Repsol es solo una multinacional

La reciente decisión del Gobierno argentino de renacionalizar la empresa YPF, despojando a Repsol del 51%, ha encendido todo tipo de diatribas nacionalistas, ensalzando el dolo a la madre patria que supone un acto que, estrictamente, es un problema económico y jurídicamente muy discutible.

La historia es más o menos conocida: hace 14 años que Repsol adquirió la argentina YPF, curiosamente impulsada y apoyada por el difunto de la Presidenta argentina. Con esta adquisición, Repsol escaló muchos puestos internacionales y añadió a su negocio tradicional, refino y distribución minorista de hidrocarburos, los yacimientos que aportaba YPF y que, poco a poco, se han agotado. Ahora, y basándose en una ley del 77, el Gobierno argentino ha expropiado la compañía amparándose en la utilidad pública, y tratando de explotar la vena anticolonial de una parte de la población, ante la enésima crisis económica y social de un país fallido.

Lo que más ha sorprendido es la reacción desmesurada del Gobierno español, las amenazas veladas y un cierto despotismo, que en ningún momento ha ayudado a reconducir la situación de un problema que es estrictamente jurídico, y que afecta esencialmente a los accionistas, proveedores y trabajadores que pueda tener Repsol en dicho país, así como en la cuenta de resultados y cotización bursátil tanto en Argentina, como en Madrid y Nueva York. El relacionar directamente la expropiación con unas pésimas formas, más cercanas a golpistas que toman la televisión de un país que a la lógica de un cambio de accionariado, con la nacionalidad de la empresa también refleja un cierto chovinismo trasnochado, pues Repsol, como toda multinacional, no tiene alma, ni nacionalidad. Su accionariado es muy plural y, por tanto, se puede decir que su acción no responde a los intereses de un país, sino a la de sus accionistas.

El marco de actuación en estos años, aceptado por Repsol, ya tenía tintes autoritarios, como el hecho de la venta del 25% a un grupo familiar (Petersen), que ahora no ha sido expropiado, así como la obligación de vender la gasolina por debajo del precio de mercado en Argentina, lo cual es una cierta anomalía que explica por qué no había gasolineras YPF. ¿Cuál ha sido el verdadero detonante de la expropiación?, que, por cierto, se sabía desde diciembre. Pues parece que el yacimiento de Vaca Muerta, que podría convertir a Argentina en autosuficiente en los próximos 20 años. Sin embargo, este yacimiento tiene algunos problemas. El primero es que para su extracción hay que disolver la pizarra que lo contiene, y que además está a una profundidad significativa. Y el segundo es que este proceso es muy caro y necesita de una gran inversión que, en estos momentos, YPF no puede acometer  sola, por lo que tendrá que acoplar un socio tecnológico que, seguramente, será chino.

Con todo esto, se revela que el error estratégico de Repsol, y también del conjunto de España, ha sido elegir Argentina como socio prioritario en el Cono Sur, algo que, por ejemplo, EEUU lo entendió muy bien y apostó por Brasil o Chile. La búsqueda de gangas empresariales, como ésta y después Aerolíneas Argentinas, ha terminado por destapar el desastre que supone un país fallido y cuya estructura social y política dista mucho de un país medianamente serio.

Las alternativas ahora son claras. Jurídicamente, prácticamente nada se puede hacer, y solo queda apelar al justiprecio y en su defecto ir a la Corte Internacional de Arbitraje para que dirima el desacuerdo. La valoración que ha ido apareciendo, parece desmesurada, pues puede estar incluyendo activos ya amortizados, lo cual tampoco va a ayudar a solventar el problema. Desde una óptica diplomática, la brecha ya está abierta, pues con amenazas o palabras altisonantes, prácticamente no se consigue nada. El apoyo logístico y técnico por parte del Gobierno español es imprescindible, aunque el grueso del trámite legal lo pilotará la propia compañía, pues en esencia son sus intereses los que están en juego.

Finalmente, comentario aparte merece el escaso apoyo recibido por parte de la UE, y EEUU, lo cual indica dos cosas. Por un lado, que España está en una situación de extrema debilidad, tanto a nivel político, como económico, y, por otro, que esta actuación argentina se considera una cuestión bilateral y que, de facto, ha contado con cierto desdén, especialmente por parte de EEUU. Estas reacciones responden también al escaso peso y preponderancia de la diplomacia española en el exterior, algo que también deberíamos analizar.

En suma, Repsol, que no es más que una multinacional, sin alma, ni nacionalidad, encara una pérdida significativa en el ránking internacional de empresas petroleras, una sensible pérdida de negocio, algo más de un 30%, y, especialmente, una larga lucha jurídica por el justiprecio de sus acciones. La medida, claramente reprobable, podría extenderse a otros activos empresariales, por lo que se rogaría mesura y visión de Estado. El resto del país seguirá pensando en los problemas que realmente nos están hundiendo: recortes en educación, sanidad, y servicios sociales.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director ejecutivo de Inurrieta Consultoría Integral.