Los presupuestos de la república verde y el aguinaldo del Borbón

Los pasillos de la Zarzuela andan agitados en los últimos meses. Cada vez más gente cree que los escándalos dinerarios del rey emérito no son más que la punta del iceberg del conjunto de la economía de la Casa Real. Por el momento, el sainete se quiere zanjar con un pequeño aguinaldo navideño de 678.000 euros que Juan Carlos ofrece a las arcas públicas a cambio de tapar una parte de sus fraudulentos movimientos. La crisis abierta en la institución monárquica y el inevitable debate sobre su elección democrática están cada vez más presentes.

En ese propósito, muchas y muchos han depositado algún tipo de esperanza en el Gobierno progresista, que se debate entre guardar la forma monárquica de nuestro Estado o abrir el melón en torno a su elegibilidad. Sin embargo, pensar que el hecho republicano pasa solo por la jefatura de nuestro Estado sabe a poco.

En paralelo al sainete real y con mucha menor atención mediática desde el ala izquierda, se han presentado los Presupuestos Generales del Estado (PGE 2021), piedra angular del nuevo Gobierno progresista y verdadera prueba de fuego para conocer la salud de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Estos presupuestos son de vital importancia para comprobar si, tras el fracaso de las medidas del escudo social ante la COVID: políticas de vivienda, Ingreso mínimo vital, políticas sanitarias, el Gobierno era capaz de remontar con una verdadera batería de políticas económicas y sociales que cambiasen el rumbo de los dictados de austeridad iniciados en 2008.

Lo cierto es que entre sainetes reales y guerras culturales contra las derechas, desde la izquierda se está prestando poca atención a las verdaderas políticas que está desarrollando este Gobierno. En ese sentido, sus primeros presupuestos han sido pactados con apenas batalla pública. Solo el amago de ruptura por la paralización de los desahucios, apareció como un problema de fondo. Pero, como hemos visto en los últimos días, todo tenía solución. Finalmente los desahucios se paran hasta el mes de mayo y a cambio los grandes propietarios recibirán una suculenta compensación económica.

La realidad es que de las grandes líneas de los PGE 2021 se ha hablado muy poco. Primero llegaron los anuncios sobre que la famosa regla de gasto no se aplicaría este año, luego se anunciaron más de 11.500 millones de inversiones, más tarde políticas fiscales sobre las transacciones financieras, el diésel y las grandes rentas. Pero ¿realmente estos presupuestos suponen un cambio radical en nuestras cuentas públicas?

Cerrado por falta de personal

Aún a sabiendas de que estamos en pleno proceso de tramitación, aunque con las cuentas ya aprobadas en la primera ronda parlamentaria, podemos afirmar que los presupuestos de España siguen atados a los mandatos de la austeridad y el modelo inversor neoliberal. Esta afirmación se concreta en que, a pesar de la retórica europea de la recuperación, la resiliencia y el European Green Deal, los elementos de control del gasto público y de nuestra fiscalidad siguen presentes.

El primer elemento a valorar, es la denominada tasa de reposición. Este concepto, que fija las normas por las que las administraciones públicas pueden contratar nuevo personal, fue una pieza clave del control austericida a partir de la crisis de 2008. Esto significó por ejemplo, que entre los años 2010 y 2014, por cada 100 puestos que se perdían de funcionarios, por jubilaciones por ejemplo, solo se podían reponer el 30% durante el primer año y el 10% los tres siguientes. A pesar de que en los últimos años se ha llegado a tasas de reposición congeladas en el 100% y que en los presupuestos de 2021 se ha fijado esa tasa para sectores prioritarios en un mínimo crecimiento de personal del 110%, se mantiene una línea básica de adelgazamiento del Estado.

Visto en grandes cifras, en el año 2020 el Estado ha gestionado 63.400 millones de euros más que en 2010 con 10.000 personas menos en su plantilla, mientras que las Comunidades Autónomas han sumado 9.000 efectivos y los Ayuntamientos han perdido otros 10.000.La lógica es muy sencilla, al no haber personal se hace muy difícil gastar el presupuesto y se fuerza a la externalización masiva de servicios o -aquí está la clave-, se fuerza la subcontratación y financiación de megaproyectos de inversión a empresas privadas, especialmente del sector de la construcción, pero también del energético y automovilístico, por citas dos ejemplos.

Este truco en la organización de las cuentas públicas permite un doble juego, por un lado se lanzan cifras astronómicas de gasto como escudo mediático del gobierno, pero por otro lado se sabe a ciencia cierta que una buena parte de ese presupuesto no se podrá gastar y estará disponible para pagar sus deudas o para consolidar los beneficios empresariales. Debemos recordar que España ya supera el 114% de deuda pública con respecto al PIB y que tiene en la recámara los efectos de una crisis de la economía del país que se concreta en los más de 111.000 millones de euros avalados por el ICO durante la pandemia. Créditos que, de ejecutarse, llevarían la deuda española al 140%, tal y como ya han señalado la AIREF y el Banco Central Europeo.

Ya nadie se acuerda del sistema fiscal

Mientras el endeudamiento y sus servicios económicos y políticos a futuro toman forma, el sistema fiscal español no se ha preparado para impulsar políticas redistributivas de calado. De hecho, las medidas fiscales del presupuesto de 2021 apenas tocan el sistema de ingresos, dejando intactas a las multimillonarias economías rentistas.

Si comparamos los ingresos procedentes de tributos previstos en los presupuestos de 2018 y 2021 veremos que la diferencia es de apenas 11.900 millones de euros. Un crecimiento de un 5,7% que no hace sino reflejar una parte del crecimiento de la economía de los años anteriores a la COVID y el crecimiento del PIB del 9,8% que los propios presupuestos fijan para el 2021.

Es cierto que se ha anunciado una amplia batería de medidas, pero cuando nos adentramos en el presupuesto de ingresos se comprueba su escaso rendimiento para las arcas públicas. En lo que se refiere al IRPF se esperan ingresar 94.196 millones de euros con respecto a los 82.000 millones de 2018, una subida de 12.000 millones en tres años que se produce más por el propio crecimiento vegetativo del número de contribuyentes y sus ingresos que por las medidas tomadas para 2021, por ejemplo, al subir dos puntos la imposición a quienes cobran más de 300.000 euros al año.

En total, las medidas estrella de subidas en el IRPF, IVA de bebidas azucaradas, impuesto del diesel, impuestos verdes, incrementos en el impuesto de sociedades, transacciones financieras y digitales supondrán un aumento de algo más de 9.000 millones de nuevos ingresos entre 2021 y 2022. Esta cifra es mínima si la comparamos con el ritmo de endeudamiento que se está produciendo en nuestra economía, sobre todo el las cuentas públicas. De nuevo, las arcas públicas asumen los riesgos y las empresas privadas gestionarán los beneficios sin aportar mucho a los servicios públicos.

En esta línea, el presupuesto de 2021 arroja algunas cifras curiosas como que el impuesto de sociedades, aquel encargado de poner a tributar los beneficios empresariales, ingresará 3.100 millones de euros menos que en 2018, todo ello a pesar del ajuste de un 5% que se ha producido en la cotización de las filiales en el extranjero y el aumento al 15% de cotización de sociedades como las SOCIMIS.

Apostar por el neodesarrollismo verde

Efectivamente, los principios de austeridad siguen presentes en nuestras cuentas públicas. La falta de personal y el mantenimiento de un sistema fiscal raquítico permiten que las cadenas de deuda nos mantengan atados a un modelo de intervención pública que no afronta la construcción de un verdadero sistema redistributivo. Nuestra economía sigue destinada a recortar en sus servicios básicos y empujada a focalizarse en su tradicional modelo inversor en el ámbito de la vivienda y la construcción de infraestructuras.

Es justo en este punto, donde la austeridad se convertirá en una especie de nuevo maná apoyado en las líneas de inversión europea conocidas como Next Generation. Pero, ¿un maná para quién? Los presupuestos de 2021 ya contemplan los primeros 26.800 millones de euros con cargo al Plan de recuperación, transformación y resiliencia. El programa Next Generation pone a disposición de España 72.000 millones de euros en forma de inversión a fondo perdido y otros 67.000 millones en forma de préstamos. Se trata de una apuesta clara por un nuevo ciclo inversor destinado a reflotar la economía del país o, mejor dicho, a reconstruir los beneficios empresariales en nuestro país.

Los primeros fondos en llegar, mientras se decide si España utiliza o no los préstamos, serán las inversiones a fondo perdido, 72.000 millones de euros que deben gastarse a lo largo de tres años y que obligan a invertir en sectores capaces de digerir con mucha rapidez esos fondos. Ya sabemos que este dinero no se invertirá de manera masiva en la contratación de personal público, un hecho muy relevante si señalamos sectores como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Tampoco dará tiempo a generar un marco de servicios nuevos, aunque sean externalizados, pues -en el caso de querer darles continuidad tras los tres años de vida de este fondo europeo-, deberían contar con un respaldo financiero propio que no soportaría nuestro raquítico sistema fiscal.

De este modo, para el futuro inmediato la única vía rápida, explosiva y masiva de gasto público disponible es de sobra conocida, la generación de infraestructuras y la vuelta al ciclo del ladrillo. En este caso, el modelo de recuperación español se basará en una suerte de neodesarrollismo pintado de verde que ya tiene lanzados sus primeros 26.000 millones de euros. Unos fondos que se destinarán a operaciones de capital y donde las Comunidades Autónomas ejecutarán el 50%.

Aún estando en un momento preliminar, ya empezamos a conocer el destino de estos fondos. Por ejemplo, el País Vasco utilizaría sus más de 11.000 millones en proyectos como la finalización de la su red AVE (2.600 millones) o la construcción de una gigantesca factoría de baterías de Litio (1.120 millones de euros). Además, Euskadi lanzará otras ideas como la construcción de parques eólicos o el rocambolesco proyecto de reconvertir la central nuclear de Lemoniz en una gigantesca piscifactoría.

Similares inversiones se están planteando con los fondos valencianos y andaluces, donde la finalización del Corredor Mediterráneo de alta velocidad podría consumir hasta 9.000 millones de euros, según los cálculo de ADIF en 2018. A estas cifras no le faltarán los cerca de 1.600 millones de euros en rehabilitación de viviendas que pondrá a circular el Estado en 2021 o -como sucede con el ejemplo catalán-, los 50 millones de euros de ayudas al sector del automóvil y un sinfín de proyectos de apoyo al coche eléctrico.

En los próximos meses veremos una carrera de proyectos megalómanos similares a los de los años de la burbuja inmobiliaria. Un tsunami urbanizador y de infraestructuras teñido de verde que busca la reactivación de un nuevo ciclo inversor y de especulación inmobiliaria. Bajo su manto quedará además oculta la agenda política que se activa por debajo de las grandes cifras: la ampliación de la edad de jubilación y de cotización para la misma, la entrada de la economía privada en la educación, la endémica mercantilización del derecho a la vivienda o el mantenimiento de las reformas laborales son síntomas de la nueva (vieja) agenda de ajustes estructurales que impulsarán nuestros gobiernos. La agenda de Estado que define nuestra economía política y que impide sistemáticamente giros de timón en lo que a la construcción de nuevos derechos y la redistribución de la renta se refiere, sigue intacta. En este marco deberemos estar muy alerta de saber distinguir el manto discursivo verde y social con el que los Gobiernos recubrirán sus políticas y la realidad material de las mismas.