El Estado colombiano quiere desarticular al movimiento social en el país

Comité de Solidaridad Internacionalista

En Colombia corrió como la pólvora la noticia de tres detenciones. Los días 15 y 16 de diciembre tres importantes líderes del movimiento campesino fueron apresados por la policía: Robert Daza, Adelso Gallo y Teófilo Acuña. Estos dirigentes son integrantes del Coordinador Nacional Agrario -CNA- y del Congreso de los Pueblos -CdP-, y viven en diferentes departamentos del país andino: Gallo en Arauca (región de Centro Oriente, frontera con Venezuela), Acuña en el Sur de Bolívar (al Norte del país) y Daza en Nariño (Suroccidente).

Los tres desempeñan vocerías (cargos de representación en estas organizaciones) y se han destacado a lo largo de los años en la defensa del papel del campesinado en los territorios, de la soberanía alimentaria y de los Derechos Humanos. Asimismo, también han realizado labores de interlocución con el Estado, en procesos de negociación como el de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (creada en el calor de las movilizaciones populares del 2013).

Después de conocerse las detenciones, el Cdp y el CNA organizaron una rueda de prensa online para denunciar las arbitrariedades del Gobierno en estas judicializaciones. Todas las intervenciones dibujaron el panorama de persecución a los movimientos sociales que en Colombia se oponen, desde los territorios, a los planes del actual Gobierno ultraderechista y de las grandes multinacionales.

Jimmy Moreno, vocero del Cdp, destacó el historial de los tres líderes, hostigados en diferentes momentos mediante amenazas del Estado o de grupos paramilitares. También denunció que estas detenciones sin garantías obedecen a una persecución política y a un plan sistemático ejercitado por la Fiscalía contra el movimiento social en el marco de la política de la doctrina militar que estigmatiza y persigue a las organizaciones sociales. Cabe destacar que la ONG Transparencia Internacional y su Capítulo en Colombia alertaron en este año sobre la alarmante concentración de poderes del Gobierno de Iván Duque, el cual ha dispuesto al frente de las principales instituciones del Estado a diversas figuras de su partido político ultraderechista (Centro Democrático).

Mientras tanto, Franklin Castañeda (reconocido defensor de Derechos Humanos, Presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y representante de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad) analizó la situación de persecución y estigmatización contra las y los líderes sociales en el país. Recordó que en el informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michel Forst (quien visitó Colombia en 2018) se establecían tres situaciones que expresaban su preocupación respecto a la situación de los liderazgos sociales: el homicidio, la estigmatización y la judicialización.

Castañeda afirmó que la judicialización de líderes constituye una estrategia sutil a través de la cual la defensa de los DD.HH. se encuentra en peligro y que esta situación se ha incrementado en los últimos años. Sin embargo, eso no aparece en las noticias de la prensa nacional. Por solo mencionar algunos datos, en los últimos siete años un total de 249 líderes han sido judicializados. Desde el año 2017 esta práctica se ha agravado, precisamente, contra los integrantes del Congreso de los Pueblos. Desde esa fecha hasta hoy van 43 integrantes de esa organización política y social que han sido judicializados.

Los informes de diferentes organizaciones de Derechos Humanos destacan los perfiles de prototipos de los las y los líderes que sufren esta vejación: dirigentes campesinos o medioambientales que se han opuesto a megaproyectos, defendiendo la posesión histórica de la tierra por parte de las comunidades campesinos, indígenas o afros (el 65 % de los casos entrarían en esta categoría); defensores de los Acuerdos de Paz (ya sea con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o también quienes participaron activamente en las audiencias del Estado para consultar a la sociedad civil sobre el desarrollo temático de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional); y personas que han impulsado escenarios de protesta social (lo cual es un derecho constitucional en Colombia).

En el caso de las detenciones de Robert Daza, Teófilo Acuña y Adelso Gallo, todos participaron en estas audiencias. Son líderes que han ejercitado la protesta social y que le han disputado al Estado y a las trasnacionales su concepción del desarrollo en los distintos territorios rurales del país.

Castañeda también destacó que estas detenciones se caracterizan por la falta de garantías, sobrexposición mediática, alejamiento de sus territorios y familias, y privación de la libertad. Lo mismo que sucedió en el caso de Julián Gil, también del Cdp, quién estuvo 900 días privado de libertad y hace una semana fue absuelto de todo cargo, tras un procedimiento judicial que concluyó en que el caso levantado por la Fiscalía en su contra se trataba de otro Falso Positivo Judicial (montajes judiciales).

Las afectaciones que se infringen a estas personas, a su buen nombre, intimidad, al derecho a tener relación con su familia y sus organizaciones de base, y al propio movimiento social; son enormes y dan cuenta de la motivación que pudiera tener el Estado y los entes privados para que estas personas estén lejos de sus territorios y de sus organizaciones. En este sentido, el abogado Franklin Castañeda hizo un llamado para que estas personas tengan todas la garantías judiciales. También discrepó con el hecho de que el caso lo esté llevando un Fiscal de Santa Marta (que no tiene relación con los territorios donde viven y trabajan los tres líderes detenidos) porque se les aleja de sus familias y también responde a una búsqueda de la Fiscalía por todo el territorio Nacional de un Juez que esté dispuesto a levantar un caso contra líderes sociales (lo cual también corresponde con los métodos más comunes de los montajes judiciales).

Diana Sánchez, directora de la organización defensora de Derechos Humanos Asociación Minga y vocera de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, calificó de persecución injusta y perversa las detenciones de Gallo, Acuña y Daza. Añadió que las mismas hacen parte del contexto generalizado de violencia que vive el país, donde el Estado y el Gobierno tienen que ver con todo lo que sucede.

Respecto al número de víctimas en lo que va de año 2020, Sánchez señaló que la organización de DD.HH. Somos Defensores cuantificó en 135 los casos de asesinatos de líderes sociales. Y que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz- cifró en 287 el número de estos crímenes genocidas. Respecto a excombatientes de las FARC, o “firmantes de los acuerdos”, se cuantifican en 246 asesinados sistemáticamente desde la firma de los Acuerdos (año 2016).

Un dato que no puede dejarse de lado es que en lo que corre de 2020, año de pandemia y crisis a causa de la Covid-19, se han cometido 84 masacres en el país, con un saldo de 350 víctimas, en lo que constituye el asesinato sistemático y organizado de comunidades. Sánchez también afirmó que la judicialización hace parte de un contexto en el que el Gobierno tiene mucho que ver. “Nos preocupa su papel. El Ejecutivo se empeña en decir que el único responsable son los narcos, la minería ilegal y los GAO (Grupos Armados Organizados) pero se olvida de muchos intereses que están tapados con la excusa del narcotráfico. Aunque Fiscalía responsabiliza en gran medida a diferentes grupos como los Caparros, el Clan del Golfo y el ELN; las propias cifras de la Fiscalía evidencian que las acusaciones hacia estos grupos solo alcanzan el 30 por ciento de los casos y el 70 restante son desconocidos o no identificados”, señaló.

Además, Sánchez destacó que donde más ataques se dan es donde hay más presencia de la fuerza pública, con una alta militarización. Y que, sin embargo, no hay un control eficiente del paramilitarismo. Asimismo, hay territorios olvidados como el Chocó, el Bajo Cauca Antioqueño, el Cauca, Nariño, Putumayo (eje Pacífico); donde parece que existe una guerra sucia contra los movimientos sociales y las comunidades. Los GAO ejercen violencia mientras la fuerza pública mira para otro lado.

Diana Sánchez también criticó la deriva institucional en materia de nombramiento de cargos (como en la dirección de la Procuraduría, institución que vela por el correcto funcionamiento del Estado) que evidencian la falta de preocupación del Gobierno en materia de DD.HH. El nombramiento de Margarita Cabello (anterior Ministra de Justicia) como Procuradora General es una mala noticia al respecto. Cabello tiene una conocida postura en contra de los movimientos sociales y (por sus declaraciones como Ministra de Justicia el pasado mes de marzo cuando justificó la masacre de 23 presos de la cárcel Modelo en Bogotá a manos de agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) un burdo manejo de la defensa de los Derechos Humanos.

El “compromiso” del Gobierno Duque, expresado el 23 de agosto de 2018 después de ganar las elecciones, de hacer una política pública de protección de líderes sociales ha sido echado a la “caneca” de la basura. El actual Presidente deliberadamente desconoce todo lo que está pasando, lo cual da pie a decir que comparte y está de acuerdo con toda esta violencia política contra los movimientos sociales y populares.

El vocero del Congreso de los Pueblos, Jimmy Moreno, recordó que en Colombia hay un genocidio contra el movimiento social y pidió la libertad inmediata de los tres compañeros presos. “Sabemos que son inocentes y sabemos del plan sistemático de la Fiscalía”, reafirmó. Así como exigió garantías de vida y que cesen las agresiones hacia movimiento social, por tener una visión distinta de país y defender la vida y los territorios. También hizo un llamado a la comunidad internacional para que haga acompañamiento en este sentido.

¿Qué es lo que hace que sea tan particular el Congreso de los Pueblos?

El Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario son plataformas nacionales y territoriales con un trabajo muy importante a favor del soberanía alimentaria y contra el extractivismo. Los tres líderes detenidos han resistido la pretensión de grandes empresas de concesionar los territorios a favor de la minería y el extractivismo. Por lo tanto, son organizaciones que “no le convienen” al actual Gobierno y por eso existe una actitud deliberada del Estado (a través de Fiscalía) de romper esos movimientos sociales.

“Seguimos levantando la consigna de que pensar diferente, defender la vida y los territorios no nos puede seguir costando la vida y la libertad. Que ser líder social no es delito. Buscamos la posibilidad de construir un país para la Vida Digna”, concluyó Moreno.