Hacer posible lo que es necesario

Marcelino Camacho solía utilizar una clarificadora frase, que luego ha dado lugar a un magnífico documental sobre su vida y su lucha: Lo posible y lo necesario (dirigido por Adolfo Dufour). La frase es “Lo posible es lo que nos permiten hacer, y lo necesario lo que debemos hacer… Quienes cambian el mundo son aquellos que luchan por lo necesario”.

¿Cómo puede interpretarse esta idea en el marco de una realidad política institucional que se caracteriza porque por primera vez en la reciente democracia representativa española se van a discutir unos Presupuestos Generales del Estado presentados por un Gobierno en el que hay ministros con carné del PCE?

Ya sabemos que los sillones del Consejo de Ministros nunca han permitido por sí mismos conseguir lo necesario para los trabajadores y el conjunto de la ciudadanía que vive esencialmente de su trabajo. En cualquier experiencia conocida ha sido necesario que estuvieran acompañados de cambios significativos en la correlación de fuerzas, que sólo son posibles desde la organización y la movilización. En España, ni siquiera ahora la representación parlamentaria permite muchos cambios cualitativos. Por tanto, que nadie espere que desde estas líneas propugnemos el asalto de los cielos.

Pero creo que sí podemos reclamar que el Gobierno de Progreso sitúe como su objetivo prioritario que lo necesario sea posible. Y usando un instrumento que supongo se ha firmado para cumplirse: el acuerdo de Gobierno de Coalición.

Con esta idea me parece justificado calificar estos Presupuestos de timoratos, como toda la política del Gobierno. Pero, más aún y con consecuencias peores, son unos presupuestos desenfocados.

Desde el punto de vista pedagógico las afirmaciones de que son “los mejores presupuestos de la Historia” o que “hoy inauguramos una nueva época, que deja atrás la etapa neoliberal…”, se pueden sólo explicar por la búsqueda de titulares, pero confunden a las personas de izquierdas, crean expectativas irreales que luego pasarán factura y desarman el pensamiento progresista en la lucha de ideas. Basta comparar con los Presupuestos de otros países europeos, claramente neoliberales, para medir con rigor el escaso avance.

En cuanto a las cuestiones de contenido (ingresos, gastos, gasto social, medidas fiscales, inversiones, etc.), que es lo esencial, no cabe duda de que son mejores que los de los Gobiernos del PP. Sólo faltaría que fueran peores.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los ha resumido como los que “contienen el mayor gasto social de la Historia”. Es una valoración discutible, pero no es útil entrar en ello. Lo importante es ver si el gasto social es el que debería ser cuantitativamente, e incide en los programas adecuados desde el punto de vista de la situación de los servicios sociales. Hay que tener en cuenta que el aumento del 10,3% del gasto social se hace sobre unos presupuestos congelados desde 2018. Equivale a un aumento anual muy modesto. Y además se sustenta sobre el adelanto de 27.000 millones de los fondos de ayuda procedentes de la Unión Europea.

Ciertamente el gasto en componentes importantes del gasto social ha aumentado, en algunos casos de forma notable. Pero si los comparamos con el gasto antes de la crisis del 2008, la política de reconstrucción resulta extraordinariamente tímida. Así, según datos de la OCDE, en 2009 el porcentaje de gasto público en sanidad (incluidas las CC.AA., que reciben una gran parte de su gasto como transferencias del Estado con relación al PIB, fue del 6,8%. En 2021 será del 6,9%, fondos para combatir la pandemia incluidos. En educación, el gasto público alcanzó en 2008 el 4,68% del PIB; en 2021, aún no se llegará a alcanzar el 5%, pese a que el 63,2% del total del gasto presupuestado se alimenta de los fondos de la UE.

En políticas de vivienda el aumento del gasto si es importante, pero hay que tener en cuenta que se partía de unas cifras ridículas, que ese aumento se basa en los recursos procedentes de la UE y que en un 93,4% del total se ejecuta mediante transferencias a los Ayuntamientos y las CC.AA., en no pocos casos con muy poco interés por parte de sus gobiernos en fomentar la vivienda social y menos aún en alquiler. Si comparamos la política de vivienda de Madrid con la de Viena, por ejemplo, se entiende la diferencia.

Ciertamente, hay mejoras con relación al presupuesto de 2020 (que es en la práctica el de 2018), pero supongo que el objetivo de nuestro Gobierno no es reconstruir la situación de los gobiernos de Rajoy/Montoro. Y tampoco recuperar el gasto de 2008 parece un objetivo que nos saque del neoliberalismo (recuérdese la opinión que a IU le merecían los presupuestos de Zapatero).

Otra cuestión central de unos PGE es la fiscalidad. El conjunto de medidas de incremento de algunos impuestos reportaría en 2021 unos 1.862 millones de euros, según las estimaciones del proyecto. Todo ello pendiente de la oferta a Ciudadanos de negociar los que corresponden al gasoil, la pretensión de publicitar un aumento del impuesto de Patrimonio que muchas CC.AA. no utilizan y una visión gubernamental muy optimista sobre la recuperación de la economía. Los aumentos sobre IRPF y rentas del ahorro están lejos del acuerdo de Gobierno entre PSOE y UP y, si apartamos un poco el marketing político, en realidad es un incremento sobre el tramo que supere los 300.000 o 200.000 euros (según el tipo de impuesto) anualmente, no sobre el ingreso total. Sólo producirán 144 millones de euros, poca cosa. Las medidas más significativas (por importe de algo más de 4.300 millones de euros) se incluyen sobre proyectos de Ley distintos que deberán ser debatidos, enmendados y aprobados.

Recuperar algo de justicia en el sistema fiscal español debería ser una tarea central de estos Presupuestos. Tenemos una diferencia en contribución fiscal de más de 7 puntos del PIB sobre la media europea y algo más con relación a, por ejemplo, Francia y Alemania con conspicuos gobiernos neoliberales. Una reforma fiscal seria exige tiempo para debatirla, aprobarla y aplicarla, pero hay que empezar ya si de verdad se pretende ese camino.

Y mientras tanto, está la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y la limitación de los mecanismos de elusión fiscal. Y se puede resolver en gran parte con la voluntad política para aplicar las leyes existentes, hacer mejoras reglamentarias y reformar a fondo la Agencia Tributaria.

Las cifras del fraude fiscal se acercan a los 70.000 millones de euros anuales, la economía sumergida está entre el 20 y el 25% del PIB y los costes fiscales de la elusión son muy elevados y nunca se estudia los resultados de las exenciones y las subvenciones; la realidad es que los bancos y otras grandes empresas difícilmente pagan el 5% de sus beneficios. El bar de debajo de casa, mucho más.

Además de la injusticia fiscal que todo eso representa, que es lo fundamental, quien no paga impuestos o contrata en la economía sumergida desplaza del mercado a quien cumple sus obligaciones. No se oye a los portavoces de la CEOE que tanto pregonan la competitividad decir algo de esto.

Pero tampoco parece preocupar mucho al Gobierno. Combatir el fraude eficazmente, aunque sólo se lograra llegar en 2021 a un 30% del mismo, produciría ingresos superiores al doble del total del incremento de la contribución fiscal propuesta. Esto falta también en los presupuestos.

Finalmente, creo necesario opinar sobre las mayorías que pueden respaldar los PGE y proponer aquí la necesidad de reenfocar la cuestión. El problema que está en juego no es unos cientos de millones más o menos de contribución fiscal. Tampoco el perfil político de Ciudadanos o de ERC. “¡Que se aguante el sargento que no como rancho!” no es una frase para este momento.

Un análisis más riguroso de la situación tal vez permita considerar hasta que punto los PGE de 2021 pueden ser un paso decisivo para configurar una nueva realidad económica y social. Esto pasa por poner en pie un nuevo modelo productivo, lejos del modelo perverso aún existente. Un modelo que tendrá como base el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las transformaciones verde y digital. Eso decanta sectores productivos que aún no son maduros y agotados como los tradicionales de la economía española. O el nuevo modelo tiene en cuenta eso o no será. Un modelo que deberá tener en cuenta el aumento de la demanda y de la inversión interna como factor fundamental de salida de la crisis, sí o sí. No sé si podemos confiar en que en el empresariado español haya sectores interesados en esa opción, pero merece la pena buscarlos. Este creo que es el núcleo de una posible discusión con Ciudadanos.