El misterio de los fondos menguantes

Juan Martín Díez

Recordarán el retorno triunfal de Pedro Sánchez tras la reunión del Consejo Europeo de julio, recibido con aplausos en el vestíbulo del Palacio de la Moncloa por sus asesores. Fue una escenificación para su retransmisión por televisión. El propagandista quería ensalzar a un líder capaz de navegar por las procelosas aguas de las negociaciones en Bruselas. Pero esta imagen servía a más propósitos. También se trataba de un acto de reparación de la mellada imagen de la Unión Europea. Tras semanas de agrias discusiones, en las que los altaneros y despectivos comentarios del primer ministro holandés habían despertado sentimientos de indignación nacional en los países meridionales, se percibía un incipiente euroescepticismo en la población española. Los medios y las élites saben manejar a su conveniencia nuestros sentimientos europeístas.

La UE es el Congreso de Viena de nuestra era, ese pacto que pretendía restaurar el Antiguo Régimen en un mundo posterior a la Revolución Francesa y las aventuras napoleónicas. La UE es el pacto de las oligarquías europeas para sostener el proyecto del Estado capitalista en su fase neoliberal. Las elites necesitaban representar un auto sacramental que confirmase la fe en una UE malherida por el Brexit y su incapacidad de coordinar una respuesta colectiva a la pandemia.

El acuerdo se jaleó en los medios europeístas como un momento hamiltoniano, en referencia al secretario del Tesoro de los Estados Unidos de finales del siglo XVII que consiguió que el Gobierno Federal asumiera la deuda que arrastraban los estados desde la Guerra de Independencia. Tras el fiasco de los coronabonos se autorizaba a la Comisión Europea a emitir deuda que será amortizada con futuras aportaciones de los estados miembros. Lo más destacado en los titulares fue el paquete de 750.000 millones €, Next Generation EU, que reservaba una cifra de 140.000 millones para España, el mayor perceptor tras Italia. Los titulares y las aperturas de los telediarios consiguieron sosegar el incipiente euroescepticismo.

La contundencia de las cifras ha sido uno de los más eficaces golpes de efecto de la UE para recuperar la marchita imagen de la UE. Pero es un tan solo un ejercicio de tramoya. Al descender en el nivel de análisis la espectacularidad de las transferencias se disipa.

Los medios saben que la población no suele hacer un escrutinio en profundidad de la propaganda oficial.

Los 750.000 millones resultan ser en realidad un generoso redondeo al alza donde se metían en el mismo saco los nuevos programas pero también otros existentes en el anterior marco financiero plurianual. Es cierto que dentro de de Next Generation EU encontramos un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotado con 310 millones €; pero 250 millones € son préstamos y el Gobierno de España no los quiere. Venían con tantas ataduras que el Gobierno de España ha preferido renunciar a solicitarlos. Parece más prudente acudir a las emisiones de deuda del Tesoro puesto que el Banco Central Europeo (BCE), por ahora, está dispuesto a comprar más de 1,5 billones de euros en activos emitidos por los Estados miembros. De los 140.000 millones que triunfalmente se traía el Gobierno de su negociación en el Consejo ya hay que descontar unos 60.000 millones de euros en préstamos.

Pero Reuters cita fuentes del BCE según las cuales la entidad estaría contemplando la posibilidad de mostrarse menos complaciente para obligar a España e Italia a aceptar esos préstamos.

Lo que más interesaba a los Gobiernos meridionales eran las transferencias. Pero con estas hemos observado un incesante baile de números. El think tank Bruegel pensaba que España recibiría 57.000 millones € en el período 2021 -2023, el 70% en los dos primeros años. La mitad de esa cantidad habrían sido 20.000 millones para 2021 que podrían haberse empleado un impulso fiscal directo.

La operación de lavado de imagen de la UE está ocultando que España también tiene que aportar recursos al presupuesto de la UE. Se estima que aportará 36.000 millones de euros para financiar Next Generation EU aunque parte de esos importes se aplazan al momento en que tengamos que aportar nuestra cuota parte de las amortizaciones de la deuda asumida por la CE.

El impacto neto de Next Generation EU serían 21 mil millones, algo inferior al 2% de su PIB en un período trianual que dividido por tres resulta en unas pocas décimas sobre el PIB cada año. Claramente insuficiente para el reto al que nos enfrentamos.

Pero estos cálculos que manejábamos en julio han seguido menguando.

Hace unos días el Gobierno presentó ante el Congreso de los Diputados su anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. En este documento leemos que el Gobierno cuenta con recibir el próximo año transferencias por valor de 22.319 millones de la UE por todos los conceptos, incluyendo los demás programas dentro del marco financiero plurianual tales como los fondos FEDER, los de la política agrícola común, etc. El proyecto del gobierno estima un escueto ingreso de 5.917 millones € procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 871 millones del fondo React EU. Fuera de los presupuestos generales del Estado se recogen 10.000 millones que financiarán a las comunidades autónomas. Por tanto estamos hablando de 16.788 millones, una cantidad no desdeñable pero lejos de los guarismos empleados en los titulares periodísticos y las cabeceras de los telediarios.

Tabla 1. TRANSFERENCIAS DE LA UE	2021	2020	Δ 2021-2021	Δ 2021-2020 %
Transferencias de la UE	22.319	12.395	9.924	80%
Fondos estructurales y de cohesión	8.242	4.462	3.780	85%
Fondos Estructurales el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	4.554	3.256	1.298	40%
Fondo Social Europeo (FSE).	2.817	1.206	1.611	134%
React EU	871	-	871
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	5.917	-	5.917
PAC	7.063	7.051	12	0%
FEAGA	5.740	5.740	-	0%
FEADER	1.161	1.161	1	0%
FEMP otros recursos agrarios y pesqueros (sanidad animal y	162	151	12	8%
Otras transferencias	1.097	882	215	24%
Otras transferencias	622	556	66	12%
Compensación por los gastos de recaudación de los recursos propios tradicionales	475	326	149	46%
millones €

Fuente: anteproyecto de presupuestos generales del Estado

En contrapartida, el Estado español aumentará su aportación al presupuesto incrementado de la UE y además cubrir el hueco en el presupuesto comunitario que han dejado el Reino Unido y los descuentos que hábilmente han negociado los frugales del Norte (Holanda, Austria, Finlandia y Alemania). La aportación de España pasa del 1,2% de la Renta Nacional Bruta al 1,40% en el nuevo marco financiero plurianual a lo que hay agregar los nuevos impuestos que planea Ursula Von del Leyen tales como el que recaerá sobre plásticos de un solo uso. El anteproyecto de Presupuestos Generales proyecta que el Estado aporte 16.543 millones € al presupuesto comunitario, un 27% más que en 2020. En definitiva, el Estado español prevé que el saldo neto financiero a favor de España en 2021 sea de 5.576 millones €, un escueto 0.5% de nuestro producto interior bruto.

El frío análisis de los números revela que la pieza cobrada por Pedro Sánchez no era para tanto.

Un análisis de Bruegel explica en parte el misterio: la lentitud del proceso de toma de decisiones europeo –el proyecto presupuestario europeo aún debe superar trámites parlamentarios en todos los estados miembros y volver al Parlamento y al Consejo, instancias donde podría aguarse aún más— unido a las dificultades que tienen los estados para poner en marcha proyectos llevan al centro de estudios europeísta a concluir que hasta tres cuartas partes de los fondos de Next Generation EU no se desembolsarán hasta 2023.

¡Pero la crisis es hoy, no dentro de dos años!

Presupuestos expansivos

Está bien recibir un 0,5% del PIB de nuestros socios europeos pero evidentemente, ante una caída prevista para este año del PIB superior al 8%, que puede incluso ser superior al 12% como consecuencia de la segunda oleada, el Estado tiene que ejercer una potente política anticíclica. Si no es la UE, ¿aprovechará el Estado la circunstancia de que la UE ha activado la “cláusula de escape” y que se han suspendido los mal llamados “objetivos de déficit” para 2020 y 2021?

Para 2020 esta decisión fue tomada tan tardíamente —en octubre— que ya no queda tiempo para reaccionar y proponer medidas para rescatar la economía que no vayan más allá de paliar algunos daños (ERTEs, ayudas para autónomos, préstamos y avales). Suspender este objetivo simplemente es un acto de reconocimiento de que la recaudación se ha desplomado. El Gobierno perdió unos meses preciosos para implantar un plan ambicioso que compensase el colapso de la demanda privada, fortaleciese la sanidad pública y preparase el terreno para una reconstrucción económica.

¿Podemos confiar en que el Gobierno presentará un potente programa expansivo en 2021?

El Gobierno ha llevado al Congreso un proyecto de presupuestos “para la trasformación, que consolidan un modelo de crecimiento económico equilibrado, sólido, inclusivo y sostenible”. Para 2021 se definen en un objetivo de déficit del 7,7% sobre el PIB para el conjunto de todas las administraciones públicas, 5,2% para la Administración Central.

Este presupuesto asume un crecimiento de la recaudación del 28% que nos resulta un tanto inverosímil y por tanto entendemos que es un maquillaje para obtener el pase de Bruselas y de los censores fiscales. El presupuesto de gastos, excluyendo los fondos europeos, aumentará un 24% —menos que el aumento de ingresos lo cual explicaría por qué el Gobierno espera reducir el déficit, un deseo inoportuno dadas las circunstancias.

Hay aspectos indudablemente positivos tales como el crecimiento muy considerable del presupuesto destinado a trabajo y seguridad social, en gran parte derivado de la necesidad de transferir fondos al SEPE; un Incremento de 3,2% de las pensiones; un aumento de un 151,4% de la política de Sanidad, notable porque se compara con un exiguo presupuesto de partida ya que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Parece que se recupera un concepto que se había abandonado, la política de Industria y Energía, con una dotación de 11.166 millones € para financiar la transición energética y la modernización y digitalización del tejido industrial. A la partida de Infraestructuras y Ecosistemas “resilientes” se destinan 11.527 millones €. Tras la masacre del Gobierno de Rajoy infligida a nuestro sistema científico se recupera la inversión en Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización que experimenta un incremento del 80,1 por ciento respecto de 2020.

El anteproyecto de PGE se aparta de la cultura frugal de la pasada década basada en la búsqueda de un santo grial inalcanzable: el equilibrio presupuestario. Aun así sospechamos que no será suficiente y que la magnitud de la crisis se encargará de dejar el proyecto obsoleto. La prensa económica ya está discutiendo si los 750.000 millones serán suficientes para sacar a Europa de su marasmo económico ahora que la pandemia está afectando a zonas del Norte de Europa.

El fenómeno de los menguantes fondos Next Generation EU y el anteproyecto de presupuestos generales del Estado nos inspiran algunas conclusiones.

El anteproyecto menciona a Next Generation EU, dedicándole además un capítulo entero. Es un leitmotiv del documento como si los fondos europeos hubiesen hecho posible saltar las costuras de la austeridad presupuestaria. Resulta evidente que el esfuerzo lo asume nuestro Estado que, sin embargo, prefiere atribuirle en los titulares los méritos a una UE que no ha sabido contrarrestar el reflujo hacia las políticas nacionales ante la emergencia pandémica. La solidaridad europea ante la catástrofe que aflige a España e Italia se reduce a unas décimas de PIB. Entonces ¿por qué este esfuerzo de lavado de imagen? Solo cabe concluir que la UE no sirve para gestionar retos comunes sino para disciplinar a los regímenes democráticos. Unas décimas de nuestro PIB es el precio que nuestros “socios” del Norte, hostiles a una unión de transferencias, están dispuestos a pagar para retener los mercados del Sur. Intercambio de favores y eslóganes para preservar el proyecto neoliberal europeo. Este es el pacto de las elites neoliberales europeas.

Europa se aparta de la cultura de la austeridad; pero no se hagan ilusiones: es temporal. Los avisos de que volveremos a la senda del ajuste presupuestario no cesan de llegar. El paseo fuera de la celda es solo por el patio de la cárcel. El peligro es que el retorno prematuro a la senda del “equilibrio presupuestario” aborte las políticas expansivas dejando otro legado tóxico como el que nunca llegamos a absorber tras la crisis de 2009.

Cuatro décadas de neoliberalismo han llenado de herrumbre las estructuras del Estado hasta tal punto que muchos cuestionan su capacidad para absorber los fondos europeos. La parsimonia con la que se están tomando las decisiones de supresión de límites de gasto, la demora en definir proyectos, o la preferencia por ceder el protagonismo al sector privado, ponen al desnudo un aparato estatal envejecido y dogmático que no está a la altura de las circunstancias. Los altos funcionarios olvidaron que tenían a su disposición miles de estafetas de correos, colegios públicos, oficinas del SEPE, diputaciones provinciales, cabildos insulares, cuarteles y municipios que pueden organizarse para prestar los servicios de abastecimiento a la población confinada. Solo había que planificar, organizar y contratar de entre los millones de desempleados de nuestro ejército industrial de reserva. No es una tarea imposible. El gobierno de Roosevelt fue capaz de poner en marcha el programa de contratación más ambicioso de los EEUU, allá por el año 1933, sin ordenadores, en un mes. El Civilian Conservation Corps se presentó al Congreso en marzo, fue aprobado en abril y para julio ya había enrolado a más de 250.000 jóvenes. Economía planificada: un tabú para la administración general del estado neoliberal y los economistas que los asesoran. La ideología atenaza a nuestra administración pública.

El Estado neoliberal pretende el imposible de minimizar los costes de esta crisis. Si confina a la población para evitar los costes sanitarios no quiere asumir los de garantizar un sistema de suministro de bienes y servicios básicos, ni sostener rentas, ni congelar parte del tejido productivo. Para evitar los costes para la economía de un largo confinamiento y salvar la temporada turística lo suspendió en mayo. Pero esto solo habría sido eficaz si el Estado hubiese estado dispuesto a planificar una inversión masiva en material y personal sanitario. Las pruebas PCR se han escatimado, los laboratorios hospitalarios están colapsados, el personal médico agotado, y no hay rastro de los rastreadores. La COVID-19 regresó con furia. Tratando de evitar los costes para salvar los saldos contables de las cuentas públicas han incurrido en mayores costes quizás más severos y duraderos.

Esta crisis no se puede resolver con mecanismos de mercado aptos para otras circunstancias. Los avales, préstamos y garantías pueden ser una solución para dotar de liquidez a las empresas a corto plazo, pero el rebrote de la enfermedad y nuevos confinamientos van a dejar a muchos sectores con balances cargados de deuda y fragilizados. La crisis es hoy, no en 2022. Si la mayor parte de los estímulos fiscales no llegan hasta 2022 será tarde para evitar una crisis financiera. Lo que necesitamos es algo más parecido a la gestión de una economía de guerra: planificación, control, suspensión de la economía de mercado; un tabú para el Estado neoliberal.

El golpe propagandístico de los 140.000 millones irá diluyéndose en la medida que la población empiece a comprender que las cosas no están volviendo a la normalidad, los préstamos del ICO para salir del paso se transforman en una carga onerosa y sus rentas no se recuperan.

El pensamiento económico neoclásico, puntal teórico del neoliberalismo, es un paradigma degenerado y moribundo. Ninguno de los escenarios sobre tipos de interés descontrolados y ‘crowding out’ que se asociaban a déficits públicos crecientes se ha materializado. Peor: el paradigma actual no tiene respuestas para esta situación, ni siquiera improvisadas. Esta es la segunda gran crisis económica en lo que va de siglo, causada o agravada por un estado capitalista neoliberal que vuelve a mostrar su absoluta incompetencia para rescatar a la población.

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