Felipe puede esperar: una propuesta para cuando el rey Juan Carlos se vaya
Hugo Martínez Abarca *
La abdicación de Juan Carlos I ya es un lugar común en los debates sobre la Casa Real. Y no somos los machacones republicanos quienes insistimos con el paso a la reserva del monarca, sino precisamente quienes quieren salvar la monarquía. En este mismo periódico escribía Isaac Rosa cómo la abdicación de Juan Carlos en su hijo Felipe es de los pocos tapones con los que la monarquía puede parar la sangría de popularidad que está sufriendo con sólo un leve inconveniente: la pérdida de la inmunidad real, problema agravado desde que los mails de Diego Torres le apuntan como conseguidor en torno a la Fundación Laureus. Estos días ha sido la propia Casa Real la que ha desmentido la inminencia de tal abdicación tras informaciones de Zarzalejos cuyas posteriores aclaraciones prueban que el desmentido viene a ser como la ratificación de un entrenador de fútbol: la prueba más contundente de su seguro cese.
La estrategia de los monárquicos para la supervivencia de la institución pasa por vendernos a un príncipe Felipe como (en palabras de su padre) “el Príncipe de Asturias más preparado de la Historia” (nótese que no hay humildad en el reconocimiento de su hijo: Juan Carlos no usó el título de Príncipe de Asturias sino de Príncipe de España pues no era sucesor del rey sin trono sino del dictador con mando en plaza). La estrategia es paradójica: según vamos conociendo detalles de la trama corrupta que tanto está desgastando a la monarquía va siendo más inevitable pensar que si alguien de Zarzuela no se enteraba del saqueo tenía que estar más en babia que Carlos II, a quien por algo llamaban El Hechizado. Tendríamos a un príncipe preparadísimo que no se entera de nada, algo difícil de conjugar.
Más allá de la estrategia de los monárquicos toca pensar la de los republicanos. Es obvio que nunca desde la reinstauración de la monarquía se dieron tales condiciones para que la democratización de la cúspide del Estado abriera un proceso constituyente en clave republicana que permitiera una salida justa y democrática a la profunda crisis política y económica, a la crisis de régimen.
Debemos pensar ya qué hacer en el momento crítico de la sucesión de Juan Carlos.
En las redes sociales ya se está hablando de ir pensando en convocatorias en todas las plazas el día que se produzca el hecho sucesorio (previsiblemente la carta de renuncia) como se previeron hace diez años para los días en que empezaran los bombardeos sobre Irak.
Pero también deberíamos pensar cómo aprovechar la crisis sucesoria para abrir una transición democrática, tener diseñado un plan, unas reivindicaciones mínimas apoyadas desde esa movilización popular imprescindible.
No sería malo empezar a consolidar una propuesta que incluso tendría sustento en la propia Constitución de 1978. El artículo 57 de la Constitución regula la sucesión en la Corona. Y lo hace sin citar plazo alguno. Cuando Juan Carlos muera, abdique o renuncie el siguiente en ser coronado sería, según la Constitución, su hijo Felipe. Pero la Constitución no dice cuándo: podría ser a los dos días (como el propio Juan Carlos fue coronado dos días después de la muerte de Franco), a los dos meses o a los dos años: todo ello con exquisito cumplimiento de las previsiones constitucionales.
Sería, pues, perfectamente constitucional exigir que entre el cese de Juan Carlos y la coronación de Felipe haya un plazo suficiente que permita a la ciudadanía en su conjunto decidir si mantiene la monarquía o prefiere una república. Y en tal caso sería el momento de elaborar qué república queremos, es decir, nos tocaría elaborar unas nuevas instituciones que relevaran a las carcomidas actuales. A diferencia de los años 70, ya no cabe hurtarnos la decisión sobre la jefatura del Estado amenazando con ruido de sables: lo que hay es ruido de mercados a los que la Casa Real, lejos de ser una alternativa, está decididamente entregada. Las excusas que se dan para evitar otros referendos no servirían en este caso: “la soberanía reside en el conjunto del pueblo español”, insisten: perfecto, preguntemos al conjunto del pueblo español soberano. Amparémonos en lo que el propio príncipe le decía a una ciudadana navarra que le pidió tal referendo: “Por mecanismos democráticos todo es posible: el referéndum está previsto como mecanismo posible”.
En definitiva, parece difícil negar con argumentos democráticos ni incluso legales la convocatoria de una consulta a la ciudadanía previa a la prevista coronación de Felipe. Sólo se podría interpretar como un enroque propio de quien sabe que, si nos preguntan, contestaremos que no.
Es obvio que para los republicanos no debería esperarse a la crisis sucesoria para que el pueblo decida sobre su forma de Estado, pero también lo es que no hay una ocasión como esta para plantear la construcción de un nuevo edificio institucional a partir de la revisión democrática de su cúpula resquebrajada.
Pero también es obvio que tal propuesta sería inviable sin presión popular. Doy por hecho que las movilizaciones por una democracia real sin privilegios ni corruptos incluyen la quintaesencia de los privilegios no democráticos que es la monarquía. La petición de apertura de proceso constituyente que se hace desde las plazas y que fue recogida (arrimando cada cual el ascua a su sardina, lógicamente) por numerosos grupos parlamentarios en el Debate sobre el Estado de la Nación tendría en tal convocatoria una puerta abierta y los guardianes de la legalidad no se podrían quejar de los escrúpulos con los que se atendería el orden constitucional (escrúpulos que ya habríamos deseado en la defensa de muchos de los derechos que reconoce esa misma Constitución).
La Corona ha sido el vértice de toda una forma de hacer política, supeditada mediante sobres a los intereses de las grandes empresas a costa de la ciudadanía, que nos ha traído hasta esta crisis: no sólo es una institución de nulo contenido democrático sino que además ha sido absolutamente funcional al modelo político-económico que se está derrumbando. Por eso hoy su caída puede ser igualmente funcional para la apertura de un proceso democrático: no la desaprovechemos. Ante la inminente caída (esta vez política) de Juan Carlos, Felipe puede esperar: la democracia, no.
