“Una Renta Básica Universal sería un recurso preventivo de los problemas de salud mental”

Nacimos en 2011 como entidad para dar respuesta a una necesidad muy simple que teníamos las 6 o 7 personas que éramos entonces: hacer de este mundo un lugar un poquito más vivible, ya que la vida suele ser hostil para muchísimas personas, atravesadas cotidianamente por múltiples violencias, comenzando por las violencias económicas y las violencias psiquiátricas. Así que en su momento éramos un grupo de ayuda mutua (GAM) que se reunía en el desaparecido bar El Pato Loco de Barcelona. Desde los orígenes funcionamos con un sistema asambleario, para que todas las participantes tuviesen voz y voto en los espacios de toma de decisiones. Somos, en parte, una “hija” del 15M, de modo que esta forma de organizarnos nos resultó natural. Aunque tuvimos un origen humilde, también en los objetivos, la necesidad de encontrar espacios de apoyo mutuo está presente en muchas personas psiquiatrizadas o con diversidad psicosocial. Creo que este es el motivo por el cual no hemos parado de crecer. Actualmente somos más de 650 personas, funcionando en 16 ciudades de Catalunya y, pese a la pandemia, tenemos 18 grupos de ayuda mutua que siguen en pie. La misión de la entidad es mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro colectivo, y hacer nuestra sociedad más justa e inclusiva. Lo que hacemos lo resumimos en tres grandes ejes de trabajo:

(a) Apoyo Mutuo: con los grupos de ayuda mutua, las redes de acompañamiento para momentos de crisis o dificultades (más allá de la “salud mental”), y los proyectos de cultura accesible y ocio compartido, ya que la soledad, la ausencia de vínculos significativos o saludables, o la falta de espacios de bienestar compartidos son algunos de los problemas más habituales de las personas psiquiatrizadas.

(b) Empoderamiento: con diversas actividades orientadas a promover que las personas hagan el paso de ser usuarias de servicios, a ser activistas en salud mental (por ejemplo, que no sólo asistan a un GAM, sino que moderen nuevos grupos). Entre estas actividades, encontramos las reuniones de asamblea (todos los territorios, equipos y área de gestión tienen la suya), y el programa de capacitación de la base social, con más de 40 talleres cada año que brindan tanto herramientas de trabajo como recursos relacionales (por ejemplo, con los talleres de perspectiva de género).

(c) Cambio Social: con diversos programas orientados a este fin, como el equipo de sensibilización comunitaria, los talleres de contacto social, la comisión de derechos, el área de arte y cultura, la comisión feminista, el equipo de investigación y consultoría social, el programa de formación a profesionales y muchos otros. Desde diferentes perspectivas y enfoques, y con actividades muy diversas, se trata de proyectos que buscan promover la inclusión social y combatir la discriminación cuerdista (por motivos de “salud mental”), de manera interseccional.

Actualmente, el foco de la lucha está puesto en conseguir cambios legislativos y en las políticas públicas para que cumplan con el marco jurídico internacional de derechos humanos y, especialmente, para que se deje de vulnerar el derecho a la capacidad jurídica (el igual reconocimiento como persona ante la ley).

¿Qué es el modelo de recuperación en salud mental y el enfoque basado en derechos en salud mental?

El llamado modelo de recuperación tiene su origen en los movimientos de personas usuarias y supervivientes de la psiquiatría, en el contexto de la desmanicomialización. A medida que las personas desmanicomializadas comenzaron a organizarse en espacios de apoyo mutuo y activismo, cada vez se hizo más evidente que la psiquiatrización cronifica. Hay diversos estudios que evidencian que el empoderamiento correlaciona de manera inversa con el uso de los servicios de salud mental: a mayor uso, mayor desempoderamiento. De hecho, el propio concepto de empoderamiento lo introdujo en salud mental Judi Chamberlin, una de las máximas referentes de los movimientos de supervivientes de la psiquiatría.

Actualmente, se habla de modelo de recuperación para definir las políticas públicas y las intervenciones que tienen por finalidad promover que las personas consigan o recuperen una vida significativa y satisfactoria de acuerdo a sus propias preferencias y valores, independientemente de la presencia de “síntomas” (de tener experiencias inusuales y/o diversidad psicosocial). En este sentido, se diferencian de las intervenciones basadas en el modelo biomédico, cuyo objetivo básico es el control de síntomas, incluso contra nuestra voluntad.

Precisamente, vivir una vida satisfactoria, acorde con nuestros valores y preferencias, presupone autodeterminación, respeto por nuestras propias decisiones, el derecho a equivocarnos, y a no sufrir coerciones. No hay recuperación sin derechos. Esto es una verdad casi tautológica, es como decir que si te matan te mueres. Las personas perdemos o no alcanzamos a tener la capacidad para gestionar nuestra propia vida si no podemos tomar decisiones importantes sobre qué camino queremos seguir, si no nos permiten decidir cómo queremos vivir.

La institución psiquiátrica aun en el contexto actual, que se presupone de cambio de modelo, es profundamente desempoderante, funciona como una gran maquinaria de iatrogenia y cronificación, porque se fundamenta en la involuntariedad, la coerción, el castigo, y el sometimiento a las preferencias ajenas.

En los últimos tiempos cada vez más se habla de los derechos humanos en salud mental. ¿A qué crees que se debe?

Imagino que la pregunta se refiere a que ahora se habla más desde la administración pública o en los servicios de salud mental, porque de derechos humanos habla el activismo loco desde su nacimiento. De hecho, este activismo nació de la necesidad de resistir a la situación estructural y sistemática de vulneración de derechos humanos a las personas psiquiatrizadas. El feminismo no habla ahora más que antes de derechos, como tampoco lo hace la lucha antirracista, por poner dos ejemplos. La esencia de estos movimientos es la defensa de los derechos humanos. Lo que sucede es que el activismo loco a lo largo de este siglo ha comenzado a producir cambios muy significativos en el marco jurídico internacional y, por ende, en las políticas públicas orientadas o que afectan a las personas psiquiatrizadas.

Los dos grandes logros de este activismo, y que está promoviendo toda una (lenta) cascada de nuevas conquistas, son:

En primer lugar, consiguió introducir (también) la perspectiva de las personas psiquiatrizadas en la redacción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas. Este es el tratado de derechos humanos más importantes del presente siglo, y es un documento jurídico vinculante para los países que lo firman y ratifican, como España. Eso significa que todas las leyes del Estado deben adaptarse (derogarse, legislarse, reformarse) o reinterpretarse de acuerdo a la Convención. La participación de representantes de entidades de supervivientes de la psiquiatría en el proceso de redacción de la Convención permitió que se reconozca la capacidad jurídica como un derecho humano universal. Es decir, que todas las personas tenemos derecho a tener derechos, por el simple hecho de ser personas, con independencia de nuestra capacidad mental. Desde 2006 Naciones Unidas explicita que nadie, bajo ninguna circunstancia, puede privarnos del ejercicio de este derecho.

La Convención y sus mecanismos jurídicos han promovido, por ejemplo, la modificación en el 2018 de la Ley Orgánica 5/1985, para restituir el derecho a voto a todas las personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Más recientemente, a finales de 2020, posibilitó conseguir la derogación del artículo 156 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Vendrán muchos cambios legislativos más. En 2019, desde la coalición de entidades ActivaMent-Hierbabuena denunciamos al Estado español ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas; y el Comité ese mismo año publicó su Informe Final especificando toda una serie de leyes que el Estado debe derogar, modificar o legislar. El Estado español se tomó siete años en restituir el derecho a voto desde que el Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI) denunciara la vulneración de este derecho en 2011. Antes o después, y con la lucha desde los activismos locos, sucederá lo mismo con el resto del marco jurídico español y autonómico.

En segundo lugar, el movimiento de vida independiente, los movimientos de personas usuarias y supervivientes de la psiquiatría, y los diversos activismos de personas con discapacidad han conseguido que el modelo social-relacional de la discapacidad haya sido incorporado por la Organización Mundial de la Salud. Esto ha permitido dejar de tener una mirada centrada en la “deficiencia” de las personas, para atender a las barreras que impiden la plena participación en la sociedad y el despliegue de todas nuestras capacidades. Así, desde 2010 la OMS incluye el empoderamiento como una línea estratégica de las políticas públicas en salud mental, y desde el 2013 también incorpora el respeto de los derechos humanos como fundamento en su Plan de Acción sobre Salud Mental, que es la referencia para todos los sistemas sanitarios del mundo. En los últimos años ha publicado el QualityRights Toolkit: toda una serie de herramientas concretas orientadas a cambiar la situación actual, que describen como “una crisis global no resuelta” de vulneración de derechos humanos de las personas diagnosticadas de trastorno mental.

Así, tanto en el ámbito legislativo como en la planificación de las políticas públicas ha sido (está siendo) fundamental la participación de las propias personas psiquiatrizadas y/o con diversidad psicosocial para promover este cambio de perspectiva.

Hace unos meses vuestra entidad, junto con otras, impulsasteis un manifiesto por una Renta Básica Universal. ¿Nos puedes explicar cuáles son las razones de esta iniciativa?

La razón más básica y transversal a todas las personas, con independencia de sus características o situaciones, es la necesidad de garantizar las condiciones materiales que permitan vivir una vida digna y ejercer los derechos de ciudadanía. Luego, en el caso de las personas psiquiatrizadas, al estar atravesadas por múltiples violencias y vulneraciones de derechos, estamos en una situación de vulnerabilidad maximizada. Una Renta Básica Universal permitiría romper el ciclo patologizador de la exclusión social y posibilitaría salir de los circuitos de la discapacidad. Una Renta Básica Universal sería un recurso preventivo de los problemas de salud mental y una herramienta fundamental para promover procesos de recuperación y empoderamiento.

Invito a quienes estén leyendo esta entrevista a leer los argumentos en el propio manifiesto y a ayudarnos en su difusión: Manifiesto de las personas psiquiatrizadas por una Renta Básica Universal.

Recientemente participaste en unas jornadas en Barcelona sobre la Renta Básica y recuerdo que explicaste el caso de una persona afectada de problemas psicológicos y nos contaste sus complicaciones para tramitar una ayuda condicionada que nos dejó impresionados a mucha gente ¿Puedes explicarlo a nuestros lectores?

Expliqué unos cuantos casos. Para resumir, destaco dos: una compañera, con una incapacitación laboral y una pensión contributiva. Para quienes no lo sepan, este tipo de pensiones son revisables hasta cumplir la edad ordinaria de jubilación; es decir, te las pueden quitar, aunque lleves 40 años fuera del mercado laboral. La compañera estaba haciendo un proceso de desmedicalización, acompañada por el psiquiatra de su Centro de Salud Mental de Adultos, como parte de un plan pactado con sus profesionales para poder quedarse embarazada y que su medicación no afectase la gestación o el feto. En medio de ese proceso la llamaron a revisión y le dijeron: “Si estás bien para ser madre, estás bien para trabajar”. Y le quitaron la pensión. Por suerte, la compañera que está ya en el activismo, que está empoderada y que tiene un bagaje previo de conocer sus derechos, llevó la situación a juicio y, un par de años más tarde recuperó la pensión. Pero por el camino abandonó la ilusión de ser madre.

Otra situación habitual, que estamos viviendo en este momento, y que no es la primera vez que nos pasa: nos gustaría incluir en la plantilla de ActivaMent a una compañera que está colaborando desde el voluntariado, que tiene formación, experiencia y capacidad para hacer un trabajo de media jornada. Podría mejorar su situación económica, ya que tiene una pensión no-contributiva, las cuales están en cuantía otorgada por debajo del “umbral de la miseria” porque no llegan al 50% del umbral de la pobreza. Podría en un entorno más propicio probar de volver al mercado de trabajo. Podría sentirse mejor con el reconocimiento de su labor… Pero si prueba de volver a trabajar y le quitan la pensión, si recae o simplemente se acaba el trabajo, se queda sin ningún tipo de seguridad en la vida. El sistema de prestaciones condicionadas son una gran maquinaria que sostiene y justifica la exclusión del mercado de trabajo de buena parte de la población que ha sido expulsada a la redundancia.

Hay muchísimos ejemplos cotidianos más con las pensiones no-contributivas: personas que no se pueden casar o que su pareja (o familia) no puede poner una propiedad a su nombre porque esto ya es motivo suficiente para que les quiten los únicos ingresos propios que tienen. El sistema está pensado para reproducir miseria y dependencia, disfrazada de caridad.