Una reforma fiscal urgente

Francisco Javier López Martín *

Cualquiera que escuche a algunos empresarios clamando por la rebaja de impuestos podría pensar que España es un país que no crea empleo y hunde a sus empresas a golpe de presión fiscal.  Si además de Arturo Fernández, presidente de CEIM y primer vicepresidente de CEOE, es Esperanza Aguirre la que, contraviniendo a su Gobierno de España, predica las rebajas de impuestos. Y si además los tertulianos de las TDT cavernarias despotrican contra los impuestos, podemos terminar creyendo, que vivimos en un país aplastado por los impuestos. Y sin embargo no es así. El problema del país es que muchos, especialmente los que tenemos nómina, pagamos y otros pagan muy poco.

La etapa democrática ha hecho que la recaudación fiscal haya crecido y contemos con un sistema fiscal que combina impuestos directos, como el IRPF, indirectos como el IVA y cotizaciones sociales.  El problema, como quedó dicho, es que las rentas que no proceden del trabajo escapan fácilmente a la tributación y que esta situación, unida al fraude fiscal, ha ido empeorando a lo largo de los últimos lustros. Llegó la crisis y entre la caída de beneficios y la alta dependencia de operaciones inmobiliarias, los ingresos se han resentido notablemente. Si además tomamos en cuenta que las reformas tributarias entre 2003 y 2008 han supuesto la pérdida de más de 17.000 millones de euros anuales para las Administraciones, la situación no puede ser menos alentadora en un momento en el que la inversión pública debería suplir a la privada. De ahí el saldo negativo entre ingresos y gastos de nuestras Administraciones públicas.

Nuestra presión fiscal, los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales, suman un 30,7% de nuestra riqueza nacional (nuestro Producto Interior Bruto), mientras que la media  europea se encuentra en el 38,7% en la Zona Euro, alcanzando el 47,9% en Dinamarca, el 39,5% en Alemania, el 41,3% en Francia, o el 42,1% en Italia.

Tenemos un IRPF que controla muy bien las rentas del trabajo, pero que consigue poca recaudación y esfuerzo de las rentas del capital.  Contamos con un impuesto de sociedades que hace que las empresas aporten un pequeño 4,3% del PIB, con un tipo medio legal de gravamen del 28%, pero un tipo real del 16,7%, mientras  que las grandes empresas no llegan al 10%. Y todo ello sin tomar en cuenta un fraude fiscal que, según estimaciones, duplica al de la media de la Unión Europea y la existencia de figuras como las SICAV (Sociedades de Inversión) que tributan con tipos ínfimos del 1%.

Al final, uno de los impuestos más importantes es el que grava el consumo, el famoso IVA, que, repercute más sobre quienes consumimos más, porque somos la mayoría de la población.  En cuanto a las cotizaciones sociales que aportamos los trabajadores y empresarios es evidente que sale de la nómina de los trabajadores, mientras que la cotización del empresario sale del precio final del producto.

En definitiva, el sistema fiscal español es desequilibrado e injusto, alejándonos de las Unión Europea.  Con la crisis que vivimos, sería razonable abordan una reforma fiscal que permitiera contar con los recursos necesarios, equilibrando las aportaciones y esfuerzos de trabajadores y empresarios.  En primer lugar reforzando la persecución del fraude fiscal.  En segundo lugar mejorando el IRPF, estableciendo tarifas mayores para las rentas más altas, o eliminando las estimaciones objetivas de actividades económicas. Deberían eliminar todas las deducciones del Impuesto de Sociedades que no tengan que ver con la reinversión de beneficios y la creación de empleo en las empresas.

Debería controlarse la actuación de las SICAV, que en muchos casos son utilizadas para eludir impuestos. Deberían restablecerse impuestos como el de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Debería instaurarse un nuevo impuesto sobre entidades financieras como han hecho algunos países europeos, o sobre transacciones financieras.

Nuestro sistema fiscal tiene arreglo y puede aportar los recursos necesarios en tiempo de crisis, a condición de que las Administraciones y los empresarios de este país tomen conciencia de que, al menos, tenemos que alcanzar las medias europeas de recaudación y que eso significa que el esfuerzo fiscal tiene que ser equilibrado, no sangrando más las rentas del trabajo.  Si además, la Unión Europea, para variar, fuera capaz de cooperar para combatir  el fraude y acordar un sistema fiscal común, con bases impositivas y tipos mínimos impositivos comunes, creando un Tesoro Europeo y una Agencia Europea de la Deuda, acordando impuestos comunes sobre transacciones financieras y luchando conjuntamente contra los paraísos fiscales, aún mejor.  Pero así y con todo, una Reforma Fiscal es necesaria y urgente en nuestro  país.

(*) Francisco Javier López Martín es secretario general de CCOO de Madrid.