España obedecerá y será intervenida

España ha dejado de ser un país autónomo y soberano en lo económico, pero también en lo político, desde el infausto 10 de mayo de 2010. Los condicionantes económicos y políticos han sido, sin duda, la pérdida de soberanía no deseada más trágica para el nivel de autoestima de la población, algo que flotó y sobrevoló durante las masivas concentraciones callejeras del 19 de julio a lo largo de todo el país.

Los hechos objetivos son que la economía española ha alcanzado un déficit público del 9%, fruto de un incremento del gasto público hasta el 44% del PIB, a pesar de los recortes, y un 35% del PIB en ingresos, tras la desfiscalización que propició el paso del equipo económico del PSOE durante la primera parte del mandato de Zapatero. A esto hay que añadir que la recesión es un hecho y las previsiones que manejo para el próximo trienio son aún peores: una fuerte caída de la actividad en 2012, 2013 y 2014, con una reducción acumulada del PIB de casi el 8% y una tasa de paro que se mantendrá por encima del 22% en este trienio, alcanzando casi los 7 millones de trabajadores. Estas previsiones son muy distintas a las que maneja el propio Ejecutivo, algo que también los mercados financieros están descontando en los últimos días, es decir, que la probabilidad de que España no pueda pagar la deuda cada día es mayor. El caso de la Comunidad Valencia, formalmente en manos del Gobierno central, ha sido ya el punto de inflexión para la llegada al término del proceso, la intervención soberana.

Con estas previsiones, y la crisis de sobreendeudamiento privado en plena vigencia, los mercados financieros internacionales ya han tomado la decisión más peligrosa para una economía necesitada de financiación externa, que es ordenar que deshagan todas las posiciones de activos españoles. La ausencia de un plan de actuación económica concreta, la imposición de medidas de austeridad en el gasto ajenas a la lógica económica y un incremento del esfuerzo fiscal sin tino y sin un mínimo conocimiento de la fase del ciclo en la que estamos ha llevado al Gobierno español a ser considerado ya un Ejecutivo no creíble y sin autoridad moral para poder resistir el envite de los mercados financieros.

Las restricciones a la actividad empresarial aprobadas esta semana en la convalidación del Real Decreto 21/2012, la constatación de que el consumo se hundirá con la subida desproporcionada e inútil del IVA, junto a eliminación del cuarto pilar del Estado del Bienestar, como es la dependencia, agrietarán de forma significativa la estructura social y los pilares de la cohesión social. Esta última fase es la que peor llevan los grandes inversores y ya habría sido introducida en los modelos de toma de decisión por parte de los grandes Fondos de Inversión y de Pensiones. Curiosamente, esto llega en el postre  de la intervención bancaria, algo que aprobó ayer el Eurogrupo, tras la ratificación, debate y discusión en los países de nuestro entorno y el paso por el rodillo de la sala vallada en la que se ha convertido el Parlamento español.

El saneamiento bancario, que llega muy tarde, y tras la introducción de más del 20% del PIB por parte de los contribuyentes españoles en entidades zombies, enfermas y sin capacidad de reacción, apenas ya tiene relevancia entre los inversores. Los propios compradores de fondos y acciones españoles han puesto al IBEX 35 en una situación en la que las grandes empresas están a tiro de una OPA hostil, lo que acabaría con uno de los mitos que han corrido estos años, y que era la bondad y calidad de las empresas españolas transnacionales. La realidad es que muchas de ellas se han beneficiado de una antigua posición de monopolio y han aprovechado los fondos acumulados para salir de compras, al margen de una fiscalidad que les ha permitido apenas pagar impuestos de sociedades, amortizar el fondo de comercio de forma abusiva y repatriar dividendos y beneficios a un coste mínimo. A esto hay que añadir un proceso de saturación de los balances de la banca española que ya no pueden absorber más deuda pública nacional, lo que se ha dejado notar en la última subasta, una vez que el mundo ha dejado de demandar nuestros activos, a pesar de la elevada rentabilidad.

Esta falta de credibilidad, que se ha transmitido con esta serie de episodios de falsedades, rectificaciones y ocultación de información por parte del Gobierno desde el primer día, unido a su falta de empatía con las autoridades comunitarias, ha condicionado que los acontecimientos se hayan acelerado, y que los principales Gobiernos europeos, la prensa internacional y las grandes corporaciones hayan constatado la incapacidad para liderar el barco de la economía española. Esto se pude apreciar si uno analiza algunos de los detalles del último Real Decreto, que ha sido convalidado en un hemiciclo sin el Presidente del Gobierno y solo defendido, probablemente, por el peor ministro del ejecutivo, Cristóbal Montoro.  Por ejemplo, se anuncia una reducción de las cotizaciones sociales de casi tres puntos en los próximos años, y simplemente es una compensación con la eliminación de bonificaciones al empleo, algo que solo beneficia a las grandes corporaciones. Con ello, la disminución de ingresos de la Seguridad Social se paliará en parte, pudiendo estimarse que quede entre 1.500 y 1.800 mill€ en 2013 y el doble en 2014. En todo caso, con menor empleo y consiguientemente menos afiliados solo cabe esperar una disminución de prestaciones que solo pueden afectar a las pensiones contributivas.

Otro ejemplo es el tema del ahorro farmacéutico.  La desfinanciación de medicamentos que puede suponer un volumen total de ventas de 1.200 mill€ , aproximadamente, con los medicamentos ahora afectados pero que puede cambiar ligeramente, afecta a lo financiado por el Sistema Nacional de Salud (SNS) en una cantidad de 450-500 mill€ y el resto es de venta libre. La desfinanciación llevará consigo un ahorro  para el SNS de forma inmediata, y una disminución de las ventas de ese segmento de medicamentos ahora en venta libre total, que puede estimarse entre 300 y 400 mill€. La experiencia de los dos medicamentazos anteriores, que estaban técnicamente mejor hechos, indica que se produce un efecto sustitución paulatino estimado en 600 mill€. El resultado final será un mayor coste para el SNS de entre 100 y 150 mill€, un mayor negocio para las oficinas de farmacia que venderán más, una parte a precio libre y cobrando en el acto, un mayor negocio para la industria que verá incrementado el gasto global y tendrá más fácil la subida de precios de los medicamentos desfinanciados, y una vez más, perjudicado el ciudadano que verá, en parte, restringida la oferta de medicamentos eficaces porque no en todos los casos y todos los médicos entrarán a la desfinanciación. Este es un ejemplo palmario de cómo se está legislando en los últimos tiempos.

Con estas premisas, y un saldo en caja del Tesoro de apenas 28.000 mill€, solo para los vencimientos de julio y agosto, la economía española está abocada a un rescate ya formal, algo que las autoridades europeas ya ven inevitable. La prima de riesgo por encima de 600 puntos básicos, el coste de financiación al 7%, y una carga de intereses que crece por encima del PIB nominal harán que las próximas jornadas serán clave, y sin duda, supondrán la caída del Gobierno actual. El gran drama es que no hay alternativa creíble y eso los ciudadanos lo saben y se notó en las grandes movilizaciones sociales. Da mucha pena ver a toda una sociedad hastiada de una democracia por la que tanto se luchó y que la hemos matado, un poco, entre todos.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director ejecutivo de Inurrieta Consultoría Integral.