Las autonomías como problema

Más allá de la preocupación por el drama del paro, que alcanza entre nosotros características de lacra social, se afianza en la opinión pública española, pero sobre todo en la normal conversación de los ciudadanos, el convencimiento de que la corrupción y encanallamiento de la clase política son generalizados; pero, a la vez, se va desvelando con más claridad lo que hasta hace no mucho fue una sospecha contenida: que el Estado de las autonomías está directamente relacionado con lo que de específica tiene aquí la crisis económica internacional y sus particulares secuelas de degradación institucional, social y moral. La ruina que nos embarga, la emigración de nuestros jóvenes, la falta de perspectivas, la desmoralización, la desconfianza y el pesimismo, el hastío y la indiferencia, se producen en un escenario donde la clase política que, en mayor o menor medida, ha detentado el poder en los últimos treinta años se ha convertido en casta partitocrática, gracias en buena parte al diseño aberrante de un Estado que ha concluido por funcionar a día de hoy como diecisiete taifas contemporáneas, con evidente y reiterada conculcación de la Constitución de 1978 y el uso interesado de una ley electoral no sólo gravemente injusta, sino que impide la ventilación necesaria de  los partidos en un sistema democrático.

El “café para todos” del presidente Suárez y los entonces bienintencionados políticos de la Transición fue una respuesta tan voluntariosa como ingenua al siempre amenazante problema de los nacionalismos vasco y catalán, como todos los nacionalismos, “un mal en estado puro”, que diría Bertrand Russell. Pero aquella respuesta tan coyuntural y contentadiza que se las prometía muy felices, con visos de futuro descentralizador y armónico de un Estado por fin diverso y solidario, lejos de conseguir ninguna de sus grandes perspectivas ha devenido un “régimen” en sí problemático, ni confederal ni federal, sino asimétrico, es decir, basado en privilegios y distinciones, como en el Antiguo Régimen que derrocó la Revolución francesa, y con un futuro nada halagüeño. Una verdadera involución histórica, si tenemos en cuenta que el principio fundamental de toda democracia contemporánea, luego de las revoluciones liberales del siglo XVIII, se basa en la nación soberana de ciudadanos, con iguales derechos y obligaciones en cualquier parte de su territorio, algo que ha quebrado flagrantemente el Estado autonómico en España que, para colmo, sigue manteniendo como emblema intocable fueros medievales en el País Vasco y Navarra, asunto intolerable en cualquier país políticamente evolucionado.

Todavía más. El balance del régimen autonómico al cabo de más de tres décadas de funcionamiento es preocupantemente negativo. No sólo no ha neutralizado, mucho menos integrado, los nacionalismos vasco y catalán, mientras ha resucitado el, hace tan solo cuarenta años, moribundo nacionalismo gallego, y reavivado toda clase de miméticos y grotescos nacionalismos de campanario (particularismos todos bastante más razonablemente  contemplados en la Constitución de 1931 y en sus respectivos  Estatutos republicanos), sino que los ha exaltado y dado alas hacia el independentismo económico y político, poniendo en serio riesgo la unidad imprescindible de la hacienda pública y de mercado del conjunto del Estado. Pero sin salir del orden político, el balance del Estado autonómico está inextricablemente unido a evidencias que, de manera general, pueden resumirse en una grave falta de coordinación, vigilancia y preeminencia estatales, descontrol del presupuesto, despilfarro del dinero público y una clamorosa falta de eficacia administrativa, no obstante la multiplicación escandalosa de funcionarios y trabajadores al servicio del sector público; cientos de empresas y fundaciones de nuevo cuño, en fin, tan onerosas como inútiles, que sólo ocultan las grandes pesebreras que el régimen autonómico reserva a un ejército de mediocres paniaguados. Por no entrar en los aspectos culturales, donde el esperpento de la vindicación local y regionalista abochorna; la insensata lucha de las lenguas mete miedo, y la negación y reinvención de la Historia nos devuelve a experiencias temibles de mentalidad política totalitaria. El mito ha sustituido a la historiografía más rigurosa en las regiones donde sufren gobiernos nacionalistas, mientras en el resto se reinventan los localismos más grotescos como antropología de la diferencia, de modo que bien puede decirse con don Miguel de Unamuno que “hacen cuerpos vivos de osamentas”.

Todo ello no sería explicable sin el control y uso políticos del aparato administrativo, algo que recuerda estrechamente el caciquismo de la Restauración. Si sustituimos los caciques de antaño por los representantes del aparato de los partidos actuales, vemos, como en aquel régimen de libertad vigilada, que los políticos autonómicos no necesitan tener excepcionales riquezas ni un poder político o económico extraordinario para hacerse con el poder regional y su disfrute, pero sí les es imprescindible el control de la Administración. Y aquí, ante la mansedumbre de los funcionarios y su mirar para otro lado, en medio de una insultante indiferencia social y la ya tradicional “anemia cívica” española, se ha ido tejiendo la urdimbre del clientelismo y su concomitante conculcación de normas y leyes para, una vez que el partido gobernante asienta su “régimen”, tras un par de legislaturas seguidas, extender la impunidad de las corruptelas en el saqueo del botín público. Así lo estamos viendo, atónitos, en el expolio de la Comunidad valenciana, en la alucinante quiebra de la catalana, o en el increíble patio de Monipodio andaluz, por poner los ejemplos más escandalosos. Ha tenido que sobrevenir una crisis económica brutal, como la que padecemos, para que apartara el trampantojo que ocultaba el delirio autonómico. Ahora la realidad, pese a la obcecación de los que huyen hacia adelante, vuelve a llamar las cosas por su nombre.

Decía Aristóteles que “la corrupción es un cambio que va de alguna cosa al no ser de ella”. Quizá deberíamos preguntarnos si aquí la infección amenaza gangrena del sistema y estar preparados para una regeneración cívica urgente, de modo que se evite tan apestosa coyuntura y la siempre frágil democracia “no sea”.

(*) Agustín García Simón es escritor y editor.