La solución del referéndum pactado

Lo saben todos los partidos, pero cada cual lo interpreta como le conviene. La única forma de recomponer este Estado llamado España es el referéndum pactado sobre el encaje final de Catalunya, al que sin duda llegarán dos más, los de las intencionadamente llamadas “nacionalidades” por razones históricas en la Constitución inicial de 1978, las comunidades autónomas de Euskadi y Galicia.

Más allá de los árboles (digamos votos) que ahora ocultan el bosque (llamémosle futura independencia o federación plurinacional), lo que está en juego el 14-F es esa meta que permita normalizar la convivencia futura en una Europa confederada (de momento sólo por los estados) que ya ha echado a andar, balbuceante, y que sólo sobrevivirá al maremágnum de la globalización transformándose en una auténtica Unión Europea de los pueblos. Y de eso, se quiera o no, es de lo que se va a hablar tras la formación del Govern en esa mesa de diálogo y negociación bilateral que se reunirá urgentemente pasadas las elecciones tras alcanzarse el visto bueno del Congreso en su último pleno, a propuesta de ERC, nada menos que por 187 votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC , EH Bildu, PNV, y PDeCAT (12 por encima de la mayoría absoluta pese a la abstención de Junts per Catalunya).

El texto aprobado afirma en su exposición de motivos que “la solución del Grupo Parlamentario Republicano para resolver el conflicto del Estado con Catalunya es sobradamente conocida: amnistía y ejercicio del derecho de autodeterminación”. Y sostiene que las propuestas “deben ser formalmente presentadas por el Parlament de Catalunya o mediante un acuerdo entre el Govern de Catalunya y el Gobierno español en la mesa de diálogo y negociación bilateral».

El PSOE sostuvo que la mesa de diálogo se creó para hablar de “todo” lo que el ejecutivo catalán quiera someter a debate pero siempre dentro del marco constitucional, aunque añadió que “no se pactará nada que esté fuera de la ley”. Lo que, por cierto, incluye el segundo punto de esa propuesta, referido a la puesta en libertad de los presos del 1-O mediante una amnistía no prevista por la Constitución que puede y va a resolverse, según comentan todo tipo de fuente, con los indultos personales. Y es que los condenados reclaman la amnistía porque lo borra todo y se da por sentado que no han cometido delito alguno, que es lo que Oriol Junqueras y los demás encarcelados, remitiéndose a la colocación de urnas y la convocatoria pacífica a votar, siguen sosteniendo. Pero si legalmente no es posible, todos dirán que aceptan el indulto si se lo dan porque no tendrán que arrepentirse de algo que ellos consideran que no han hecho y a nadie le amarga un dulce.

En realidad, el Gobierno de Pedro Sánchez y la dirección de ERC, encabezada por Junqueras, parten de la base de que la salida razonable, la que permitirá satisfacer el ansia colectiva de votar ejerciendo el derecho a decidir que tienen los catalanes, será un referéndum acordado entre Madrid y la Generalitat. La única diferencia –esencial, eso sí- es que Sánchez quiere retrasar lo más posible la celebración y, para ello, empezará apostando en la mesa negociadora por la elaboración de un nuevo estatuto de autonomía que recoja, entre otras cosas, lo que negó el Tribunal Constitucional del último texto aprobado no sólo por las Cortes, sino tras el referéndum autonómico (por ejemplo, que Catalunya es una nación).

En cambio, Junqueras pretende celebrarlo cuanto antes para quitarse de encima la presión de Carles Puigdemont y resolver de verdad el futuro de Catalunya y su relación con el conjunto de España. Y ahí, en el tira y afloja, se vivirán los próximos meses.

Ambos, Sánchez y Junqueras, saben perfectamente que para avanzar hacia esa meta difícil sorteable, si no imposible, necesitan esperar a que se sosiegue el ánimo de la crecida derecha española en sus tres ramas (la presuntamente centrista de Ciudadanos, la conservadora neoliberal del PP y la neofascista de Vox) o cuando menos a que se vean obligados a aguantar la victoria de las izquierdas y la legislación consecuente que vaya elaborándose en las Cortes. Y también saben, muy especialmente, que deben tener paciencia hasta la renovación del Consejo del Poder Judicial, evidentemente volcado a la derecha en su cúpula y dispuesto, desde su control heredado de la mayoría absoluta conseguida con Mariano Rajoy, a derribar el Ejecutivo de PSOE y UP.

Para Sánchez, con todo, los comicios catalanes se presentan muy bien. Y no porque Salvador Illa pueda ganar, aunque sea por los pelos, que también, sino porque incluso siendo el líder de la oposición –algo que tiene garantizado- puede ayudar mucho a su ejecutivo en el Parlament y en la mesa de diálogo.

Pero el diálogo, obviamente, estará totalmente condicionado por los resultados del domingo. Una victoria de Puigdemont se valora en Madrid como el triunfo, una vez más, del independentismo visceral que juega sus cartas a lo Trump y prefiere romper la baraja antes que jugar sus cartas, si no son lo suficientemente buenas. Una estrategia que a juicio de PSOE y UP beneficia a la derecha estatal e impide avanzar en la democratización del conjunto del Estado y, por supuesto, en la resolución serena del conflicto catalán por el que apuesta el independentismo racional de izquierdas, por más cargado de emotividad que esté. Es decir, ERC.

Porque los soberanistas catalanes piensan que quienes ponen en peligro la unidad europea son los nacionalismos de Estado, que alimentan el neofascismo, no los independentismos que reclaman la Europa de los pueblos y ven en una Europa confederal la solución a sus problemas identitarios. Como Unidas Podemos, ven al nacionalismo español dando el coletazo del dragón agonizante del imperialismo hispano, significativamente sometido al imperialismo norteamericano que, a su vez, se rige por el dictado de las grandes compañías-buitres de la globalización económica.

Por eso la izquierda madrileña no descarta, soto voce, que dado el triple empate que anuncian las encuestas para el 14-D pueda formarse un Gobierno de ERC y En Comú Podem con el visto bueno del PSC, de modo que se cumpla lo dicho de que no habrá tripartito, pero los socialistas apoyen –o rechacen- en función de sus propuestas. Difícil, me dicen, pero no imposible. Y de ese modo, los tres estarán sentados en la mesa (de diálogo) contra viento y marea, resistiendo los embates cruzados de Puigdemont y de la derecha estatal para avanzar hacia el referéndum pactado que lleve España al final a lo que ha siempre ha sido, aunque nunca se haya reconocido: un Estado plurinacional.