Las pensiones y el cuento del lobo

En España, el llamado Estado del Bienestar llegó tarde y su estructura es raquítica, en comparación con los países europeos más avanzados. La dictadura franquista nos hizo perder, uno más, el tren de la prosperidad y la Transición sólo pudo barnizar un modelo que, a día de hoy, es un espejismo que adolece de multitud de carencias, tanto cuantitativas como cualitativas.

Entre los pilares más deficitarios se encontraría el sistema público de pensiones, lo cual es, también, uno de los aspectos que más angustia a un conjunto muy numeroso de la población. Este sistema que nos hemos dotado, denominado de reparto y con la modalidad pay as you go, está siendo objeto de revisión y puesto en duda, en parte por intereses mercantiles (lobby financiero), pero también por intereses políticos espureos.

En esencia, el problema podría ser estrictamente actuarial, es decir, con el modelo de acumulación actual, y dada la estructura poblacional y la esperanza de vida, lo aportado durante la vida laboral por el conjunto de la población ocupada, podría no ser suficiente para garantizar los derechos individuales adquiridos. Lógicamente esto, desde una óptica estrictamente actuarial, solo tiene dos soluciones: o aumentar el ingreso per capita lo suficiente, o reducir la prestación per capita de forma significativa. En una coyuntura como esta, con pérdida de poder adquisitivo, el pensar en incrementar la aportación individual al sistema parece inviable, por lo que la forma más sencilla, dese una óptica de inmediatez y viabilidad política, es reducir drásticamente la cuantía a percibir por cada pensionista en el futuro. Eso se consigue elevando el periodo de cálculo necesario para tener derecho a una pensión contributiva, y también elevando la edad legal de jubilación.

Esta aproximación al problema esconde unos vicios y unas lagunas que, siendo ingenuo, pueden deberse a una posición defensiva, pero que en la práctica tienen el fin último de generar una sensación de alarma e incertidumbre que obliguen a los potenciales perceptores a suscribir fondos de pensiones privados, a los que luego me referiré. Esta tendencia al alarmismo se aproxima al extremismo, pues ya desde 1995 algunas instituciones aventuraban el fin del sistema público de pensiones, primero en el año 2000, luego en 2010, luego en 2015, 2020 y ahora ya se instala el fin del mundo en 2050. Estas mismas instituciones, Banco de España, BBVA, FEDEA, etc., son las mismas que ahora vuelven a la carga, lo mismo que los organismos multilaterales, a pesar de sus abultados e interesados errores de previsión. Por eso inciden tanto, y en el fondo lo persiguen, en el hecho de que las finanzas públicas sean incapaces de pagar las pensiones comprometidas, porque si no, los ciudadanos serán insensibles y los fondos de empleo o privados no crecerán en la suficiente intensidad que permitan ser  rentables en una cuantía suficiente para poder pagar a todos los lobbies.

Conviene, por tanto, analizar qué variables son las que hacen fracasar todos los modelos de previsión en esta materia. Las variables más proclives son la demografía, los ciclos económicos y por tanto la tasa de actividad y empleo. Comencemos por la demografía. Esta variable tiene un componente endógeno y otro exógeno. Desde una óptica endógena, la variable clave es la natalidad, mientras que desde un punto de vista exógeno, la clave está en los flujos migratorios. La mezcla de ambos, genera un elevado grado de incertidumbre y volatilidad a un modelo de previsión que hace dispararse los errores de previsión. Si analizamos la parte endógena, sobre la que pueden actuar las políticas públicas, la natalidad, España presenta unas cifras ridículas en comparación con los países que tienen sistemas de pensiones públicas más saneados. Aquí se ha abandonado todo intento de mejorarlas, curiosamente haciendo seguidismo de las recomendaciones de las mismas instituciones que ahora recomiendan reducir la pensión media. Una política de fomento a la natalidad activa en España debe contar con tres patas. Un incentivo monetario directo, como en la mayoría de países de nuestro entorno, que ha sido suprimido, un cambio drástico de horarios de trabajo que permita una conciliación personal y laboral que haga compatible la maternidad/paternidad con la actividad y el empleo. Junto a esto, una tasa de actividad femenina homologable a las mejores prácticas, los países nórdicos, de la que nos separa alrededor de 30 puntos porcentuales.  Esto implica la existencia de redes educativas públicas extensas infantiles, flexibilidad empresarial, fomento del teletrabajo y la existencia de un verdadero mercado de trabajo a tiempo parcial para cualquiera de los miembros de la pareja que decida permanecer más tiempo al cuidado de los pequeños. En este campo, nada se ha avanzado y los diferentes gobiernos españoles, pasados y presentes, han abdicado y prefieren mirar siempre a las medidas defensivas  y menos costosas, no solo desde una óptica económica, sino especialmente intelectual. Si este punto no avanza, cualquier reforma tendente a reducir el coste de las pensiones será la única posible y deseable por parte de todos los agentes involucrados, salvo los afectados.

La parte menos predecible de la evolución demográfica es el componente exógeno, los flujos migratorios procedentes de otros países. Estos flujos son, en parte, los responsables de los errores de previsión de todos los modelos en España. Su cálculo solo se puede aproximar por la evolución futura del PIB mundial y el de cada país. Si a esto añadimos, que la fertilidad y la propensión a la natalidad de los inmigrantes al aumentar la renta es muy superior a la de los nacionales, cualquier medida que favorezca su llegada, ordenada y legal, favorecerá nuestro sistema público de pensiones.

La otra variable que genera volatilidad, y anula muchas de las previsiones realizadas, es la tasa de actividad y el ciclo económico. Esto tiene mucho que ver con la tasa de reposición entre activos y pasivos. Cuanto más grande sea la base de activos, más longevo y eficiente será un sistema de reparto como el nuestro. Por eso, sorprende que nada se intente hacer para corregir una estructura del mercado de trabajo español tan peligroso. Por un lado, una bolsa de jóvenes inactivos que, junto a los parados, constituyen casi un 40% del total de la cohorte de edad entre 21 y 35 años.  Por otro lado, la tasa de actividad a partir de los 50 años es la más baja de toda la UE, generando un coste adicional al sistema público en algunos casos, pero sobre todo  generando una carga excesiva sobre los activos y empleados. En los dos segmentos de edad confluye un elemento que explica la dificultad del tránsito hacia la actividad. Se trata de un salario de reserva muy elevado. En el caso de los jóvenes, la red familiar aporta en especie un salario medio de 1.500€/mes, que soluciona todas las carencias de política pública. En el caso de los inactivos a partir de los 50 años, los ingresos de indemnización, los subsidios o el ahorro diferido mitigan el coste social de las prejubilaciones. Aquí de nuevo, nada se hace para elevar nuestra tasa de actividad, especialmente en estos dos colectivos dejados al albur de agentes y costes externos al sistema público, lo cual abarata el presupuesto público, pero impulsa las políticas pasivas y defensivas de recortes de derechos adquiridos.

En esencia, existen dos modelos de aproximación a un problema real, que es la dificultad de mantener un sistema público de reparto. Por un lado, medidas defensivas y de recorte de prestaciones, elevar la edad de jubilación y/o aumentar el periodo de cálculo. Por el otro generar un escenario, desde una óptica endógena, de crecimiento de la tasa de actividad y de la tasa de natalidad. Estos dos escenarios, que no son excluyentes, si deberían tener un peso muy distinto a la hora de encarar una reforma estructural seria, equitativa y racional. No hay que olvidar que la esperanza de vida no es lineal con la renta.

Dejo para el final por qué no son la solución los planes privados o de empleo. Las instituciones que los gestionan son opacas, poco eficientes, caras y esconden una realidad. En estos momentos, y según nuestros últimos estudios, el valor que descuentan las inversiones financieras a 15 y 20 años es  prácticamente nulo. A pesar de esto, siguen vendiendo planes y apostando muy  fuerte para que el Estado haga default, aunque eso suponga la quiebra del país. “La pela es la pela”.

(*) Alejandro Inurrieta es profesor del IEB y concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Fue asesor de la Secretaría de Estado de Economía y presidente de la Sociedad Pública de Alquiler.