En las cárceles se tortura

Francisco Miguel Fernández Caparrós, coordinador del área de cárceles de APDHA

El pasado mes de septiembre una delegación del Comité para la Prevención de la Tortura realizó una visita a casi una veintena de centros de detención y custodia del Estado. Este año, la delegación ha estado en tres comunidades autónomas: Andalucía, Madrid y Valencia. Dado que se trata del principal mecanismo europeo de control de los espacios privativos de libertad, sus observaciones y recomendaciones deben ser atendidas en cuanto a qué tipos de vulneraciones de derechos se producen en esos espacios y cuáles son las actuaciones que deberían llevar a cabo los Estados para poner fin a esas prácticas.

En su informe del año 2017, el Comité corroboró una realidad especialmente dura en comparación con sus exámenes anteriores, tal y como apuntó el profesor Iñaki Rivera Beiras. Así, en cuanto a la existencia de torturas o malos tratos en centros penitenciarios, el organismo europeo manifestó a raíz de distintas denuncias recabadas durante su visita que “existe un patrón de malos tratos infligidos por funcionarios de prisiones como una reacción desproporcionada y punitiva al comportamiento recalcitrante de los reclusos”. Por eso, desde el Comité se recomendó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que investigara de manera más efectiva las denuncias por tortura.

Si atendemos a los datos facilitados por el Ministerio del Interior al diputado Jon Iñarritu, observamos que entre 2015 y 2019 han aumentado el número de expedientes abiertos por la administración penitenciaria ante quejas de malos tratos dentro de prisiones (sin contar los centros situados en Euskal Herria y Catalunya): si en el año 2015, se iniciaron 89 expedientes, en 2019, se alcanzó un total de 129. Andalucía es la comunidad autónoma con el mayor número de personas privadas de libertad y el territorio que acumula el mayor número de procedimientos abiertos. Este aumento del número de expedientes iniciados, que en el caso de Andalucía casi se duplica entre esos años, contrasta con la disminución sostenida de la población reclusa.

Sin embargo, como recoge el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura en su informe del pasado año, de las siete sentencias por tortura y sesenta por delito contra la integridad moral que se dictaron en 2019 ninguna condenaba a trabajadores o funcionarios de prisiones. Esta segunda disparidad entre las denuncias que se formulan, las que se investigan internamente por la propia administración y las que acaban llegando a juicio, también lo advirtió el Comité en su última visita. La delegación europea transmitió que estaba especialmente preocupada porque “dada la amplia incidencia y frecuencia de los malos tratos físicos en las cárceles españolas, ningún procedimiento penal llegó a la fase final de la investigación entre los años 2014 y 2016”.

A juicio del Comité, las razones que explican este “fenómeno de impunidad” tenían que ver con la mala calidad o la ausencia de los partes de lesiones, el ocultamiento de información de posibles casos que puedan ser sospechosos de malos tratos, el traslado a otro centro penitenciario, el archivo de contrademandas por parte del personal de custodia o la falta de confianza de los presos en la efectividad e imparcialidad del sistema de denuncias.

Este último factor también lo ha apuntado el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura respecto al reducido número de personas presas que dicen haber sufrido agresiones o lesiones en el centro penitenciario Madrid VII y quienes finalmente presentaron denuncias o quejas por malos tratos. La razón principal de esta divergencia es, según el Mecanismo, “el miedo a las represalias, tales como sanciones disciplinarias, cambios injustificados de prisión o de módulo, denegación de derechos, o la sensación de que no sirve de nada o que, incluso, puede resultar contraproducente”.

Hasta dentro de algo más de un año no conoceremos el examen y las recomendaciones que ha realizado esta vez el Comité para la Prevención de la Tortura. Las observaciones de esta institución y los informes del Mecanismo, sin embargo, arrojan una situación muy grave. Uno de los problemas con los que nos encontramos es que, como se apunta en La tortura en la España contemporánea, aún no contamos con un estudio cuantitativo y cualitativo de ámbito estatal sobre la práctica de la tortura similar al elaborado hace unos años por el Instituto Vasco de Criminología.

A partir de la información ofrecida por el Ministerio del Interior en relación a los expedientes abiertos por denuncias de tortura, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía hemos solicitado al Defensor del Pueblo Andaluz que elabore un informe de esas características. No obstante, somos conscientes de que esto no es suficiente. Además del compromiso y análisis exhaustivo de los principales organismos públicos de control, es esencial que tomemos la práctica de la tortura como un problema que compromete a toda la sociedad. En esta tarea las organizaciones sociales, como la Coordinadora para la Prevención de la Tortura o el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona o el trabajo de los medios de comunicación cumplen un papel de primer orden.

En todo caso, la existencia de la tortura y los malos tratos constata desde dentro la inhumanidad del propio sistema penitenciario y, por esa misma razón, nos interpela a construir alternativas al actual régimen de castigo. Como apuntaba Ángela Y. Davis en Democracia de la abolición, “una aproximación abolicionista que busque responder a este tipo de preguntas implicaría pensar en un conjunto de estrategias e instituciones alternativas, con el fin último de eliminar la prisión de los horizontes sociales e ideológicos de nuestra sociedad”. Pongámonos a ello.