Luchar por un periodismo al servicio de la ciudadanía

Ana Isabel Segovia Alonso *

El título del escrito -Manifiesto en defensa de un periodismo al servicio de la ciudadanía- presentado el pasado viernes en el Ateneo de Madrid por el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) no puede ser más acertado. Y coincide en sus reivindicaciones con las preocupaciones que desde la asociación a la que pertenezco, la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura y su documento constitutivo, la Carta de Buenos, propugnamos.

Vivimos en una sociedad mediática y mediatizada, cuya realidad es permeable a la representación ofrecida por los medios de comunicación de masas.  De ahí que uno de los temas candentes, desde hace décadas, sea la responsabilidad social de éstos a la hora de conformar la imagen del mundo que nos rodea. El problema es que las bases estructurales del sistema mediático en las sociedades capitalistas occidentales implican una deriva cada vez más tendente a la concentración de la propiedad y la monopolización del mercado, y hacia la comercialización y mercantilización de los bienes culturales y comunicativos.

Como estamos constatando en nuestro país con los operadores de televisión, la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 ha repercutido en el pluralismo al fomentar el aumento de la concentración empresarial (primero con la absorción de Cuatro por parte de Gestevisión Telecinco y después con la fusión de Antena 3 y La Sexta, a pesar de las reticencias de la Comisión Nacional de la Competencia). Asimismo esta ley liberalizó aún más la presencia publicitaria en la televisión y relegó la labor de servicio público de la radio y televisión a los medios de titularidad pública (los de titularidad privada pasan a ser considerados como prestadores de un ambiguo servicio de interés general).

En definitiva, cada vez con más frecuencia el valor económico prima por encima del valor social, cultural o informativo. Se asume que estamos ante un “mercado audiovisual” (en palabras de la citada ley).  Y las servidumbres económicas desvían peligrosamente al periodismo de una de sus funciones democráticas fundamentales: el derecho de la ciudadanía “a saber”, es decir, a disponer de una información veraz, plural y completa.

Este es uno de los puntos que el manifiesto destaca como conflictivo: la importancia de garantizar una información de calidad, denunciando que no se puede someter la deontología profesional a las leyes del mercado. Para ello es imprescindible fortalecer la independencia profesional de los periodistas, ya que, en sus palabras, la precariedad e inseguridad laboral está impidiendo que los informadores puedan desarrollar con independencia de criterios su labor de mediadores de la información (presiones que siempre han existido, pero que en un panorama en el que 8.000 puestos de trabajo, 3.000 tan sólo en lo que va de año, han desaparecido, se pueden hacer insoportables). De ahí que otra de sus reivindicaciones sea erradicar la precariedad laboral de la profesión.

Otra de sus preocupaciones se relaciona directamente con la preservación de los medios públicos de radiodifusión. El Real Decreto Ley 15/2012 aprobado este año (apelando, irónicamente, a la independencia, neutralidad y objetividad) constituye un regreso a la gubernamentalización de RTVE –a través del cambio en la composición de su Consejo de Administración, eliminando la representación de los colectivos profesionales y sociales y permitiendo su elección por mayoría simple- y augura un proceso de desmantelamiento de las televisiones autonómicas que está dando ya sus primeros pasos.

En este sentido, el manifiesto apunta cómo el debilitamiento presupuestario de los medios de titularidad pública (cuando no su privatización o externalización de funciones) daña a medio y largo plazo su papel esencial como medios de comunicación que priman la rentabilidad social por encima de la económica. Su instrumentalización política menoscaba su imagen y credibilidad. Y nos hace olvidar que son propiedad de todos.

Por ello es necesario abrir un debate sobre las principales problemáticas de la agenda comunicativa e intentar revertir las políticas de comunicación elaboradas en los últimos años y que han afectado al sector audiovisual tanto público como privado. El derecho de acceso a la comunicación y la calidad y el pluralismo informativos merecen ser discutidos; más aún, debemos concienciarnos de que es una cuestión en la que deben implicarse no sólo las fuerzas políticas sino también las sociales.

(*) Ana Isabel Segovia Alonso es profesora del Departamento de Periodismo III de la Facultad de CC. de la Información de la UCM y socia fundadora de ULEPICC-España.