La política ante los secuestros de cooperantes

Julián Sauquillo

Los Estados nación se han visto golpeados por un acuciante problema: el secuestro de sus ciudadanos como rehenes fuera de sus fronteras. El territorio nacional es un elemento decisivo de la definición de Estado. Dentro de su perímetro, el Estado aplica la violencia pública con un fin decisivo: la protección de la vida y la propiedad de sus ciudadanos. Pero, fuera de su territorio, ¿qué puede hacer el Estado?

Los ciudadanos secuestrados son cosmopolitas ejemplares que cumplen tres admirables requisitos, subrayados por K. A. Appiah. En primer lugar, se consideran conciudadanos de una comunidad única y universal que debiera estar regida por un gobierno único. En segundo lugar, ven posible un diálogo intercultural enriquecedor con otras culturas ignotas. En tercer lugar, participan de una preocupación semejante por estos conciudadanos universales a la tenida con los de su propia comunidad nacional. No les falta razón, no sólo moral sino también política. Ante la desigual distribución de la riqueza en el mundo, los países desarrollados tienen dos vías de cumplimiento de sus obligaciones con el tercer mundo: o inyectar ayudas constantes en territorios paupérrimos y lejanos o repartir parte de su territorio nacional con inmigrantes. Ambas alternativas son cumplidas muy débilmente por nuestras Administraciones. Las organizaciones no gubernamentales y sus activistas palian, en el límite de sus posibilidades, el incumplimiento de las obligaciones mundiales por los Estados. Soy más escéptico a que las posibilidades de un gobierno único –la cosmópolis querida por los cooperantes- sean algo más que una quimera utópica o un dislate mental.

Alguna serie de obligaciones tienen, por tanto, las organizaciones estatales con estos generosos ciudadanos fuera de sus fronteras. Ante el asesinato del rehén francés Michel Germaneau, los Estados han mostrado sus guiones con los terroristas: Inglaterra no negocia y ve asesinados a sus conciudadanos; Francia y España sí negocian y deben coordinar sus acciones bélicas contra los secuestradores. Así pueden evitar sacrificios de sus respectivos ciudadanos rehenes por medidas unilaterales no deseables contra esta lacra internacional. No hay una solución estatal ante estos casos y, ahora, está en juego, nada menos, que la vida de Albert Vilalta y Roque Pascual secuestrados hace ocho meses. ¿Cómo hacer frente al terrorismo y salvar vidas inocentes? Se trata de unos de los dilemas políticos más espinosos que quepa concebir. No basta con pedir “mano dura” ante el terrorismo. Jean-Christophe Rufin, pensador y ex embajador de Francia, pide aplastar a los terroristas ante de que consigan fondos y obtengan publicidad que alimenten nuevos secuestros exitosos. Hay que acabar con Al Qaeda en el Sahel (El País, 9/VIII/2010, p. 48). De acuerdo, pero se requiere más juicio político que la mera “mano dura”. Así es porque tenemos obligaciones con los ciudadanos cosmopolitas, en peligro, por la escasa solidaridad internacional de los Estados. Concedan los más remisos al cosmopolitismo, por lo menos, que tenemos más obligación con unos cooperantes que con unos turistas de riesgo.

Sin embargo, no hay “solución óptima” ante tan crudo dilema: salvar vidas inocentes o garantizar la seguridad internacional. No poseemos una regla externa que sopese entre ambos valores justificados. Ningún sistema de pesos políticos y medidas jurídicas nos proporciona la solución correcta. El juicio político requiere buscar una solución concreta en unas circunstancias turbias y nuevas. El más perspicaz viajero por las galerías del mal, Nicolás Maquiavelo, dejó una observación fundamental: no hay reglas universales para resolver responsablemente las situaciones más controvertidas de la política. Las soluciones vienen de la decisión responsable del político. Rafael del Águila –el mejor teórico político español que la muerte malogró joven- ilustró situaciones peliagudas como ésta al decir que ni vale ser “implacable” ni basta con ser “impecable”. Los hombres de Estado y los ciudadanos más tozudos coinciden en dar soluciones drásticas que, implacables, no transigen nada con el terrorismo y están dispuestos a sacrificar vidas inocentes. Los ciudadanos más idealistas empatizan con un cosmopolitismo sin reservas e, impecables, sacrifican la seguridad por la salvación de los secuestrados. Una necesaria negociación con los secuestradores que no ponga en cuestión la seguridad definitivamente requiere: la coordinación entre Estados, el respeto de los ciudadanos por la discreta y tenaz labor diplomática de los políticos sumidos en este doloroso problema, y la confianza en que sólo políticos profesionales pueden manejar la agenda política con un enemigo sin escrúpulos. A sabiendas de que habrá que ceder, y sacrificar en parte la seguridad, en aras de salvar a estos admirables cosmopolitas. No es para menos, afrontan aquello que los cómodos ciudadanos declinamos: solventar las obligaciones que tenemos no sólo con los propios sino también con los extraños.