Necropolítica

Ayer por la noche, en medio de la confusión y la indignación por la incomprensible postura del Gobierno de la Comunidad de Madrid, resistiéndose a tomar medidas para frenar la creciente transmisión comunitaria del coronavirus en nuestra región, escuché, en un debate del Canal 24horas de TVE, a una veterana periodista con fama de estar muy bien informada de “lo que se cuece” en el Partido Popular, decir literalmente lo siguiente:

“Creo de verdad, y esto es un asunto desagradable para tratarlo, muy desagradable..., creo que en el fondo de estas decisiones de la Comunidad de Madrid está el asunto económico. Creo que hay un debate, que es un debate desagradable, que enfrenta la salud y la ruina económica. Que enfrenta las posibilidades que las personas salgan a la calle y se puedan contagiar y a cambio eludir la ruina. Es un debate complejo y que no está tan claro, ...que nosotros decimos aquí: “¡No, solo el criterio sanitario!”...pero es una cuestión de supervivencia: hay personas que si cierran su negocio, se van a arruinar. Y la tesis es morirse de hambre o morirse del virus. No es tan fácil. Este es un debate que está en la calle además. Yo no tengo claro el asunto”.

Inmediatamente me surgió una palabra: Necropolitica. Les explicaré por qué.

Llevaba varios días comprobando que en la Comunidad de Madrid estaba habiendo un exceso de mortalidad registrada, tanto por el sistema de vigilancia “Momo” del Instituto de Salud Carlos III, como por el propio sistema de registro de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, tal como se recoge en su último informe semanal del 29 de septiembre. Es decir, desde el 1 al 20 de septiembre volvían a registrarse en nuestra región más muertes que las esperadas, de acuerdo a los registros medios de la última década. No llegaba, ni mucho menos, a los niveles de finales de marzo y principios de abril, pero se había iniciado un significativo y amenazador ascenso. No solo las muertes empezaban a despuntar, sino los casos seguían un lento pero continuado ascenso, que resultaba en una progresiva ocupación hospitalaria por casos graves de esta enfermedad. Obviamente también en incidencias crecientes, muy por encima del nivel recomendado por organismos internacionales, como la OMS o el ECDC, para intervenir reduciendo las actividades sociales, laborales y comerciales, y la movilidad tanto dentro, como fuera de la Comunidad de Madrid.

A pesar de las evidencias disponibles, cuyo análisis era compartido por las principales sociedades científicas de salud pública y epidemiologia, nos encontrábamos con estupor que la trasmisión comunitaria y la situación de alerta extrema eran negadas, una y otra vez, por los responsables políticos que están al frente de esta institución y de su estructura de salud pública. Nos empeñábamos en contra-argumentar los extraños criterios que difundían sobre la situación (“se están desplomando los ingresos hospitalarios”, “vamos bien”, “estamos aplanando la curva”, “tenemos capacidad hospitalaria sobrada”, “lo resolveremos haciendo cientos de miles de test de antígenos”, “el problema es el modo de vida de los habitantes de los barrios del sur”, etc.).

Pero cuando ciertos argumentos eran insostenibles, aparecían otros nuevos de mayor inconsistencia (“¿de dónde sale la tasa de 500 casos x 100.000 para intervenir?”, “hay que considerar que Madrid tiene distritos de menos de 100.00 habitantes que estarían exentos de las medidas de restricción”, etc.), cuando no eran falsedades claras (“somos la Comunidad con mayores tasas de PCR de España”, etc.), tal como ha ocurrido cuando, desde mayo, se han ido dando cifras de rastreadores disponibles, que no solo eran manifiestamente insuficientes para identificar y contener los brotes, sino que ni siquiera se evidenciaba su existencia. Por ello, estas cifras eran a veces corregidas a la baja en la siguiente declaración pública

De nuevo, nos esforzábamos en confrontar y desmentir estos criterios, buscando datos, fuentes, evidencias, apareciendo en medios que requerían tu opinión como epidemiólogo. Nos empeñábamos en proponer medidas, indicadores y estrategias, en definir fases de desconfinamiento y umbrales para la acción, en señalar recursos movilizables y las medidas más eficientes, de acuerdo a la experiencia internacional. Explicar conceptos complejos como valor predictivo positivo, sensibilidad o especificidad con palabras simples. En criticar “simplezas pandémicas”. Con la esperanza de, tal vez, ser escuchados.

Sin embargo, ayer por la noche tras escuchar a esa periodista en el programa, me di cuenta que era inútil. Que no es una cuestión de contraponer criterios y definir lo más claramente posible argumentos técnicos. La decisión ya está tomada, haya las cifras epidemiológicas que haya. Solo se ha estado mareando la perdiz, durante estos últimos meses. Y esto explica las posturas institucionales que vimos en mayo y junio, durante el proceso, presionando para avanzar de fase hacia el desconfinamiento, independientemente de la situación sanitaria y de las capacidades instaladas para controlar la pandemia. En resumen, me di cuenta que de nuevo, como ya ocurrió en 1997 (durante la crisis epidémica invernal por la meningitis C¹), y en la última quincena de marzo de este año con la estrategia seguida en las residencias de personas mayores y discapacitadas de dramáticas consecuencias, el Gobierno de la Comunidad de Madrid estaba haciendo Necropolítica. ¿Cómo? ¿Pero qué es eso?

El concepto de Necropolitica fue enunciado por el filósofo camerunés Achille Mbembe para referirse al uso del poder social y político para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo algunas deben morir². La Necropolítica va más allá del “derecho a matar” (el “hacer morir y dejar vivir”) del soberano, pero también del ejercicio biopolítico del ‘hacer vivir y dejar morir’, descritos ambos por Foucault. Incluye el derecho a exponer a otras personas (incluidos los propios ciudadanos de un país) a la muerte. Como dice la enfermera y activista catalana, Clara Valverde, “es la política basada en la idea de que para el poder unas vidas tienen valor y otras no. No es tanto matar a los que no sirven al poder sino dejarles morir, crear políticas en las que se van muriendo”³.

Sin embargo, el concepto fue más bien pensado para describir aquella política que deja morir a los excluidos que no son rentables para el poder, ni para implementar sus políticas. Los “muertos vivientes” de la esclavitud, el apartheid, los pueblos colonizados o los inmigrantes sin papeles. En este caso que nos ocupa y preocupa, la Necropolitica se estaría aplicando a toda la población, integrados y excluidos, activos y pasivos, de diferentes clases sociales y condiciones. En todo caso, se podría aplicar el concepto de Necropolitica a la valoración utilitarista que se hizo, al parecer, en esa terrible última quincena de marzo, con las personas mayores, discapacitadas frágiles e improductivas, seleccionando las que merecían ser atendidos sanitariamente o al contrario, dejadas morir. Pero tal vez ahora en octubre, más que hablar de Necropolítica, deberíamos usar simplemente el término de suicidio colectivo para describir el rumbo tomado por el Gobierno regional. No lo creo así, pues aunque las “no medidas” afectan a todos, lo hacen con un impacto muy diferencial.

Y no solamente porque esta enfermedad de la Covid-19, realmente son dos enfermedades diferentes si atendemos a su gravedad y pronostico distinto entre los más jóvenes y los más mayores. Es decir, produce mucho más víctimas entre los improductivos octogenarios, que entre los treintañeros laboralmente activos y explotables.

Pero la principal razón de este impacto diferencial está en otra categoría que se entrecruza con la edad: la clase social. Una de las pocas cosas que ha dejado clara esta pandemia es que, a pesar de que todas las clases sociales tienen víctimas del coronavirus, éste afecta más a las clases populares. Tanto por su mayor exposición al contagio vírico (basta con ver los porcentajes de teletrabajo según rangos de ingresos, o la distribución de la precariedad laboral o mala calidad de la vivienda, según territorios de la Comunidad de Madrid, que se corresponden milimétricamente con los territorios de mayor incidencia por Covid-19), como por la mayor vulnerabilidad social y biológica de estas clases sociales ante la gravedad o la letalidad de la infección. La prevalencia de obesidad, diabetes, broncopatías crónicas, hipertensión arterial, ciertos cánceres y otras enfermedades crónicas, es más prevalente entre las clases trabajadoras, lo que significa que si enferman, tienen más probabilidad de requerir ingreso hospitalario por su gravedad y morir.

Hay algunos científicos, como Richard Horton, el editor de The Lancet, que consideran que más que estar ante una pandemia, estamos ante una sindemia⁴, es decir la acción conjugada de una infección vírica y de las enfermedades crónicas con claro gradiente social. Por ello, la pandemia amenaza especialmente a las clases populares. Abordar a la Covid-19 como una sindemia facilita una visión más amplia que incluye atender las necesidades de educación, empleo, vivienda alimentación y medioambiente, que no suelen considerarse cuando se adopta el concepto de pandemia y las clásicas medidas epidemiológicas de protección.

Por ello, cualquier estrategia necropolítica de dejar morir, tendría más consecuencias en las clases populares que viven en “el Sur” geográfico o metafórico de la desigualdad. No basta con enseñar mapas que ilustran como algunos territorios prósperos del norte y centro de Madrid, como el mítico barrio de Salamanca, ya tiene incidencias por encima de los 700 u 800 casos por 100.000 (es decir, que no es un problema, limitado al sur pseudo-confinado y estigmatizado). Distritos de este “norte” socioeconómico, donde por otra parte están los caladeros de voto de los partidos en el Gobierno.

Da lo mismo. La decisión está tomada. Y se basa en que los sacrificados al altar de la economía madrileña, en términos de sufrimiento, discapacidad, muerte y duelo, no estarán distribuidos al azar. Tampoco los que se cuentan en términos de desempleo, ruina y desamparo económico. El Sur pondrá más víctimas en esta macabra ecuación. Por ello, si algunos que sostienen a este Gobierno regional, quieren hacer agitación política poniendo banderitas españolas representando a los muertos de esta pandemia en los parques y rotondas de la Comunidad de Madrid, como hemos visto estos días, sería más coherente y preciso que las colocaran en las escasas zonas verdes de los barrios al sur de la M-30.

Además, el cálculo necropolitico está hecho sobre la base de que ni siquiera los madrileños y madrileñas que les votaron serán conscientes de este sacrificio, pues al final consiguen emborronar los datos, poner en tela de juicio el saber experto y los propios órganos institucionales de coordinación técnica del Consejo Interterritorial de Salud (ponencias de alertas y de vigilancia epidemiológica, entre otras). Se pone al mismo nivel las opiniones de tertulianos legos de las “guardias de corps” mediáticas que los análisis fundamentados de epidemiólogos prestigiosos, sobre los que se acaba de lanzar sospechas de intereses de parte para desautorizarles. Se vibra más con las groserías de trolls twiteros o con las fake news lanzadas por activistas de los grupos endogámicos de Whatsapp, que con las aburridas noticias en las que el periodista se ha esforzado en contrastar fuentes y datos.

En esta guirigay mediático, uno y una no sabe ya a qué atenderse. Solo cabe cabrearse y salir con el: “Todos son iguales”, desconfiando hasta de la existencia de la pandemia y del sentido de las medidas de protección (tal como consiguieron personajes como Trump y Bolsonaro, que parecen contar con la admiración de algunos de nuestros gobernantes regionales). Al final se piensa "a ver si va a ser verdad lo que sugiere Ayuso": que “esto del coronavirus no es para tanto” (contribuyendo a engordar las huestes negacionistas) y que “la tienen tomada con Madrid”.

“Cerrar los negocios es la muerte”. Pero la muerte, la de verdad, viene por otro lado, como pudimos comprobar a finales de marzo. Y no afectara a todos por igual. Cuando tengamos una estadística de los que entonces se dejaron morir por clases sociales y territorios, esto quedara más claro.

Ahora, y contradiciendo a la periodista antes aludida, no es cierto que estemos ante el dilema entre morir por el virus o morir de hambre. Para eso están las políticas sociales y laborales. Y los fondos liberados (aunque no estén llegando con la celeridad necesaria), tanto por el Gobierno de España, como por la Unión Europea, para afrontar la pandemia protegiendo a los más vulnerables y necesitados. El dilema entre economía y salud es un falso dilema. Es cierto que cualquier medida de limitación de actividad laboral, comercial, cultural o de ocio, tendrá un coste en términos de empleo. Pero también que la inacción de estos meses en la Comunidad de Madrid va a pasar una gran factura a la económica madrileña, y nos puede abocar a un confinamiento más radical, que todavía estamos a tiempo de evitar.

No nos dejemos engañar, el dilema no es entre la salud y la ruina económica. No tiene por qué serlo. El dilema no es de orden contable, sino ético. La cuestión, como dice el título del libro de mi tocayo y colega Javier Padilla, es: ¿A quién vamos a dejar morir? Y en este juego necropolítico, no todos tienen las mismas papeletas.

2 Achille Mbembe. “Necropolitica”. Melusina, Barcelona, 2011

3 Entrevista a Clara Valverde sobre "De la necropolítica neoliberal a la empatía radical". Rebelión, Noviembre 2015. https://rebelion.org/la-necropolitica-es-la-politica-basada-en-la-idea-de-que-para-el-poder-unas-vidas-tienen-valor-y-otras-no/