Un robo (casi) perfecto

Hugo Martínez Abarca *

Imaginemos que hace décadas los dos principales bancos se hubieran puesto de acuerdo en una norma según la cual pudieran apropiarse de los ahorros de los clientes de los bancos menores y utilizarlos entre otras cosas para aumentar el interés que dan a los clientes de los bancos mayoritarios. Imaginemos que una vez aplicada esa regla conformaran un organismo que decidiera la política bancaria en el que estuvieran representados los bancos con mayor peso cuanto mayor interés dieran a sus clientes. El robo de los bancos grandes a los pequeños sería perfecto. En primer lugar por el propio hecho de quedarse con el dinero de los clientes de otra entidad. Pero además porque los clientes de los bancos pequeños poco a poco se darían cuenta de que su dinero vale mucho más en los bancos grandes y se llevarían sus ahorros de la entidad donde son robados a otra en la que se beneficiaran del robo por lo que éstos serían cada vez más grandes. Rizando la perversión los bancos pequeños tendrían que tener mucho cuidado a la hora de denunciar el robo padecido porque tales denuncias estarían lanzando el mensaje a sus clientes de que están haciendo el canelo poniendo el dinero en ese banco en vez de en los grandes, que dan mayor interés por el robo legal. Los bancos grandes serían cada vez más grandes y tendrían más control sobre el organismo llamado a derogar el robo: evidentemente nunca acordarían dejar de robar.

Esta historia es imposible que se diera en el mercado bancario, porque la banca es algo demasiado importante como para someterla a injusticias tan obscenas: para eso hay leyes sobre competencia e instituciones internacionales que vigilan que entre banqueros no se pisen las cajas fuertes: con las cosas del comer no se puede jugar. La democracia, en cambio, debe de ser algo mucho menos importante que las inversiones bancarias: por eso el relato se corresponde tal cual a la perversión electoral española. Los dos grandes partidos (PSOE y PP) se benefician de la norma haciendo que sus votos estén sobrerrepresentados en el Parlamento, que es el que podría cambiar la norma electoral haciéndola más justa... si no fuera porque la injusticia favorece que sus beneficiados puedan impedir su reforma: PP y PSOE se benefician de una injusticia y consiguen bloquear gracias a ella toda reforma que les quite el privilegio. Con el tiempo, además, en las circunscripciones en las que la ley electoral castiga con más dureza a las fuerzas minoritarias (principalmente IU, aunque también otras estatales y nacionalistas o regionalistas minoritarias) sus votantes han sido cada vez menos al ver su voto arrojado a la basura. Para mayor escarnio, quienes denunciamos el robo electoral tenemos miedo de estar recordando a posibles electores de IU que si votan a IU existe la posibilidad de que su voto sea ninguneado. De eso se encargan sin ningún rubor quienes roban escaños mencionando un supuesto voto útil que sería el que fuera a los partidos mayoritarios.

Quienes defienden el robo electoral desprecian las quejas recordando que en tiempos de Julio Anguita IU tuvo 21 escaños. Lo que se oculta es que entonces IU debería haber obtenido 37 escaños si el 10.54% de votos se hubiera correspondido con un 10.54% de escaños. Con esos 37 escaños la fuerza parlamentaria de IU habría permitido forzar políticas muy distintas a las que se llevaron a cabo: precisamente lo que se intenta evitar buscando la desaparición de la representación del voto de izquierdas. De hecho, las recientes encuestas también dan una subida electoral de IU que supondría más oposición parlamentaria a las reformas neoliberales: el voto a IU ha variado al alza y a la baja en estas décadas, pero el desvío de escaños que corresponderían a IU hacia las opciones más cómodas para el mantenimiento del statu quo es constante.

La legislación electoral española se elaboró antes que la Constitución para beneficiar a los dos partidos centrales y, entre ellos, al mayoritario en las zonas rurales (generalmente más conservadoras que los ámbitos urbanos: entonces la UCD de los gobernantes): Landelino Lavilla y Miguel Herrero de Miñón han contado abiertamente que aquello se hizo con la intención de bloquear al PCE. Para eso se introdujo la circunscripción provincial, un parlamento relativamente poco numeroso y un suelo de dos escaños por circunscripción. Esos son los factores distorsionadores de la ley electoral y no la ley D'hondt que puede ser razonablemente proporcional cuando las circunscripciones reparten suficiente número de escaños: en las europeas o en provincias como Madrid y Barcelona el reparto de escaños responde bien al resultado electoral. Esas distorsiones son las que han debilitado lenta pero invariablemente a IU en las circunscripciones en las que su voto es robado con más saña, mientras en las circunscripciones urbanas conserva un buen nivel de voto que le da los escaños que tiene en el Congreso y los nuevos que obtendría en unas elecciones de celebrarse ahora. Manteniendo idénticos aciertos y errores, IU es más vulnerable a la hipócrita llamada al voto útil (“¡no votes a IU o te robamos tu voto! ¡Vótanos a nosotros que quien a buen árbol se arrima...!”) en las provincias menos pobladas, que es en las que cada voto tiene una representación parlamentaria mayor.

Se han propuesto modificaciones a la legislación electoral que, sin tocar la Constitución, llevarían a un reparto de escaños que represente lo que la ciudadanía vota. El propio Consejo de Estado (institución que no parece estar demasiado escorada hacia la izquierda transformadora) ha propuesto aumentar a 400 los escaños del Congreso creando para los nuevos 50 escaños una circunscripción ficticia (llamada colegio de restos) en la que se volcaran los votos que no han sido contados en las circunscripciones provinciales. Tal modificación estaría perfectamente amparada por la Constitución y generaría un Congreso de los Diputados que reflejara las proporciones políticas existentes en la ciudadanía. Además, dificultaría las mayorías absolutas salvo que efectivamente un partido obtenga la mayoría absoluta de los votos: ello fomentaría el acuerdo y el diálogo frente al abuso de poder que hemos vivido con todas las mayorías absolutas que hemos padecido en el Congreso y que nunca se han correspondido con una mayoría absoluta en las urnas.

Si la política fuera meramente mercantil el robo electoral sería tan perfecto como el de aquellos bancos descritos arriba y ya sólo existirían un par de partidos por circunscripción. Afortunadamente la política no es un mero ejercicio de contabilidad ni la ciudadanía debería ser una cesión al clientelismo al que aspira el poder político y económico. Si uno pone su dinero en un banco comercial u otro depende sólo de cuál le vaya a permitir mayor rendimiento económico. En cambio,  una parte importante de la ciudadanía no quiere sólo que su voto cuente más, sino también que su voto sirva para defender otras políticas. Afortunadamente más de un millón de personas sienten que su voto es más útil que ningún otro entre otras cosas porque  es más necesario para vencer al robo que supone la ley electoral y porque finalmente los escaños que sorteen tal robo serán los únicos que defenderán a esa ciudadanía en vez de intentar generar confianza a los mercados. De hecho, muchos de quienes apostaron por el supuesto voto útil deben de estar tirándose de los pelos al ver que tal voto se usa para apuntalar reformas laborales y desmantelamientos sociales mientras que lo útil habría sido fortalecer con el voto opciones que se opusieran a los recortes.

Para que el robo fuera perfecto la ciudadanía tendría que considerar que el voto es una mercancía con la que comerciar; algo que afortunadamente todavía no han conseguido. Afirmábamos arriba que la manipulación del resultado electoral no se permitiría en la banca comercial. Sin embargo, si las bancas éticas o las cooperativas financieras con vocación social tendieran a ocupar un papel mucho más importante introduciendo prácticas distintas a las de la banca de toda la vida, no sería nada sorprendente que se introdujeran beneficios para los bancos de siempre frente a quien viene a defender un mundo distinto. De eso se trata. De tener un parlamento que no discuta que cuando haya que dar dinero público a la banca, se le dé, aunque nunca sepamos si se le ha dado a bancos grandes o pequeños que, ésos sí, son todos iguales. Y que la ciudadanía vote lo que quiera, que eso es lo de menos si después se reparten los escaños adecuadamente.

(*) Hugo Martínez Abarca es secretario de comunicación interna de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid y autor de Quien Mucho Abarca, premio 20blogs 2010 al mejor blog de actualidad.