Menos galletas y más garantías

Ángel Madrid, área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Cada día las decisiones políticas que se adoptan con consecuencias en las vidas, cuerpos y derechos de las personas recién llegadas a las costas de Andalucía, aunque también podría decir de Canarias, continúan impasibles respondiendo a las lógicas de expulsión y exclusión de las políticas migratorias europeas. Unas decisiones que nos hacen retroceder a escenarios cada vez más alejados de la salvaguarda de los derechos de las personas.

El martes 20 de octubre en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Roque, 33 personas continuaban privadas de libertad una vez transcurrido el plazo legal máximo de 72 horas establecido en la normativa para el caso de detenciones como garantía del derecho a la libertad. Se encontraban en unas condiciones pésimas, como denunció el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Cádiz, que alertaba de la precaria alimentación en el CATE, solo zumos con galletas tres veces al día. Zumos con galletas, galletas y más galletas.

Se acordó su confinamiento y se está cumpliendo en el CATE. La preocupación es máxima no solo por las condiciones, que también, sino porque se ha considerado como un espacio adecuado para el cumplimiento de medidas sociosanitarias, como son los confinamientos y cuarentenas por un período mínimo de dos semanas, a un dispositivo habilitado en el puerto para la privación de libertad de las personas recién llegadas a través de las costas. Cabe señalar que los CATE como recoge el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en su Informe de 2019: “no cuentan con regulación o protocolos de funcionamiento específicos. A efectos prácticos son considerados «extensiones» de las comisarías de la Policía Nacional de la que dependen, por lo que su estancia en ellas está afectada por el límite de 72 horas”.

Por lo tanto, estas situaciones necesitan ser visibilizadas para exigir a las instituciones, autoridades y organismos con competencias que dejen de mirar a otro lado, asuman sus responsabilidades y pongan en el centro de las decisiones los derechos de todas las personas para que efectivamente nadie quede atrás. ¿Cómo? Con todos los recursos y mecanismos que se necesiten y con una atención específica ante quienes puedan encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad, rompiendo con todas las lógicas racistas y excluyentes, de expulsión y exclusión, de las políticas migratorias que nos han traído hasta aquí.

Hasta las vallas de Melilla y Ceuta que elevan su altura, la militarización de fronteras, los acuerdos con terceros Estados no seguros, los retrasos en las citas de las oficinas de extranjería, los jóvenes que cumplen 18 años sin garantías para continuar sus proyectos de vida en las ciudades en las que han crecido, las redadas, la vergonzosa reapertura de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), los vuelos de deportación, el aumento de los discursos xenófobos y racistas, el hacinamiento en el CETI de Melilla, la falta de previsión y planificación en Canarias (que nos recuerda a Moria), Moria, el incendio, el fallido sistema de asilo, cualquier campo de refugiados, la propuesta de la Comisión Europea para otro Pacto sobre la Migración que no es nuevo, sino una vuelta de tuerca más respecto de los anteriores que nos dejan todas estas políticas con sus terribles consecuencias: criminalización, dolor y muerte.

Las mismas políticas migratorias que nos llevan a San Roque, a 33 personas con sus nombres y apellidos, con sus historias de vida y sus proyectos, que pasan la cuarentena en un CATE que no es más que la extensión de un calabozo. ¡Basta ya! Es el momento de menos galletas y más garantías. Garantías tres veces: en origen, en tránsito y en destino. Reconocimiento pleno del derecho a migrar, del derecho a permanecer en su país y a vías legales y seguras, políticas de atención a la llegada, igualdad y dignidad. Garantías en el efectivo reconocimiento de los derechos en una primera atención digna, durante los confinamientos y/o cuarentenas que sean necesarios y, sobre todo, en posibilitar el desarrollo de los proyectos vitales de cada persona.

Exigimos garantías y más garantías: el cierre de todos los dispositivos de encierro, de los CATE a los CIE, el fin de los vuelos de deportación, el traslado a la península de las personas que así lo expresan desde Melilla, Ceuta o Canarias; asegurar condiciones de futuro a la juventud cuando alcanza la mayoría de edad, la regularización inmediata de todas las personas en situación administrativa irregular y, por supuesto, frenar la propuesta de la Comisión sobre el pacto migratorio y plantear una alternativa basada en derechos. La pandemia no tapará las incompetencias de quienes ostentan las responsabilidades, ni aliviará los sufrimientos que causan ni reparará los derechos vulnerados. Por eso, el momento es ahora y no debemos dejar pasar ni un minuto para demostrar que cuando decimos nadie atrás, es nadie. Un grito de San Roque a Europa: todas con derechos.