utilizan para este destrozo laboral es el programa bilingüe, del que está tan orgullosa Aguirre, y que nunca se ha  evaluado. Además de estos efectos perversos sobre el profesorado (desplazamientos, pérdida de derechos en el reparto del trabajo en los departamentos, contratación a dedo…), para conseguir un inglés a nivel de conversación se devalúan sus conocimientos en otras materias fundamentales. Y, sobre todo, genera una grave segregación entre el alumnado que se convierte en estructuralmente perversa desde el punto de vista pedagógico. El nivel de inglés es la excusa para formar grupos separados de alumnado que va bien y otros grupos con los que tienen graves dificultades. Nos encontramos así con situaciones que desde el punto de vista académico y de la convivencia pueden convertir la escuela en un riesgo para muchos alumnos, en vez de en una oportunidad para todos. Todos estamos obligados a reflexionar sobre esta realidad para que, en la práctica, no se le esté negando a ningún niño ni adolescente el  derecho a la educación y para mejorar la calidad educativa global.

De la represión y recorte de libertades y derechos en los centros públicos a través de la prohibición de actos para hablar de la ley Wert, sanciones a equipos directivos y determinadas actuaciones de corte macarthista sobre profesores absolutamente inocentes para intimidar al colectivo hablaremos en otra ocasión con más espacio.

Con esta infame campaña de la consejería parece como si se quisieran vengar de las críticas que recibieron el curso pasado cuando en sus propias circulares abundaban las faltas de ortografía. Anuncian, también, nuevos recortes y agresiones en el marco de la aplicación de la ley Wert, contra la que urge movilizar a toda la Marea Verde, es decir, a  toda la comunidad educativa y a nivel estatal. Los profesores seguiremos haciendo bien nuestro trabajo, seguros de que el desprecio de nuestros responsables políticos se compensa con el reconocimiento de los ciudadanos que valoran positivamente nuestro compromiso: según el CIS, el 74% (febrero de 2013), y según Metroscopia, el 86% (enero 2013). En el extremo opuesto está el Gobierno y ministros como el de Educación con un apoyo a su gestión del  -74% y -56%, respectivamente.  Así que hay que estar tranquilos. Para la ciudadanía, los “buenos” y los malos siguen siendo los mismos. Lo que hay que evitar es que despidan otra vez a miles de compañeros y compañeras interinas que también son responsables de esa valoración positiva del profesorado de la educación pública porque juegan un papel imprescindible en las aulas.

(*) Agustín Moreno es profesor de Enseñanza Secundaria en Vallecas (Madrid) y miembro de la Marea Verde.