Sobran leyes y falta compromiso

( Otra vez las leyes y el tabú del estado de alarma)

"Las cuatro reglas de la política: suma cuanto puedas, resta lo menos posible, multiplica con cuidado y divide al adversario hasta hacerle polvo". Álvaro de Figueroa. Conde de Romanones.

El Gobierno acaba de aprobar el estado de alarma al objeto de dar cobertura constitucional a las CCAA para la limitación de la movilidad social y territorial ante el incremento de la segunda ola de la pandemia. El plazo es de seis meses, regulable en función de la evolución de la pandemia.

En los días previos se ha acordado desarrollar el plan de respuesta temprana de 13 de Julio, mediante un semáforo con cuatro niveles de riesgo y un paquete de medidas de reducción de aforos y horarios para hacer frente al fuerte incremento de la incidencia y la ocupación hospitalaria, pactado entre las CCAA en el consejo interterritorial del SNS.

Queda pendiente, sin embargo, el inaplazable cumplimiento por parte de las CCAA de las condiciones de desescalada relativas al reforzamiento de la atención primaria, la salud publica y la coordinación sociosanitaria para la detección de casos, el rastreo de contactos y su confinamiento con garantías.

Tampoco se incluyen medidas compartidas sobre los determinantes sociales como los protocolos de prevención en las empresas, el teletrabajo donde sea posible, el incremento de frecuencias en el transporte público, así como la especial atención a los grupos y patologías de riesgo, que se han visto relegados con motivo del circuito para la demanda covid en los centros sanitarios.

Tanto el incremento de la incidencia y la transmisión comunitaria, así como las normas y medidas de emergencia, se vienen multiplicando en los últimos días a lo largo y ancho de Europa y en general en el hemisferio norte, incluidos los virtuosos Países Bajos y la industriosa Alemania. Nada de esto parece haber variado un ápice la polarización y el victimismo noventayochista que padecemos.

La respuesta en España, por tanto, ha coincidido con lo que estaba previsto: ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Ni con semáforo pactado ni con estado de alarma. El PP porque el Gobierno se ha pasado con el plazo de seis meses de estado de alarma, y porque echa de menos su mantra de una nueva legislación que supla al estado de alarma, y otros menos exigentes porque el Gobierno se ha vuelto a quedar corto, como siempre, en las medidas propuestas y además se lava las manos con la delegación de la autoridad sanitaria en los presidentes de las CCAA. Habrá incluso quien eche de menos el mando único que junto al estado de alarma, todos ellos se encargaron antes de estigmatizar. Luego, dijeron lo mismo contra el confinamiento y más tarde frente a su contrario con la llegada de la nueva normalidad. Previsible.

También con respecto a los niveles de riesgo, los mismos que achacaron al Gobierno carecer de un plan de pandemias y de lavarse las manos después del confinamiento, hoy contestan la existencia de un plan detallado por tardío e innecesario y algunos incluso se abstienen: los unos sostienen que llega tarde y los otros que es poco contundente. No dicen si poco antes, cuando clamaban contra el confinamiento y las limitaciones de aforos y horarios anunciando la ruina, lo hubiesen aceptado.

Alguno, más avispado, ha mencionado incluso que en Inglaterra se debate si es mejor un corte total de la actividad durante un corto periodo que mantener esta dinámica progresiva y proporcionada de restricciones y distanciamiento. Lo mismo que otros, haciendo caso omiso de la OMS y del Memorandum John Snow (que busca acabar con el mito de la inmunidad de rebaño), volverán a la idea inviable de la inmunidad natural, y lo peor es que todavía los hay de entre ellos, como la Comunidad de Madrid, quienes a día de hoy y de tapadillo lo siguen aplicando, en particular los barrios del sur, tratados como bantustanes.

Y todo ello, aunque en estos momentos, todos los argumentos que ligaban el estado de alarma, de emergencia o de contingencia a la corriente del autoritarismo en España y en Europa, con frases cogidas por los pelos de Giorgio Angaben sobre el estado de excepción, hayan sido refutados por la realidad. El control parlamentario se ha garantizado, antes y ahora, se ha permitido la realización de manifestaciones negacionistas con respaldo judicial, y más recientemente, hemos retornado a la normalidad democrática plena, se ha vuelto a las convocatorias electorales y recientemente a la presentación de una moción de censura al Gobierno por parte de la extrema derecha con el argumento de la gestión autoritaria y criminal de la pandemia. El fiasco de su rechazo y el revolcón final no es responsabilidad atribuible al estado de alarma ni a ninguna tentación autoritaria. Más bien al contrario.

Ahora, se vuelve a oír al PP el eterno mantra de la necesidad urgente de nueva legislación de salud pública. Ellos, que ignoraron durante sus dos legislaturas de mandato la moderna ley general de salud pública de 2011. Conscientes además de que una ley orgánica como la que exigen tiene su tiempo, su trámite y necesita de una mayoría absoluta. Pero ante todo que ninguna nueva ley de salud pública, por muy detallada y moderna que sea, puede sustituir al estado de alarma si con ella se trata de limitar los derechos fundamentales de millones de ciudadanos.

Porque el recurso del PP a una legislación en materia de salud pública para pandemias, ignora que de hecho ya la tenemos desde 1986 en la ley de Medidas Especiales y que no es verdad que no sea adecuada ni que no esté pensada para pandemias. Si de algo sabía la legislación del siglo XX era de pandemias, y no solo por la experiencia de la mal llamada gripe española sino por epidemias más recientes. Sobre todo si además la respuesta que hoy estamos dando a la covid-19, más que contemporánea, se trata del confinamiento y la cuarentena medievales.

Así es que prevé unas medidas de muy amplio espectro, para algunos juristas incluso demasiado y por eso las garantías desarrolladas en la ley del procedimiento contencioso administrativo.

Por eso en su artículo tres dice lo siguiente: 'Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como LAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS en caso de riesgo de carácter transmisible'.

Y además, cuando reclaman una nueva legislación les puede el inconsciente porque ignoran la ley general de salud pública de 2001, de su desacuerdo, bloqueo y nulo desarrollo reglamentario posterior. Resulta paradójico que aunque ésta no tenga carácter orgánico, se olviden de los principios de salud pública que contiene, y que para la interpretación de las medidas de cierre o confinamiento se recurra por parte de los Gobiernos a la ley de cohesión y sus actuaciones de coordinación que data de 2003.

Por eso la inmensa mayoría de las medidas de cierre perimetral y reducción de aforos y horarios han contado, salvo tan raras como sonoras excepciones, con el refrendo de los tribunales de justicia. Lo que no se entiende a estas alturas de pandemia es que un Tribunal Supremo como el nuestro, tan celoso de su carácter y habiendo precedentes, es verdad que alguno de amargo recuerdo, todavía no haya hecho nada por la unificación de doctrina en tan importante materia.

Pero si de lo que se trata es de limitar derechos fundamentales a una parte de los españoles ante casos de extraordinaria necesidad como una pandemia, no existe sustituto constitucional posible al estado de alarma y todos lo saben. La reducción del plazo de seis meses parece razonable, siempre y cuando no se repita el calvario de las prórrogas al estado de alarma vivido en la primera ola de la pandemia. Tampoco parece necesaria la referencia a los límites del derecho de manifestación cuando no se cumpla con la distancia de seguridad, cosa que va de suyo.

Por otra parte, lo que es seguro es que la derecha nunca respaldará una ley como la que está en vigor en Alemania en relación a la pandemia, una ley de infecciones que permite limitar la movilidad a los Gobiernos de los Estados federados, y que por otra parte, en el modelo autonómico español sería de una más que dudosa constitucionalidad.

Por eso la presidenta Ayuso ha tirado otra vez la piedra, en esta ocasión con el toque de queda por bandera y ahora Feijóo esconde la mano diciendo que se trata de una medida 'impropia', en el momento en que han sido conscientes de que requiere de la declaración ineludible del estado de alarma. No sé si con carácter impropio se refieren a su origen medieval o a su utilización en los golpes de Estado, o si con ello se refieren a su puesta en vigor en París, Bruselas y cada vez un mayor número de grandes capitales europeas ante el repunte de la pandemia.

En definitiva no se sabe si a pocos días de la moción de censura es demasiado pronto para que el PP pase de las musas de la polarización al teatro de la moderación, la crítica y la colaboración o si fue flor de un día y el estado de alarma sigue siendo un tabú insalvable, aunque sea para cooperar en la lucha común contra la segunda ola pandémica.

Tenemos las leyes y los planes, pero sigue pendiente la unidad política y el compromiso cívico. Veremos.