Banca pública: ahora o nunca

Los acontecimientos se suceden y prácticamente todos los días se anuncian ayudas de corte financiero, en todas sus vertientes, para paliar la crisis financiera que arrasa al conjunto del mundo, y a España en particular. El mecanismo sobre el que ha pivotado todo este entramado de ayudas, subvenciones, avales o subastas se ha basado en una institución como el ICO, y en menor medida, el recurso al Tesoro. Pero todo esto, y después de varios intentos de sostener al sistema financiero, mediante el FROB (préstamos que rozan la usura en un contexto como el actual), barra libre de liquidez en el BCE o vagos intentos de fusionar a las cajas de ahorro menos eficientes, ha llegado la hora de la verdad y se ha decidido cambiar drásticamente el mapa financiero español.

En España se abre un nuevo periodo en el que el sistema financiero tradicional ha saltado por los aires, ante la presión de los dos grandes bancos multinacionales que operan en España. Estas empresas, con ratios de solvencia y liquidez muy aceptables y un menor riesgo inmobiliario, se presentaron ante el presidente del Gobierno en Moncloa y exigieron una privatización de las cajas de ahorro, ya que creen que es insostenible el ataque que sufre la banca española en bolsa, y en mercados financieros en general, por la incertidumbre alrededor del riesgo que incuban los entes regionales. Ante estos envites, y conscientes de que la falta de transparencia congénita del Banco de España y del propio sistema financiero hacen inviable convencer a los mercados de la falsa bondad de buena parte del sistema financiero, se ha optado por una privatización teñida de nacionalización, utilizando la amenaza creíble de elevar la ratio de solvencia.

El problema real es tan grave que podríamos estar hablando de más de 100.000 millones de euros de créditos dudosos, cuya recuperación es prácticamente imposible. Esta cuantía, que es casi un 10% del PIB supone que las necesidades de capital real son muy superiores a las estimadas y nos acercan al verdadero cáncer actual de la economía española: la deuda privada es tan elevada que es imposible que se pueda repagar. El dilema es quién debe pagar esta deuda, especialmente la inmobiliaria, que involucra a bancos, empresas y familias, y por extensión al Banco de España. Las primeras informaciones apuntan a lo clásico y más fácil. Lo pagan los contribuyentes vía deuda o impuestos, los equipos gestores se libran de cualquier responsabilidad, los accionistas y bonistas son los grandes ganadores, pues su lastre, el riesgo de impago, lo asume el Estado y las instituciones ven limpios los balances de forma gratuita.

En este contexto de incertidumbre y parálisis financiera surge la idea de si la economía española necesita o no una banca pública que sea capaz de articular todas estas actuaciones y otras que lamentablemente el sector financiero privado no acomete.

El problema surge, y también el rechazo intelectual al que me sumo, si el concepto de banca pública es el mismo que vivió España en los años setenta y ochenta. En ese momento, existían varias formas de banca pública muy especializada. Todavía se recuerda la existencia del Banco de Crédito Industrial o el Agrícola, o en otra modalidad Argentaria, hoy privatizada y englobada dentro de un gran grupo financiero. Estos instrumentos nutrían de fondos a los sectores estratégicos o aquellos que podían serlo.

La liberalización del sector financiero trajo consigo la desaparición de toda forma tradicional de banca pública, entendiendo por ello la banca minorista que competía en algunos segmentos con la banca privada. El posterior desarrollo del sistema financiero, gracias sin duda a figuras emblemáticas como Luis Ángel Rojo, permitieron que la banca privada, uniendo bancos, cajas y cooperativas de crédito, ocupase todo el espectro del mercado financiero y crediticio, manteniendo el Estado únicamente algunas agencias, como pueden ser el ICO, CDTI, Cofides o Enisa. Por supuesto, con la colaboración del Tesoro. Estas agencias lo que hacen es convenir con la banca privada y así estimular o financiar las medidas de política económica que el Gobierno decida en cada momento, sin que tengan un carácter de banca al uso.

Con estos mimbres, la estructura económica y financiera española presenta ciertas carencias en materia de financiación que se han puesto de manifiesto en esta coyuntura. Por un lado, el Estado se ha convertido, al menos coyunturalmente, en prestamista de última instancia a través de operaciones que está llevando a cabo el ICO o el Tesoro. Todo esto para solventar problemas dispares, como financiación de circulante, avalar emisiones de deuda o moratorias de pagos a las familias y empresas. Todo esto unido a líneas especificas de crédito a sectores en crisis o muy maduros y para financiar el sector inmobiliario. Adicionalmente, los fallos de mercado que operan en el ámbito de las empresas innovadoras o en la transferencia de conocimiento entre empresas y universidades y en el sector cultural. Estas actividades, que el sector privado no contempla o lo hace sólo de forma parcial y selectiva, no despega claramente por falta de financiación abundante y rápida.

La ausencia de mecanismos de valoración objetivos y conocidos por parte de los que dilucidan a quien se apoya, la falta, en muchos casos, de conocimiento y formación en muchos gestores públicos del sector financiero, hacen cada vez más complicada la generación de riqueza empresarial en el apartado de innovación. El riesgo que conllevan estos proyectos no justifica la tasa de rechazos y el escaso uso y conocimiento que de los instrumentos financieros públicos, salvo las subvenciones, tiene el entramado empresarial español.

En suma, con todos los fondos existentes, en muchos casos dispersos y con escasa difusión, se debería poder construir una banca pública del siglo XXI que cumpliese tres objetivos. Uno, no competir en el segmento tradicional con la banca privada. En segundo lugar, financiar las medidas de política económica directamente. Y finalmente, ser el financiador de todos los proyectos empresariales que, tras una evaluación por parte de expertos que conozcan el mundo empresarial, puedan generar valor añadido en la economía española. Esto ahora sería mucho más fácil y barato utilizando las redes de las Cajas de Ahorro intervenidas, que pueden ser saneadas y transformadas en grandes ejes de desarrollo de nuevas actividades productivas, reconvirtiendo todo el parque de viviendas en balance en un gran parque de vivienda pública en alquiler.  Eso sí, quien quiera créditos inmobiliarios para construir en Seseña u otras zonas inútiles, que vuelva a la banca tradicional, tan querida por políticos y falsos empresarios creados al albur del dinero fácil y barato. Lo que se propone aquí es muy serio.

(*) Alejandro Inurrieta es concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid y profesor del IEB. Fue asesor de la Secretaría de Estado de Economía.