Democracia moral, prohibiciones preventivas

Javier Blanco Urgoiti *

No creo exagerar cuando digo que, con la aprobación de la reforma de la ley del tabaco, este país, convertido ya en el más prohibitivo de la UE, ha dado un paso atrás de 50 años en sus aspiraciones de ser un estado libre y democrático. Aparte de la mentira con la que el Ministerio de Sanidad ha embadurnado todo el proceso legislativo, aplicando su rodillo mediático como en los tiempos del Agitprop sin importarle en absoluto la verdad, se han creado dos precedentes peligrosos, peligrosísimos, que pueden cambiar, a partir de ahora la manera en que se generan las leyes en España, siempre en beneficio de un bien superior, como la defensa de la juventud y la infancia, la salud pública, la seguridad nacional o el estado del bienestar.

El primero de ellos es el de las prohibiciones preventivas. Se establece una prohibición total de fumar en hostelería para que no haya sitio a las interpretaciones y, por tanto, para impedir que la gente, en el futuro, se salte la ley. Suena a Minority report porque es exactamente lo mismo. La prohibición se anticipa al mal comportamiento y, así, el Estado se asegura de que no se comete la falta.

En segundo lugar, la reforma de la ley del tabaco tiene un componente moral al más puro estilo antiguo régimen que es de lo más repugnante: la prohibición de fumar en parques infantiles para evitar que los progenitores den mal ejemplo a sus hijos. La democracia no es moral, porque aglutina y permite la convivencia de toda clase de moral, la que uno entiende y la que uno rechaza, y ni el Ministerio de Sanidad ni el señor Gaspar Llamazares son quienes para presentarse como un ejemplo moral a los demás. Si lo que estamos buscando es que los padres no den malos ejemplos… ¡Agárrense que lo van a prohibir todo!

Pero estos dos aspectos, meramente teóricos, no han sido lo único lamentable del proceso de reforma de la Ley 28/2005. El Ministerio de Sanidad, encabezado por Trinidad Jiménez, ha faltado a todos sus compromisos públicos, incluido el del consenso, con una falta de vergüenza sin precedentes en política y, oiga, ¡aquí no pasa nada!

Sumen que no se ha permitido hablar a quien podía decir algo y tenía apoyos para hacerlo, para aprobar a martillazos una ley que pisotea los pocos derechos de 11 millones de adultos que consumen tabaco en España, como si fueran delincuentes, contra la opinión de un sector, el de hostelería, que representa un 7% de nuestro maltrecho PIB. De remate, se han usado todos los atajos legislativos y la puerta de atrás del Congreso, con urgencia, como si este fuera el mayor problema de España hoy. Por último, se impone una norma que ignora la realidad, porque sus perpetradores han decidido que sean la realidad y las personas las que se amolden a la norma. Por tanto, su destino es el fracaso más absoluto.

¡Con lo fácil que habría resultado regular el consumo de tabaco en todos los lugares públicos cerrados, delimitando los espacios y las condiciones en las que sí es posible fumar en ellos, con respeto, siempre, a los derechos del no fumador! ¡Esto es lo que quería la gente! Esto y no tanta prohibición ni tanta política norcoreana. Poder llegar a un restaurante y que te ofrezcan fumador o no fumador y que ese modelo se vigile y se respete. Todos contentos.

Pero, ya saben por qué eso no es posible: porque ustedes son unos futuros delincuentes y eso es un pésimo ejemplo para sus hijos.  No creo estar exagerando cuando pienso en el oneroso resultado que para las arcas públicas daría la aplicación de estos dos principios, por ejemplo, al código de circulación.

(*) Javier Blanco Urgoiti (La Coruña, 1972) es periodista especializado en prensa sectorial y portavoz del Club de Fumadores por la Tolerancia desde 2005.