El Valle de los Caídos y los delitos contra la humanidad

Fernando Magán *

El día 6 de Noviembre de 2008 se conocía públicamente que desde el Juzgado de Baltasar Garzón se había ordenado la exhumación de ocho víctimas del franquismo enterradas en la cripta del Valle de los Caídos, que habían sido llevadas hasta aquí de forma arbitraria, sin conocimiento alguno por parte de las familias y con motivo de la inauguración de este mausoleo, en el año 1958. Se realizaba este traslado desde un pozo, esto es, desde una fosa común, también clandestina, donde los restos mortales se hallaban ilocalizables desde Agosto de 1936, en la localidad abulense de Aldeaseca. Toda una realidad que no comenzó a conocerse hasta el verano de 2003, con motivo de una concienzuda búsqueda por parte de los familiares.

A las 9 de la mañana del día siguiente, 7 de Noviembre de 2008, el fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, mediante simple escrito y escueto contenido, daba pronta cuenta de esa diligencia judicial a su Sala Penal, que se reunió en el mismo día y de forma plenaria, ordenando suspender todas las vistas y actuaciones previstas para el día y procedía a ordenar, por mayoría y sin trámite de recurso, la paralización de esta exhumación y de todas.

Es difícil poder comprender qué oscuro y profundo trasunto institucional contendría la práctica exhumatoria de esta disposición judicial, una simple devolución de unos cuerpos que el propio Patronato de la Basílica había informado en Febrero de 2004 del lugar de inhumación, del columbario y su número de orden, para que la propia justicia actuara de forma tan excepcional y creara un innecesario momento de alarma social.

Sobre el mismo tema y hoy, se conoce a través de la revista Interviú que forenses al servicio del Ministerio de Presidencia habrían abierto varias de las criptas donde se encuentran un altísimo e indeterminado número de restos humanos. Y lo estarían haciendo, al parecer, pues no se dan otras razones, para recuperar los cuerpos que Garzón había ordenado exhumar; pero, además, resulta altamente llamativo que se haga actuando en contra de las propias manifestaciones del Gobierno hace breves fechas, en las que negaba rotundamente la posibilidad de abrir criptas.

Si de lo que se nos informa en prensa constituyera una realidad, de hecho y de Derecho, vendríamos a encontrarnos ante una situación difícilmente imaginable incluso desde la ficción, que un Estado, antes dictatorial y ahora democrático, estuviera inhumando y exhumando unos mismos cuerpos, de modo clandestino, una y otra vez.

Pero no sería lo único a señalar sobre el tema, pues cabe añadirle al menos dos cosas más. Una, que el caso en cuestión fue inhibido al Juzgado de S. Lorenzo de El Escorial y éste entendió que se trataba de un delito de grandes dimensiones, cuyo conocimiento no le correspondía, por tanto, ahora mismo se encuentra ante el Tribunal Supremo, todavía pendiente de resolverse, en consecuencia, sin posibilidad de ninguna actuación hasta tanto no decida; la segunda, que en el mausoleo existen miles de víctimas republicanas, sin identificar, continúan estando desaparecidas, lo que siguiendo sólo sea al juzgado de El Escorial constituye un delito contra la Humanidad, del cual podría conocerse también en otras partes del mundo, como por ejemplo, ante la justicia argentina, donde ya existe causa por hechos relacionados.

(*) Fernando Magán es abogado de las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica. Tramitó la petición judicial de exhumación.