Ministra Ribera: feos chapoteos en las aguas del Segura

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), viene dedicándose, con facilona prioridad, a reducir las emisiones carbónicas a partir de la producción eléctrica. Por ello, descuida tareas ambientales de gran importancia, que serían inaplazables si sus planes y voluntad superaran la descarbonización y si quisiera demostrar su papel político en un Gobierno progresista. Y así, se muestra radicalmente remisa a poner orden en el desmadre de la gestión del agua por obra y gracia de ciertas Confederaciones Hidrográficas, directamente sometidas a su mandato. Tampoco se interesa por ninguna transición en nuestra agricultura que, por ser mayoritariamente intensiva, resulta venenosa para la red fluvial, los acuíferos y la propia producción agrícola; el agua y la agricultura se le escapan, haciendo como que ignora los muy serios problemas en presencia.

La ministra Ribera viene demostrando un sorprendente perfil bajo en los asuntos cubiertos por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), quizás la más impresentable del elenco y que escandaliza sistemáticamente a la Región de Murcia y comarcas adyacentes de la misma cuenca. No hay más que ver la incompetencia con que maneja su Ministerio la crisis del Mar Menor, de la que la CHS es primera responsable, lo que inutiliza a la ministra, al secretario de Estado de Aguas y a la propia CHS ante el necesario enfrentamiento con el segundo responsable de ese desastre, que es un Gobierno regional perverso y desafiante que, fortalecido por el apoyo de sindicatos de regantes, organizaciones agrarias y aguatenientes, somete al medio ambiente de la Región a procesos de degradación innumerables, que envilecen la tierra y la sociedad.

En este entorno de impotencia e incompetencia (o sea, de irresponsabilidad), la ministra aprovecha para ofender los sentimientos a favor del control público de los espacios protegidos, respaldando la adquisición de Cabo Cope por una fundación privada que se ha encaprichado por esa montaña litoral, altamente simbólica del ecologismo murciano, que se encuentra nacionalizada por provenir de las propiedades de Bankia y ser administrada por el banco público Sareb; la socialista ha demostrado ser de pega, y la jurista ha olvidado la ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que señala la prioridad/obligación de las instituciones públicas en la compraventa de espacios protegidos, como es el caso, ya que Cabo Cope se integra en un Parque Natural y goza de la protección adicional de LIC y ZEPA.

A la jurista mejorable, además, se le ha ocurrido echarle un pulso a la Justicia saliendo fiadora de una CHS a la que se le viene acusando de nido de prevaricadores, mirando insistentemente para otro lado. Y para consolidar su imagen (nublada) de ministra socialista y ecológica la ha tomado con uno de los técnicos de esa entidad, Francisco Turrión, hidrogeólogo con 30 años de experiencia en la casa, instructor de cientos de expedientes administrativos sobre aguas subterráneas; a su experiencia y su responsabilidad sobre el control piezométrico de los acuíferos se debe la perforación de más de 60 pozos de sequía en esa Cuenca, realizados durante la sequía 2005-2009.

Al perplejo funcionario la CHS lo castigó en 2018 por “denigrar los trabajos realizados por profesionales destinados en esta Confederación”, apartándolo del servicio público y suspendiéndolo de empleo y sueldo 6 meses y 5 días con tres sanciones disciplinarias: una por falta muy grave de incumplimiento del régimen de incompatibilidades, con 3 meses y 1 día, otra por falta muy grave por fraude o deslealtad en las tareas encomendadas, con 3 meses y 1 día, y otra por falta grave por la difusión de datos de la CHS, con 3 días.

El motivo fue que Turrión había plasmado en el informe La trama del agua en la Cuenca del Segura, 10 años después (2016), a invitación de Greenpeace, y entre otros interesantes extremos, un punto de vista novedoso según el cual dicho ámbito territorial no es deficitario en agua y podría desengancharse del acueducto/trasvase Tajo-Segura (ATS) en tres años usando sus propias aguas subterráneas y desaladas para beber y regar sin producir ningún impacto ambiental. Eran éstas, observaciones propias de un hidrogeólogo al servicio de los intereses públicos y de la legislación vigente, pero que le sentaron a cuerno quemado a los irregulares de la CHS, dedicados a encubrir y bendecir a los fuertes y a castigar y humillar a los débiles, así como a los que se oponen a la dogmática del ATS, impuesta poco menos que a bastonazos por el agropoder murciano y esa sucursal bellaca del Estado, a la que se le encarga reprimir las herejías.

Turrión llevó a la CHS a los tribunales por vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión, ganando en el Juzgado de lo Social de Murcia con una sentencia (marzo de 2019) que declara nulas las tres sanciones impuestas y condena al MITECO a indemnizarle con 12.000 euros por los daños morales causados al vulnerar su derecho a la libertad de expresión; la sentencia añade que no constata ningún documento que demuestre que algo de lo que decía Turrión en su informe para Greenpeace no fuera cierto. Al acto del juicio la ministra mandó a un Abogado del Estado, Nicolás Valero Lozano que, lejos de argumentar las cuestiones técnicas del expediente disciplinario, hizo una arenga política a favor de los trasvases y justificó, como si estuviera ante aquellos Tribunales de Orden Público de Franco, que la libertad de expresión de un funcionario ha de reprimirse, sin más, cuando a juicio del “poder establecido”, pueda crear alarma social y conflicto entre regiones.

Pues bien, descontenta con la sentencia, la ministra la recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), que sentenció (diciembre de 2019) confirmando íntegramente la anterior; con la interesante adición del voto particular de uno de los magistrados, mostrando su estupor ya que dicho recurso nunca debió admitirse, porque las sentencias sobre expedientes disciplinarios declaradas nulas en primera instancia son firmes y ante ellas no cabe recurso alguno, siendo también firmes las indemnizaciones derivadas. Empecinada en salvaguardar no se sabe qué derechos o intereses, a Teresa Ribera le ha parecido poco esta segunda bofetada, dando pie al recurso de casación ante el Tribunal Supremo en base a una arriesgada “unificación de doctrina”: una maniobra dilatoria, ya que no existe una jurisprudencia contraria a este caso concreto (libertad de expresión de los empleados públicos en artículos de opinión) que contradiga a los jueces del TSJ. Lo chusco es que el proceso lleva estancado más de seis meses porque la sentencia del Tribunal Constitucional 126/2003, que había esgrimido el Abogado del Estado para contrastar y recurrir la del TSJ, “no ha llegado a Murcia”, a pesar de haber sido requerida por la Secretaria Judicial del TSJ en dos ocasiones.

Todo apunta al inevitable ridículo del Ministerio de la señora Ribera, y de ella misma. Mientras tanto, tras dos años de la primera sentencia este funcionario ejemplar sigue sin cobrar los 6 meses y 5 días de salario que no percibió, ni los 12.000 euros de indemnización por vulneración de su libertad de expresión. Además, el actual presidente de la CHS, el ingeniero Mario Urrea, seleccionado para el cargo por los poderes fácticos del agrocantón murciano, aunque nombrado por la ministra (que no se quiere enterar del pastel), y que algunos consideran socialista, mantiene apartado a Turrión de la dirección técnica de la Batería Estratégica de Pozos de Sequía, queriendo ignorar que el hidrogeólogo es el responsable de la piezometría de esa cuenca desde 2010, y permite que su jefe directo lo trate como un auxiliar administrativo, negándole la firma a los expedientes de los que él es legal instructor.

Más le valiera a esta ministra requerir al competente hidrogeólogo para obtener información directa de la caótica e ilegal situación en la cuenca del Segura, y concretamente en la CHS. Y preguntarle, por ejemplo, por los peajes de los que habla en su informe: es decir, agua de pozo que se echa al río Segura en Moratalla, Calasparra o Hellín, por ejemplo, y que luego se recoge del canal del ATS en el Pilar de la Horadada, Mazarrón, Almendricos o Águilas. ¿De qué volumen total estaríamos hablando? ¿Qué parte es agua de pozo y qué parte es agua de río la que se echa al trasvase? ¿Cuántos peajes de esos se siguen produciendo después de la sentencia 724/2020 del Tribunal Supremo, que prohibió este chanchullo a los aguatenientes de Águilas y Mazarrón parapetados en la Comunidad General de Riegos Meridionales? ¿No cree que es de aplicación al caso de Moratalla y el Cenajo? ¿A cuánto asciende la facturación de la CHS por la tarifa de peaje de esas aguas trasportadas por las infraestructuras del Estado? ¿Cómo se controla que es realmente el volumen vertido al río el mismo que se recoge del canal del ATS aguas abajo? ¿Qué legalidad ampara esos peajes del agua de todos?

También le podía preguntar cómo es posible que se amplíen cientos de hectáreas ilegales de regadíos a manos de terratenientes y luego aparezcan como legales en los Planes Hidrológicos de la Cuenca, dentro del escurridizo concepto de UDA (unidad de demanda agraria, invento de la CHS), mientras a los pequeños agricultores, ganaderos y ciudadanos en general se les impide acceder a un poco de agua para salvar sus almendros, olivos o viñedos; porque la CHS sigue sin acatar dos sentencias del Tribunal Supremo que anulan el artículo 40 del Plan Hidrológico del Segura, el actual y el anterior, un artículo que –atención, señora ministra– parece haber sido redactado por la mismísima Suez, multinacional de aguas privatizadas y de creciente influencia en España. ¿Y qué es eso de la “intranet del agua”, un agua que pasa de balsa en balsa por tuberías enterradas y llega hasta donde mejor se pague?

¿Por qué no deja de perseguir a los funcionarios decentes, señora ministra, y pone orden, como es su obligación, en el mafierío murciano del agua?