El fracaso de la 'ley Sinde'
Adolfo Álvaro Martín *
La incapacidad del Gobierno para obtener apoyos parlamentarios para llevar adelante la denominada ley Sinde, está generando muchas reflexiones sobre la situación de la industria audiovisual, la regulación de las descargas por Internet o cómo conjugar los derechos de propiedad intelectual y/o libertad de expresión. Sin embargo, desde un punto de vista político, apenas se ha analizado la incapacidad de la clase política española a la hora de entender la importancia de la Red como catalizador de las reivindicaciones ciudadanas al margen de los partidos políticos tradicionales.
Los políticos españoles han puesto en marcha en los últimos años blogs, cuentas en Twitter, perfiles en Facebook o canales en Youtube, declarando a quienes les quieran oír que buscan un mayor acercamiento a los ciudadanos, escucharles y hacerles partícipes de las decisiones políticas que les afectan. Sin embargo, la rebelión gestada en la Red contra la denominada ley Sinde ha dejado al descubierto que, salvo honrosas excepciones, los políticos no saben o no quieren utilizar estas herramientas para hacer participes a los ciudadanos de la política.
La magnitud de la protesta pilló por sorpresa tanto al Ejecutivo como a la oposición, incapaces de entender cómo era posible que personas con distintas ideologías, posiciones y sin relación entre sí, pudieran llegar a coordinar una acción política a través de las redes sociales, blogs o Twitter. Nuestros políticos no calibraron que la reunión celebrada el día 3 de diciembre de 2009 entre la ministra González Sinde y blogueros participantes en las movilizaciones, convirtió a la Red en el centro del debate político y otorgó a los ciberactivistas carta de naturaleza ante una opinión pública que no salía de su asombro ante el desconcierto del Gobierno.
Un estudio de la Universidad Camilo José Cela titulado “Universitarios y Política 2.0”, publicado semanas antes de la votación del martes en el Congreso, daba el dato que el 80% de los encuestados afirmaba que las movilizaciones habían sido un éxito y consolidaban a Internet como una herramienta eficaz para influir en la política. Este estado de opinión organizado al margen de los canales tradicionales, situó a los partidos políticos y los medios de comunicación a remolque de una situación en la que ellos no habían sido los principales actores. Solo así puede entenderse que ningún grupo parlamentario, ni siquiera los habituales del pacto de última hora a cambio de alguna transferencia para su territorio, se atreviesen a transar con el Grupo socialista enmienda alguna, sabedores del alto coste político que ello les acarrearía.
El ciberactivismo ha obtenido en España un éxito importante del que la clase política española debe sacar lecciones; de un lado, evitando caer en la descalificación o menosprecio a las iniciativas estruturadas a través de las nuevas tecnologías y, de otro, dejando de utilizar estas herramientas como elementos de falsa modernidad o meras prolongaciones de su marketing electoral, haciendo uso de sus potencialidades para escuchar y atender las propuestas e iniciativas ciudadanas nacidas desde la Red.
